El Gobierno y la Junta de Control Fiscal aprobaron el Plan Fiscal requerido por PROMESA e invocaron la protección de quiebra sin que definieran lo que son servicios públicos esenciales, para los cuales dicha ley federal exige que se aseguren los fondos necesarios. De hecho, lo que está ocurriendo, es que por sus acciones, el gobernador y la Junta han determinado que los servicios educativos que ofrece la Universidad de Puerto Rico (UPR) no son esenciales.
La UPR tiene un rol único en el desarrollo económico y social de nuestro País. Su importancia no tiene ningún paralelo con otras universidades públicas en Estados Unidos. Más del 55% de los estudiantes de la UPR proviene de escuelas públicas, la mayoría de los que son admitidos proviene de familias con ingresos anuales de $30,000 o menos y, cerca del 60% de los estudiantes recibe la beca federal Pell para pagar sus estudios.
La economía de Puerto Rico es una economía en desarrollo que en estos momentos atraviesa su crisis más profunda. El ingreso familiar es menos de la mitad que el promedio en Estados Unidos, lo cual significa que el ingreso que las familias puertorriqueñas tienen disponible para financiar el costo de una educación universitaria, es mucho menor que el de las familias en Estados Unidos.
A esta realidad económica hay que añadirle que nuestro principal recurso económico es nuestra gente y es, solamente, a través de la educación que podemos aspirar a desarrollar nuestra economía. Así ha sido en el pasado y lo será en el futuro.
A diferencia de otras jurisdicciones en Estados Unidos, la mayoría de nuestros profesionales estudió en la Isla y se graduó de la UPR. Por el rol que juega la UPR en nuestra vida colectiva, su sistema de financiamiento se ha diseñado de forma tal que toda la sociedad puertorriqueña aporte. Y aunque ha tenido que hacer ajustes económicos en los últimos años, la UPR tiene todavía la capacidad para pagar por los bonos que ha emitido y es claro que no es responsable de la crisis financiera del Gobierno.
La falta de una definición sobre lo que son servicios esenciales ha permitido que se propongan recortes a la subvención gubernamental de la UPR que atentan contra su existencia. Estos recortes no solo afectarán los servicios educativos insustituibles que ofrece la UPR, sino su capacidad de repago a sus acreedores y bonistas. El plan fiscal va a crearle a la UPR una crisis financiera que hoy no tiene.
El profesor Roberto Alejandro, líder estudiantil de la huelga de 1981, ha recomendado que las autoridades universitarias reclamen, en el marco del caso federal de la quiebra de Puerto Rico, que se declaren como esenciales los servicios públicos educativos que ofrece la UPR. Esa recomendación provocó que la escritora María Zamparelli me propusiera iniciar un movimiento en internet y redes sociales, para, a través deuna petición, reclamarle al gobernador Ricardo Rosselló y a la Junta que enmienden el plan fiscal para que se reconozcan como tal los servicios que provee la UPR y que, en consecuencia, se eliminen los recortes propuestos, que ya alcanzan los $512 millones.
La petición, que se puede acceder y firmar en la página www.UPResencial.com, expresa, que si el gobernador y la Junta no actúan, entonces la jueza Laura Taylor Swain, que preside el proceso bajo el Título III de quiebra, concluya que el Plan Fiscal no cumple con la ley porque no define lo que son servicios esenciales y lo invalide. Esto abre una puerta nueva para que se declare que la UPR es esencial para Puerto Rico y le pondría un freno a los recortes inauditos que ha propuesto la Junta de Control.
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Publicada por El Nuevo Día digital el 15 de mayo de 2017