Reformas estructurales y de procesos presupuestarios

En una columna anterior abundé sobre algunas de las reformas democráticas que son urgentes para reencausar el futuro de Puerto Rico.  La crisis que vivimos no la creó la Junta de Control Fiscal ni la ley Promesa: la crisis la agravaron Promesa y la Junta.  El día que logremos sacar a la Junta debemos estar listos para impulsar y poner en vigor unas reformas fiscales y presupuestarias que eviten que volvamos a caer en el hoyo donde estamos.  Aquí algunas sugerencias que complementen las reformas democráticas sobre las que he hablado antes: 

1. Las normas constitucionales sobre presupuestos balanceados y margen prestatario tienen que tener mecanismos que permitan ponerse en vigor.   Las normas sobre estos temas que contiene nuestra Constitución nunca se han podido poner en vigor de forma efectiva. Es necesario legislar mecanismos que le impidan al gobernador y a la legislatura aprobar y poner en vigor presupuestos deficitarios o exceder el tope del margen prestatario.  

2. Prohibir que se legisle sin identificar fuentes de financiamiento.  Una de las prácticas que nos llevó a esta crisis fue legislar para crear programas e iniciativas sin saber de dónde saldría el dinero para ponerlos en vigor.  Para mí, la más dramática fue la creación de la tarjeta de salud por el gobernador Pedro Rosselló, que nunca ha tenido financiamiento adecuado.  A la inversa pasa con alivios contributivos, que se legislan, sin ordenar los recortes presupuestarios correspondientes.  Esto tiene que prohibirse.  Se tienen que establecer normas que requieren que cualquier medida que aumente el gasto público o reduzca los ingresos, tiene que estar acompañada de un recorte específico en el gasto público o una medida que aumente los recaudos por una cantidad similar. 

3. Prohibir el financiamiento a largo plazo para cubrir gastos operacionales. Si el presupuesto tiene que estar balanceado, tomar prestado para gastos operacionales tiene que estar prohibido.

4. Limitar el crecimiento de la deuda pública al crecimiento del Producto Nacional Bruto.  Es un contrasentido que en momentos de decreciendo o de crecimientos económicos mínimos, se aumente el servicio a la deuda de forma desproporcional.  Se debe establecer una correlación entre cuánto puede crecer la deuda pública de año en año y el crecimiento de la economía.

5. Enmendar la disposición constitucional que exige el pago de la deuda por encima de los servicios esenciales.  La norma actual de prelación de pagos debe revisarse para establecer un balance entre el pago del servicio de la deuda y la continuación de los servicios esenciales.  La presente crisis nos evidenció que esta cláusula constitucional no hay forma de ponerla en vigor.

6. Revisar la estructura jurídica y financiera de las corporaciones públicas para limitar su capacidad de incurrir en deuda.  Muy poca gente sabe que la inmensa mayoría de la deuda pública que nos llevó a la quiebra se emitió, legalmente, pero sin autorización legislativa.  Esto es así, porque las corporaciones públicas actúan de forma independiente y no tienen un límite en su margen prestatario como el gobierno central.  Eso hay que revisarlo. 

7. Facilitar la revisión judicial para el fiel cumplimiento de las normas presupuestarias y fiscales.   Una de las mayores tragedias que nos ha traído la presente crisis, es que la jueza Laura Taylor Swain está interpretando nuestra Constitución sin que el Tribunal Supremo de Puerto Rico jamás haya interpretado las disposiciones relativas a presupuesto, margen prestatario y prelación de pagos.  En Puerto Rico es casi imposible llegar al tribunal para exigir que se respeten esas normas constitucionales.  Para prevenir la repetición de esta crisis, se deben revisar las normas para, con unas limitaciones adecuadas, facilitar la revisión judicial cuando se estén violando algunas de estas disposiciones.

La letra de nuestra constitución está llena de lagunas e imprecisiones que, acompañadas de la experiencia vivida y la intromisión de la Junta, hacen impostergable su revisión para prepararnos para la era post Promesa.

Vetos secretos y antidemocráticos

El titular de primera plana de este periódico, “Junta Fiscal anula $40 millones de Rosselló”, no lo dice todo.  La Junta no anuló esas asignaciones, sino que vetó 24 leyes que habían sido aprobadas siguiendo los procesos que establece nuestra Constitución, es decir, aprobación por mayoría en la Cámara y el Senado y la firma del gobernador.  Y los dineros no son de Rosselló, son del pueblo de Puerto Rico. 

La verdadera controversia no son los $40 millones ni para qué se iban o se van a usar, lo que es escandaloso es que la Junta vetó 24 leyes secretamente, sin discusión pública, sin que sepamos cómo votó cada miembro de la Junta y sin que ningún organismo gubernamental tenga la potestad de ir por encima de esa acción.

