“Los miembros de la Junta, en esencia, se parecen más a procónsules romanos escogidos en Roma para poner en vigor la ley romana y supervisar a los líderes territoriales, que, a líderes seleccionados localmente, a los que Roma les permite continuar ejerciendo su autoridad”. Con esa oración contundente el juez Juan Torruella describe a la Junta de Control Fiscal y sus poderes. (Traducción mía.)
Tras una primera lectura, es claro que esta decisión del Tribunal de Apelaciones de Boston tendrá profundas repercusiones. En esencia, derrota dos argumentos que han esbozado los que defienden a boca de jarra los poderes plenarios del Congreso sobre Puerto Rico y la necesidad de “aceptar” a la Junta, porque sin ella nos quedamos sin poder reestructurar la deuda y nos van a embargar todo lo que tenemos para pagarles a los bonistas la totalidad de la deuda.
La decisión dice, claramente, que por más plenarios que sean los poderes, el Congreso y el presidente de Estados Unidos no pueden tratar a Puerto Rico con total menoscabo a otras cláusulas de la constitución americana. En específico, el juez sostiene que al nombrar esos “procónsules”, se tiene que cumplir con el mandato constitucional de separación de poderes, que dispone que el presidente nombra y el Senado confirma. Esta opinión constituye el primer freno en muchos años al ejercicio de esos poderes plenarios sobre Puerto Rico, y como freno al fin, es una victoria para Puerto Rico.
Además, esta opinión abre la puerta a otras impugnaciones a los poderes del Congreso sobre Puerto Rico. Si aplica la separación de poderes y la cláusula de nombramientos a estos nombramientos, ¿no debería el Congreso estar limitado también de otorgarle poderes a esa Junta, y obligado a respetar tales principios democráticos de separación de poderes? La Junta actual de Promesa tiene poderes ejecutivos y legislativos a la misma vez, sin ningún balance ni contrapeso. He sostenido que los poderes plenarios no pueden extenderse para darle al Congreso el poder de, al “administrar” su territorio, se niegue la existencia misma de un sistema de separación de poderes. Por eso digo que la Junta tiene poderes, claramente, inconstitucionales sobre Puerto Rico. Esta decisión judicial permite ahora esa discusión a un nivel más profundo.
La decisión también tira al zafacón las campañas de miedo de los que nos decían que, si se caía la Junta, se caía toda la ley y nos quedábamos sin la protección de una posible reestructuración. Los nombramientos de la Junta son inconstitucionales, pero la reestructuración sigue vigente.
¿Y ahora qué? Una victoria que limite los poderes del Congreso para hacer lo que le de la gana, es eso, una victoria y sus frutos futuros estarán por verse. En lo que se refiere a la situación presente, es seguro que el gobierno federal y la Junta acudirán al Tribunal Supremo de Estados Unidos para continuar en su empeño de hacer con Puerto Rico lo que les dé la gana. Eso, con toda probabilidad, paralizará los efectos de esta decisión hasta que el Tribunal Supremo decida. Y si ese Tribunal valida la postura de Boston, comenzará un nuevo proceso mediante el cual el presidente y el Senado tendrán que ponerse de acuerdo sobre quienes serán los próximos miembros de la Junta. Vendrán ahora las campañas de miedo sobre quienes serán los nuevos procónsules nominados por Trump y confirmados por su Senado republicano. Yo digo, bienvenida esa discusión, que descarguen su responsabilidad y sean juzgados.
Pero en este nuevo proceso que se abre hoy, el tema de Puerto Rico y Promesa vuelve con fuerza a los pasillos del Congreso de Estados Unidos. Luego de esta decisión, los demócratas, que fueron clave en aprobar Promesa, tienen que descargar desde la Cámara de Representantes que dominan, su responsabilidad de impulsar un verdadero proceso de reformar esta ley y su Junta de procónsules.