Imaginemos que la legislatura de Puerto Rico pudiese aprobar legislación en reuniones secretas y sin que se registre para el récord qué se discutió entre los legisladores y cómo votó cada cual.  Imaginemos que el gobernador pudiese vetar toda la legislación que se le presente, cuando le diera la gana, sin restricciones de tiempo para actuar y que la legislatura no pudiese hacer nada con esos vetos.  Si algo así ocurriera, el escándalo y le indignación serían inmensos, y con razón.  Pues eso es lo que acaba de hacer la Junta, pero en un país aturdido y vapuleado por tanto golpe a su sentido democrático y a su dignidad, no parece haber reacción, es como si estuviéramos en coma.

Con una carta escueta, de solo cinco párrafos, la directora ejecutiva de la junta,Natalie Jaresko, vetó de un plumazo 24 leyes.  No hay récord público, no sabemos si hubo alguna reunión para discutir dicha acción, ni si el representante de Puerto Rico en esa Junta, Christian Sobrino, fue citado y/o participó.  ¿Se reunieron en persona? ¿Por teléfono?  ¿Hicieron un referéndum por WhatsApp? ¿Lo discutieron por correo electrónico? No sabemos si hay un informe o algún tipo de análisis, si hay minutas, actas o grabaciones del proceso deliberativo que llevó a esa decisión.  No sabemos cómo votó cada uno de los siete miembros de la Junta, ni cómo fue el proceso de votación, es decir, si fueron votando medida por medida (como se hace en todo proceso de aprobación de leyes) o si fue una decisión de vetarlas en bloque. 

En cualquier sistema democrático, una decisión como esa se tendría que tomar abiertamente y en el récord público.  Y en un verdadero sistema democrático de balance de poderes, tiene que haber un mecanismo para revocar y/o pedir revisión. Pero bajo Promesa nada de eso existe.

A los que todavía se atreven a defender la Junta, me gustaría escucharlos defender sus actuaciones.  El gobernador, Sobrino, la prensa y el país deben exigir que se hagan públicos todos los documentos, grabaciones, minutas, actas, emails, mensajes de texto y de WhatsApp que antecedieron y tienen que ver con esta decisión.  Y si insisten en mantener todo oculto, hay que recurrir al tribunal para exigir acceso y transparencia. 

Evidentemente, luego de que el Tribunal de Apelaciones de Boston declarara inconstitucionales los nombramientos de los miembros de la Junta y les diera 90 días de vida, sus siete miembros han decidido usar de manera aún más burda y obscena los poderes que les quedan.  Pero una cosa es que Promesa permita estas arbitrariedades antidemocráticas y otra es que nosotros, como pueblo, seamos cómplices con nuestro silencio.

La decisión de Torruella: de procónsules a la Constitución

Los miembros de la Junta, en esencia, se parecen más a procónsules romanos escogidos en Roma para poner en vigor la ley romana y supervisar a los líderes territoriales, que, a líderes seleccionados localmente, a los que Roma les permite continuar ejerciendo su autoridad”.  Con esa oración contundente el juez Juan Torruella describe a la Junta de Control Fiscal y sus poderes. (Traducción mía.)

Tras una primera lectura, es claro que esta decisión del Tribunal de Apelaciones de Boston tendrá profundas repercusiones.  En esencia, derrota dos argumentos que han esbozado los que defienden a boca de jarra los poderes plenarios del Congreso sobre Puerto Rico y la necesidad de “aceptar” a la Junta, porque sin ella nos quedamos sin poder reestructurar la deuda y nos van a embargar todo lo que tenemos para pagarles a los bonistas la totalidad de la deuda.

La decisión dice, claramente, que por más plenarios que sean los poderes, el Congreso y el presidente de Estados Unidos no pueden tratar a Puerto Rico con total menoscabo a otras cláusulas de la constitución americana.  En específico, el juez sostiene que al nombrar esos “procónsules”, se tiene que cumplir con el mandato constitucional de separación de poderes, que dispone que el presidente nombra y el Senado confirma.  Esta opinión constituye el primer freno en muchos años al ejercicio de esos poderes plenarios sobre Puerto Rico, y como freno al fin, es una victoria para Puerto Rico.  

Además, esta opinión abre la puerta a otras impugnaciones a los poderes del Congreso sobre Puerto Rico.  Si aplica la separación de poderes y la cláusula de nombramientos a estos nombramientos, ¿no debería el Congreso estar limitado también de otorgarle poderes a esa Junta, y obligado a respetar tales principios democráticos de separación de poderes?  La Junta actual de Promesa tiene poderes ejecutivos y legislativos a la misma vez, sin ningún balance ni contrapeso.  He sostenido que los poderes plenarios no pueden extenderse para darle al Congreso el poder de, al “administrar” su territorio, se niegue la existencia misma de un sistema de separación de poderes.  Por eso digo que la Junta tiene poderes, claramente, inconstitucionales sobre Puerto Rico.  Esta decisión judicial permite ahora esa discusión a un nivel más profundo.

La decisión también tira al zafacón las campañas de miedo de los que nos decían que, si se caía la Junta, se caía toda la ley y nos quedábamos sin la protección de una posible reestructuración.  Los nombramientos de la Junta son inconstitucionales, pero la reestructuración sigue vigente. 

¿Y ahora qué?  Una victoria que limite los poderes del Congreso para hacer lo que le de la gana, es eso, una victoria y sus frutos futuros estarán por verse.  En lo que se refiere a la situación presente, es seguro que el gobierno federal y la Junta acudirán al Tribunal Supremo de Estados Unidos para continuar en su empeño de hacer con Puerto Rico lo que les dé la gana.  Eso, con toda probabilidad, paralizará los efectos de esta decisión hasta que el Tribunal Supremo decida.  Y si ese Tribunal valida la postura de Boston, comenzará un nuevo proceso mediante el cual el presidente y el Senado tendrán que ponerse de acuerdo sobre quienes serán los próximos miembros de la Junta.  Vendrán ahora las campañas de miedo sobre quienes serán los nuevos procónsules nominados por Trump y confirmados por su Senado republicano. Yo digo, bienvenida esa discusión, que descarguen su responsabilidad y sean juzgados.  

Pero en este nuevo proceso que se abre hoy, el tema de Puerto Rico y Promesa vuelve con fuerza a los pasillos del Congreso de Estados Unidos.  Luego de esta decisión, los demócratas,  que fueron clave en aprobar Promesa, tienen que descargar desde la Cámara de Representantes que dominan, su responsabilidad de impulsar un verdadero proceso de reformar esta ley y su Junta de procónsules.

Reformas democráticas urgentes

La crisis democrática creada por los poderes que tiene la Junta de Control Fiscal dramatiza dos deficiencias de nuestra realidad política: la relación colonial de Puerto Rico y las deficiencias intrínsecas en nuestro modelo democrático de gobernanza. Bajo la bota de la Junta, estamos en una especie de suspensión extra-constitucional de nuestros poderes democráticos limitados de autogobierno. Pero mientras luchamos para que este periodo pase los más pronto posible, hay que adelantar una agenda de cambio constitucional y democrático que permita superar y evitar los errores del pasado, y que a la vez transforme nuestra relación política y económica con Estados Unidos. Y hay que hacerlo independientemente de la decisión final que se tome sobre nuestro status político.

Desde 1952, no ha ocurrido ningún cambio significativo en nuestro modelo democrático, salvo la papeleta separada para elegir los alcaldes y los legisladores. En mi libro recién publicado sobre la teoría y la práctica de separación de poderes, hago las siguientes recomendaciones de reformas democráticas, con la intención de generar una discusión cabal:

1. Separar la elección de los legisladores de la elección del gobernador y los alcaldes. Ese cambio liberaría a los legisladores de la dependencia política de su candidato a gobernador y alcalde; y establecería una vinculación más estrecha entre el elector y su legislador. La mayoría sabe quién es su alcalde, pero no quién es su legislador. Este cambio daría mayor poder a los electores, y permitiría una mayor independencia de criterio para escoger legisladores. Propongo que la elección del gobernador y los alcaldes se continúe haciendo como ahora y que la elección de los legisladores se haga en la misma fecha que la elección de medio término del Congreso, por términos de cuatro años.

2. Reformar el método para elegir legisladores por acumulación. Si la gente no sabe quién es su legislador de distrito, mucho menos sabe por quién votó como legislador por acumulación. El proceso actual diluye el voto y le da demasiado poder a los partidos, que son los que deciden qué candidato “acumula” votos en los distintos precintos electorales.

3. Facilitar las candidaturas a los puestos electivos bajo más de una insignia, así como las alianzas y coaliciones entre partidos. Esto permitiría que se generen más movimientos o partidos políticos, que pueden postular sus candidatos para algunas posiciones y respaldar los de otros partidos para otras posiciones. Esto está prohibido por la ley electoral vigente, y yo sostengo que es inconstitucional.

4. Establecer una segunda ronda para la elección del gobernador y los alcaldes. Estamos viviendo la experiencia de tener un gobernador que obtuvo solo el 42 por ciento del voto. La segunda ronda garantizaría que la persona electa tenga un verdadero mandato para dirigir. Además, facilitaría la creación y participación de partidos pequeños, que influirían la segunda ronda.

5. Crear el puesto de vicegobernador por elección. Aunque nunca ha sucedido, Puerto Rico entraría en una crisis democrática si un gobernador no puede completar su término, y un funcionario no electo asumiera el cargo.

6. Revisar las normas sobre el poder irrestricto del gobernador para despedir funcionarios. La experiencia nos dice que hay que limitar este poder para despedir libremente a los miembros de organismos y juntas directivas, que por su naturaleza deberían gozar de verdadera autonomía (como la Universidad de Puerto Rico, el Instituto de Estadísticas y corporaciones públicas).

Presento estas ideas para abrir la discusión de estas y otras propuestas. Además, hay que pensar en reformas fiscales que eviten que se repita la crisis de deuda que nos llevó a donde estamos. Salir de la Junta de Supervisión Fiscal no puede ser la meta final, sino el paso necesario para unas reformas que son indispensables.

Trump y el futuro de los Estados Unidos

Con limitadas excepciones, como, por ejemplo, las elecciones del 2002 luego del ataque terrorista de septiembre 11 el año anterior, las elecciones de medio término conllevan pérdidas congresionales sustanciales para el presidente de Estados Unidos y para el partido en el poder.  Le pasó a Bill Clinton en 1994 y a Barack Obama en 2010.  Con el historial de insultos, divisiones, investigaciones de un fiscal independiente y el récord de mentiras de Trump, lo natural era que el pueblo estadounidense lo repudiara masivamente con su voto, pero n o fue así.

Es cierto que lo demócratas ganaron la Cámara, lo que pone un freno a la agenda del Trump y abre el frente a investigaciones del Congreso contra él y su administración, pero esta victoria de los demócratas ni remotamente se puede describir como una ola.  No fue una victoria fuera de lo normal en los ciclos electorales de EE.UU.  Veamos unas comparables:  en 1994 Clinton perdió 54 escaños, en 2010 Obama perdió 63 escaños y, este martes se proyecta que Trump habrá perdido entre 27 y 32 escaños.  Con todo y sus escándalos, discurso racista y su agenda de división, a Trump le fue mejor que a Clinton y Obama.  Y les recuerdo que esos dos presidentes, luego de las elecciones de medio término, fueron reelectos.  En esta elección, los republicanos de Trump ampliaron su ventaja en Senado, con 3 o 4 asientos adicionales y con ese respaldo, Trump se sintió que estaba en posición de despedir a su secretario de Justicia, con la intención clara de nombrar a alguien que le responda al 100%.

No soy historiador ni aspiro a serlo, pero en mi programa de radio he sostenido que la elección de Trump es la primera señal del inicio del fin del imperio americano.  Todos los imperios terminan y es algo que no ocurre de un día para otro, sino que comienzan a manifestarse unos síntomas de deterioro de la sociedad y su clase política, hasta que llega el momento en que pierden su liderato y su influencia en el mundo.  Que Trump sea presidente y siga teniendo fuerza electoral, pueden ser un primer síntoma.

Estados Unidos sigue siendo la principal economía del Mundo y también el país de mayor poderío militar, pero con Trump han dejado de ser el líder de la democracia y moral política global. De hecho, comienzan a convertirse en el hazme reír de la comunidad internacional. Millones de ciudadanos estadounidenses se miran al espejo de Trump y se ven reflejados sin que les cause vergüenza. Se sienten orgullosos y con poder. Su ‘make America great again”, claramente, lo que significa es ‘make America white again’.  Reconciliar esa sociedad dividida en los temas que van a la esencia de lo han aspirado siempre a ser como nación, es un reto gigante en Tiempos de Trump.

Para Puerto Rico, el triunfo demócrata puede servir a corto plazo como una máscara temporera de oxígeno.  Quizás más fondos federales y la oportunidad de poner cierto contrapeso a la Junta de Control Fiscal, pero lo que está pasando con Trump nos exige a todos los puertorriqueños reflexionar, independientemente de nuestras afiliaciones e ideologíaspolíticas.

Triple rechazo: Trump, Rosselló y estadidad

La estrategia del gobernador Ricardo Rosselló de presionar a favor de la estadidad usando los resultados del plebiscito ampliamente boicoteado de 2017 nunca logró despegar.  Y la nueva estrategia de usar la incapacidad de su gobierno y del gobierno federal al manejar la crisis de María para justificar su reclamo de estadidad le está rebotando en la cara.  La bofetada pública más reciente se la ha dado el propio presidente Trump.

El Rosselló post María ha oscilado entre aplaudir a Trump en sus ejecutorias para con Puerto Rico y excusarlo de su insensibilidad echándole la culpa a la colonia.  Como parte de esa estrategia política -usando el dolor de nuestra gente y el maltrato del gobierno federal- Rosselló le envió una carta a Trump la semana pasada pidiéndole que respaldara la estadidad como la solución a todos nuestros problemas.  Trump le contestó por la radio y le hizo saber su oposición firme en contra de la estadidad. 

En un claro ejemplo del desconocimiento que tiene Trump sobre la realidad política de Puerto Rico, el presidente justificó su oposición a esta opción con Carmen Yulín Cruz.  ¡Obviamente, el presidente no sabe que la alcaldesa de San Juan es una opositora férrea a la estadidad! Así de eficiente ha sido el trabajo político de Rosselló y de su gente en la capital federal.

Pero el presidente no se quedó ahí.  En respuesta directa a las reclamaciones de Rosselló, Trump repitió su diatriba de que el gobierno de Puerto Rico lo está haciendo responsable a él por el colapso del sistema eléctrico y le está pidiendo que el gobierno federal pague por construir un nuevo sistema eléctrico que estaba destruido antes de María.  Y para añadir sal a la herida, Trump negó, nuevamente, la cifra de los 3,000 muertos a causa de María, implicando que el gobierno de Rosselló no puede explicar cómo llegó a ese número.  

Las expresiones de Trump en contra de la estadidad hay que verlas en el contexto de lo que está pasando con el proyecto de territorio incorporado de la comisionada residente Jenniffer González.  Ya el final de este Congreso está a la vuelta de la esquina y ese proyecto ni siquiera ha tenido una vista pública.  El plan Tennesí y la llamada Comisión de la Igualdad no han tenido ningún efecto en Washington.  

En gran medida, el fracaso de esta nueva ronda pro-estadidad estaba predeterminado.  Muy pocos en Washington DC se creyeron el cuento de que la estadidad había ganado con 97% de los votos.  Insistir en que se tenía un mandato a favor de la estadidad, con un plebiscito que no consiguió la aprobación que pidieron del Departamento de Justicia federal y con el 77% del país boicoteándolo, fue un acto de arrogancia y de falta de sanidad política.  

Esa representación falsa sobre el apoyo a la estadidad recibirá otra bofetada cuando allá se conozca que el periódico The Washington Post realizó una encuesta este verano en la isla que reflejó que solo un 48% de los puertorriqueños favorece la estadidad.  De 97% “a favor” de la estadidad a 48% en tan solo un año en la misma encuesta en la cual Trump y Rosselló se colgaron en el manejo de la crisis post María.  En esa encuesta, solo el 15% de los puertorriqueños le dio buena nota a Trump y 31% le dio buena nota a Rosselló. 

Hoy, los puertorriqueños rechazamos claramente a los tres: a Trump, a Rosselló y a la estadidad.

Operación limpieza profunda en el PPD

Al conmemorarse los 80 años de la fundación del Partido Popular Democráticohace algunas semanas, les dije que “hay más populares que partido”. Desde hace ya demasiado tiempo, muchos de esos populares se me acercan frustrados con el partido, algunos con coraje y otros lamentándose de lo que ha pasado.  Esa frustración, ese coraje, esos lamentos se han intensificado en los últimos días después de la falta de acción de la junta de gobierno del partido.  La mayoría no quiere saber más del PPD.  Aunque entiendo y en mucho sentido comparto esa frustración, lo que me dicen me ha obligado a hacer una reflexión profunda.  

Hoy, aunque sé que el desencanto con los partidos afecta a muchos puertorriqueños, quiero pedirles a todos los que me escuchan que me permitan dirigirme, principalmente, a los populares y a aquellos que ya dejaron de serlo, o que en el pasado le prestaron su voto al Partido Popular.

Es claro que el país está ante una gran encrucijada que amenaza no solo nuestra economía, sino nuestra democracia y nuestro valor como puertorriqueños.  Es claro también que el Partido Popular no se ve, y no actúa, a la altura de los retos. Sin embargo, nuestro partido, que se creó para impulsar el gobierno propio, la justicia social, el desarrollo de una clase media trabajadora y la defensa de todo lo puertorriqueño, es hoy más necesario que nunca.  Nos toca a los populares arreglarlo y ponerlo una vez más al servicio de todos los puertorriqueños.  Así como nos tocó a cada uno de nosotros arreglar y reconstruir lo que María destruyó en nuestras casas y vecindarios, así nos toca a los populares arreglar y reconstruir al Partido Popular.  Yo no me voy a quitar y le digo a todos esos populares que se me acercan frustrados, no se quiten.  

Ante el silencio del liderato actual del PPD, llegó el momento de poner las palabras en acción.  El Partido Popular por muchos años era esa casa grande, de sólidos cimientos, de techos altos, a la que le entraba mucha luz y mucha ventilación.  Pero ustedes saben lo que pasa en una casa cuando no se limpia y no se le cuida.  Se comienza a llenar de sucio, de mugre, de hongos y con el tiempo y el descuido, llega el momento que hasta se hace difícil ver los cimientos y la estructura de lo que fue una casa sólida.  Eso es lo que le ha pasado a nuestro partido.

Lo primero que hay que hacer es una limpieza profunda.  No se puede pintar si no se ha pasado una manguera de presión para sacar la mugre y el hongo.  Los populares tenemos que estar con las botas puestas, listos para entrar al partido cuando nos abran las puertas.  Si para el fin de este año 2018 se define un proceso amplio y abierto para escoger la nueva junta, pues debemos salir todos a escoger los líderes que pueden representarnos con dignidad y poner al partido y a Puerto Rico por encima de losintereses y necesidades personales.  Si se mantiene el proceso cerrado a los votos que ellos controlan, para no dejar que limpiemos la casa, pues tendremos -en su momento- que usar el instrumento que nos da la ley electoral y obligar a los que hoy ostentan posiciones de dirección a someterse a la voluntad de todos sus miembros en un proceso de primarias.  Mi consejo a la junta actual es que abra las puertas de par en par y se someta al pueblo popular desde ahora.

A ti popular, mi llamado es a que eleves tu voz y uses tu voto en cada oportunidad.  Convoco a los populares de la base, a los que se nos fueron del partido, a los no populares que quieren tener una opción a considerar para el futuro y, especialmente, a los jóvenes, esa nueva generación que ya en las elecciones pasada comenzó a decirnos que ese sucio y esa mugre no le atraía, a todos los convoco a la Operación Limpieza Profunda.  Esto lo vamos a hacer nosotros los populares y los que, aunque no se sienten hoy populares, quieren abrirse caminos de esperanza.  

¿Cómo lo vamos a hacer?  Pues paso a paso.  

Primero, si piensas cómo yo, exprésate.  Hazme llegar tu opinión y tu sentir por todos los medios posibles.  Dime lo que estás dispuesto y dispuesta a hacer, con quién crees que hay que reunirse para hablar y dialogar, y a dónde hay que ir.

Segundo, llegó la hora de que tú le exijas a los que ostentan posiciones electivas y directivas dentro del partido que te digan, públicamente, en dónde están parados.  Nada de silencios cómplices.  Nada de estar velando güira.  Eso se tiene que acabar.  Y al líder que no responda a tus reclamos, no importa en la posición que esté, y cuánto agradecimiento le puedas tener por lo que hizo en el pasado, le tienes que decir que se tiene que echar a un lado o la manguera de presión se lo va a llevar.  Nada de puntos medios.  Nada de zonas grises.  Aquí es mejor cortar por lo sano que dejar un poco de hongo creciendo.

Tercero, a los que estén dispuestos a agarrar la manguera de presión para limpiar al PPD, que se hagan disponibles para asumir las posiciones que sean necesarias.  A nivel local, a nivel regional y nacional.  Como voluntario, como soldado de fila y/o asumiendo puestos de liderato.

Antes de terminar, tres importantes observaciones y aclaraciones:

1. Te dirán que esto va a dividir al partido.  A esos dile que este camino es el único que puede salvar a este partido.  El Partido Popular ha podido vivir y servirle al país a pesar de las diferencias entre sus líderes.  Lo que no puede sobrevivir es la falta de principios y el compromiso con el servicio al país por encima de todo. Estar unidos, sin propósito, sin visión y rodeados de mugre, es terminar siendo mugre.  La limpieza es el primer paso para la unidad y la victoria.

2. Te van a decir que esto es sobre candidaturas.  No se trata de eso.  Se trata de la búsqueda de un nuevo equipo, de abrirle las puertas a los populares que se sienten que no los escuchan, de dejar que entre el aire de otras ideas y de otras personas que se sienten desvinculados de este partido.  Se trata de crear los espacios para que los jóvenes y las nuevas generaciones se sientas bienvenidos y con poder.  Se trata de botar lo que no sirve y traer cosas nuevas.  Las candidaturas vendrán luego.  Pero si nos empeñamos en escoger los candidatos a base de lo que tenemos hoy, en medio de la oscuridad, tú y yo sabemos lo que va a pasar.  

3. Te van a decir que porque pasé por un proceso de una acusación federal, no puedo ser instrumento para este cambio.  Dos reflexiones sobre esto.  Tú viste como enfrenté esas acusaciones, de frente.  Tú las seguiste de cerca y en tú corazón supiste y entendiste que eran infundadas y motivadas políticamente.  Por eso un jurado, después de una investigación de dos años y millones de dólares gastados por la fiscalía federal, y sin que mis abogados tuvieran que presentar ni un solo testigo, ni un papel de evidencia, concluyeron que yo era inocente.  En esencia, salí airoso de ese proceso porque no había ni un solo contrato otorgado ilegalmente, ni un solo buscón beneficiado.  Salí bien de ese proceso, precisamente, porque a mi lado no había ninguno de esos buscones que últimamente han hecho nido en el partido.

Y si hoy, nueve años después de ese histórico veredicto, algún líder del PPD se arrepiente de haberme respaldado, o lo hizo por conveniencia, pues que tenga la valentía de decírselo a ustedes de frente.

Sé que lo que te estoy proponiendo no es fácil, ni el calendario es a corto plazo.  Es muy posible que nos enfrentemos a una carrera de larga distancia y con obstáculos.  Pero hay que iniciar la carrera.  Si en el camino nos cortan el agua para que la manguera se quede sin presión, o no dejan que entremos a la casa para limpiar las paredes, pisos y techos por dentro, insistiremos.  Y si llegado el momento, juntos descubrimos que la casa está herméticamente sellada por el sucio y la mugre, pues habrá llegado el momento de comenzar a construir la zapata de una nueva casa.

Para finalizar estas palabras, quiero decirles algo a esos líderes del otro partido que están haciendo fiesta.  El Partido Popular se arregla con una manguera de presión.  El PNP necesita que le caigan a marronazos.  El hongo ya se comió las varillas del partido que fundó don Luis Ferré. Lo primero que deben hacer, si quieren tener un futuro de honestidad, es que tienen que empezar por dejar libres a todos esos puertorriqueños a quienes le vendieron la estadidad jíbara, en español, y en la que se iba a celebrar lo que somos los puertorriqueños.  Los que compraron ese cuento, merecen saber que ahora el liderato del PNP impulsa el territorio incorporado. Lo estuvieron negando por 100 años, pero ahora, respaldan un proyecto de ley que encamina un proceso para echarnos cloro por encima y que destruya la esencia de lo que somos, para luego de una larga agonía y desintegración de identidad, ver si lo que queda sirve para ser estado.

Llegó el momento de movernos hacia adelante.  Llegó el momento de la limpieza profunda.

Muchas gracias.

(Declaraciones leídas por el exgobernador en la mañana del 27 de agosto de 2018 en su programa “Sobre la Mesa”, por Radio Isla 1320). 

80 años del Partido Popular

Hoy hay más populares que partido.Esas son las primeras palabras que me vienen a la mente ante el 80 aniversario de la fundación del Partido Popular Democrático. Por eso dirijo mis palabras a los populares, más que al PPD. Algunos se sorprenderán pensando que ambas cosas son lo mismo, pero una cosa es la gente de carne y hueso, que se llaman así mismos “populares” y “los de la pava” y otra cosa es la estructura burocrática y de posiciones que forman el Partido Popular. Los populares son los dueños del partido, pero no son el partido.

Hay que reconocer lo logrado en esos 80 años porque ningún partido político en la historia de Puerto Rico ha durado tanto. Todos los partidos que existían cuando se fundó el PPD ya no existen y ese logro de supervivencia y resistencia les pertenece a todos los populares.

El Partido Popular se fundó con unos ideales claros de justicia social y un convencimiento absoluto de que los puertorriqueños eran los que mejor podían gobernar a Puerto Rico. En 1948, el PPD logra que se elija el primer gobernador puertorriqueño electo por los puertorriqueños. El Estado Libre Asociado llega cuatro años después como resultado de esa agenda. Ese ELA nos dio mayor poder para gobernarnos y el mayor progreso en quinientos años de historia y el surgimiento de una clase media vigorosa.

Al cumplir 80 años esos logros se encuentra semi-destruidos y tristemente en decadencia.

Ante ese escenario y luego de recordar lo alcanzado, lo primero que los populares tenemos que preguntarnos en este momento histórico es: ¿terminó la encomienda del Partido? Admito como popular que la pregunta es dura. No sé la respuesta, pero hay que contestarla. Concluir que terminó la encomienda, no es derrotarse, sino todo lo contrario, es reconocer un deber cumplido. Decidir que la encomienda continúa, sin saber el por qué y para qué, sería engañarnos. Quiero hoy ofrecer unas guías de lo que tiene que contestarse cada popular, para llegar a la respuesta del futuro.

Lo primero es si se entiende que necesitamos una relación económica y política nueva y diferente con los Estados Unidos. Estamos en el peor momento de esa relación y desde el Congreso y los tribunales federales nos la redefinen todos los días sin nuestra participación y avanzando los intereses de otros. Hay quienes postulan que eso no es importante y que la definición ideológica cuesta votos, pero el presente nos ha demostrado que la indefinición es la que cuesta votos. Muchos populares me dicen que ya no saben qué representa el partido y qué significa. La indefinición ha debilitado el sentido de propósito y pertenencia.

Segundo, los populares tenemos que contestar si queremos elaborar una nueva definición de lo que es ser partido de centro. Ese espacio que nuestro partido ocupó por muchos años está vacío. Lamentablemente, los extremos dominan el discurso público.

Tercero, los populares deben aclarar cuál es la relación que quieren con esa junta de control fiscal. Esa junta, salvo que ocurra algo inesperado en los tribunales o en el Congreso, va a estar ahí -quizás- por los próximos 10 años. Claramente, la ambivalencia del gobernador Ricardo Rosselló nos está costando.

Al contestar estas y otras interrogantes, tenemos que borrar de nuestra mente la premisa de que la fuerza está en el consenso. Esa palabra por sí sola no tiene valor positivo ni negativo. La clave es: consenso para qué. Si el consenso es para evitar decidir, para procrastinar, para posponer la toma de posiciones, el consenso se convierte en debilidad.

Si hay respuestas unitarias a estas interrogantes, la encomienda habrá quedado redefinida.

Rosselló against the Oversight Board?

What the Oversight Board did with the budget was to usurp the prerogatives of the governor and the legislature.  Calling his budget “symbolic”, as the governor did while anticipating he will lose in court, is the typical response of the colonized.  His argument is that the Board has plenary powers and that there is nothing to do.  Slavery was legal and that did not justify the lashes and much less argue that there was nothing to do.  

The governor has tried to remedy his mistake by filing a lawsuit against the Oversight Board.  In addition to the arguments of democratic rights and moral and ethical principles that can be built to confront that board, there are also good legal arguments to curb their whims and defend the validly approved and signed budget.

1. The board’s budget was “certified” in violation of the PROMESA law process because it did so before the constitution-ordering process was completed for the approval of our budget, which concludes when the governor signs it. Without having finished the budget process under our laws, the board could not act unilaterally. 

2. PROMESA does not say the Board can reject a validly approved budget just because they want it.  Not repealing Law 80, which is the reason the Board is using to act as it has, has nothing to do with the objectives of PROMESA.  The substantive differences between one and another budget are in public policy and not about budgetary policy. The Board has not even argued the budget the governor signed is not balanced or does not earmark resources for debt payment.  The Board dismissed the democratically-approved budget with arguments that are not valid under PROMESA act itself.

3. The Board action is illegal because it violates the provisions of Law 600 and the Law 447 by which Congress approved the constitution of Puerto Rico.  The governor himself said that he would defend the home rule that he has under our Constitution and it seems to me that it is time for the court to finally decide what the real scope of our Constitution is. 

4. The Board action infringes the principles of separation of powers.  This is the argument that can force the Board to negotiate in good faith for fear of losing its powers.   First, the governor should accept the argument that the Board members occupy illegally their positions because under the Constitution of the United States, appointments are made by the President and confirmed by the Senate and if not done so, they are unconstitutional. That would override all the actions of the Board.  Second, even under the plenary powers, Congress cannot administer a territory without a minimum system of separation of powers, and this Board has been given legislative and executive powers at the same time.

5. Confronting the powers of the Oversight Board, the Supreme Court of the United States can be forced to revoke the nefarious and racist insular cases that are the source of power to discriminate against and abuse Puerto Rico as the Board does.The judicial path would not be easy but doing nothing at this juncture would validate the absurd premise of those who created the Board: that those who do not live in a place will govern it better than those who live in it. Under that premise there is no statehood, no independence, no dignified association possible.

¿Rosselló contra la Junta?

Lo que hizo la Junta de Supervisión Fiscal con el presupuesto fue usurpar prerrogativas del gobernador y la legislatura.  Llamar “simbólico” a su presupuesto, como hizo el gobernador y anticipar que va a perder en el tribunal, es la respuesta típica del colonizado.  Su argumento es que la junta tiene poderes plenarios y que no hay nada que hacer.  La esclavitud era legal y eso no justificaba los latigazos y mucho menos argumentar que no había nada que hacer.   

El gobernador ha tratado de remediar su error presentando una demanda contra la junta.  Además de los planteamientos sobre derechos democráticos y principios morales y éticos que se pueden construir para enfrentar esa junta, hay también buenos argumentos legales para frenar sus caprichos y defender el presupuesto, válidamente, aprobado por la Legislatura y firmado por el gobernador. 

  1. El presupuesto de la junta fue “certificado” en violación a los procesos que establece la ley PROMESA porque lo hizo antes de que se completara el proceso que ordena la Constitución para la aprobación de nuestro presupuesto, que concluye cuando el gobernador lo firma. Sin haber terminado el proceso presupuestario bajo nuestras leyes, la junta no podía actuar unilateralmente.  
  1. PROMESA no dice que la junta puede rechazar un presupuesto válidamente aprobado porque sí.  No derogar la Ley 80, que es la razón de la junta para actuar como lo ha hecho, no tiene nada que ver con los objetivos de PROMESA.  Las diferencias sustantivas entre uno y otro presupuesto son de política pública general y no de política presupuestaria. La junta ni siquiera ha argumentado que el presupuesto que firmó el gobernador está descuadrado, o no destina recursos para el pago de la deuda.  La junta desechó el presupuesto aprobado democráticamente con argumentos que nos son válidos bajo la propia ley PROMESA.
  1. La acción de la junta es ilegal porque viola las disposiciones de la Ley 600 y de la Ley 447 mediante la cuales el Congreso aprobó la Constitución de Puerto Rico.  El propio gobernador dijo que él defendería los poderes de gobierno propio (“home rule”) que tiene bajo nuestra constitución y me parece que ya es tiempo de que el tribunal decida, finalmente, cuál es el verdadero alcance de nuestra Constitución.  
  1. La acción de la junta violenta principios de separación de poderes.   Este es el argumento que puede obligar a la junta a negociar de buena fe por miedo a perder sus poderes.   Primero, el gobernador debería acoger el argumento de que los miembros de la junta ocupan sus puestos ilegalmente porque bajo la constitución de Estado Unidos, los nombramientos los hace el presidente y los confirma el Senado y si no se hace así, son inconstitucionales. Eso invalidaría todas las acciones de la junta.  Segundo, aún bajo los poderes plenarios, el Congreso no puede administrar un territorio sin tener un sistema mínimo de separación de poderes y a esta junta le han dado poderes legislativos y ejecutivos a la misma vez.
  1. Al confrontar los poderes de la junta se puede obligar al Tribunal Supremo de Estados Unidos a revocar los nefastos y racistas casos insulares que son la fuente del poder para discriminar y maltratar a Puerto Rico como lo hace la junta.

El camino judicial no sería fácil pero no hacer nada en esta coyuntura sería validar la premisa absurda de los que crearon esa junta: que los que no viven en un lugar van a gobernarlo mejor que los que viven en él. Bajo esa premisa no hay estadidad, independencia ni asociación digna posible.