El 8 de noviembre de 2010, cuando se concretizó la afrenta de aumentar injustificadamente el número de jueces del Tribunal Supremo expresé, lo siguiente:
Una cosa es ser considerado como el peor Gobernador de la historia moderna de Puerto Rico y otra cosa es ser el Gobernador que más daño le ha hecho a las instituciones democráticas y constitucionales de nuestro País. Cuando Luis Fortuño firme la canallada para aumentar políticamente la cantidad de jueces del Tribunal Supremo, pasará de un plumazo, de lo primero -que ya se lo ganó en sus primeros dos años como Gobernador- a lo segundo, que lo marcará para toda su vida. Este pueblo sabe que con la Justicia no se juega.
El juicio político e histórico sobre la gestión de Luis Fortuño ya está hecho en la conciencia colectiva de cada puertorriqueño. De lo que se trata ahora es de proteger nuestras instituciones, que son más importantes que los individuos y los partidos políticos. Hoy, cuando ya se ha consumado este asalto político que mina la credibilidad de los ciudadanos en todo su sistema judicial, es momento de crecerse y buscar soluciones permanentes y de cambio real a las deficiencias de justicia y democracia que tiene nuestro sistema.
Si hoy Luis Fortuño y Tomás Rivera Schatz han podido ejecutar esta afrenta es porque nuestra Constitución, lamentablemente, así se los permitió. Eso es lo que hay que corregir. En un lenguaje que en 1952 se pensó que ofrecía flexibilidad y balance entre los poderes democráticos y constitucionales, el Artículo 3, Sección 5 de la Constitución del Estado Libre Asociado dispone que el Tribunal Supremo estará compuesto por un Juez Presidente y cuatro jueces asociados, y que este número de cinco sólo podrá ser variado mediante ley y a solicitud previa del propio Tribunal.
Por más de 30 años el Tribunal Supremo ha funcionado eficientemente con siete jueces y así ha sido validado por el pueblo en las urnas. Cuando en 1994 el Gobernador Pedro Rosselló intentó usar al pueblo para aumentar a nueve la cantidad de jueces en el Tribunal Supremo mediante una enmienda constitucional, recibió el repudio claro del electorado. En ese referéndum del 6 de noviembre de 1994 la propuesta para aumentar la cantidad de jueces fue derrotada en votación de 718,373 votos en contra (54.0%) frente a 595,425 votos a favor (44.8%). No hay nada que indique que esa voluntad mayoritaria de los puertorriqueños ha variado.
Hoy se usó la propia flexibilidad que dio la Constitución para burlarse de esa voluntad del pueblo. Siempre he dicho que la solución a las limitaciones de la democracia es más democracia y este es un asunto que debe ser decidido por el pueblo. No hay ninguna razón por la cual en el Puerto Rico moderno se varíe el número de jueces que componen nuestro Tribunal Supremo.
Ante la seriedad de las actuaciones llevadas a cabo recientemente y que afectan la propia institucionalidad de la justicia en Puerto Rico, invito al Partido Popular Democrático a que se comprometa a que inmediatamente retorne al poder en enero del 2013, convoque a un referéndum de enmienda constitucional que fije en siete la cantidad de jueces del Tribunal Supremo y que sean los puertorriqueños en las urnas los que declaren declare vacantes los últimos dos nombramientos. Sugiero el siguiente texto de enmienda constitucional:
Para enmendar la Sección 3 del Artículo V de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para que lea como sigue:
El Tribunal Supremo será el tribunal de última instancia en Puerto Rico y se compondrá de un juez presidente y cuatro seis jueces asociados. El número de sus jueces sólo podrá ser variado por ley, a solicitud del propio Tribunal Supremo. Si al momento de entrar en vigor esta disposición constitucional el Tribunal Supremo estuviese compuesto por más de siete jueces, quedarán automáticamente anulados los últimos nombramientos hasta llegar al número constitucional de siete.
Con esta enmienda, de ser aprobada por la mayoría del pueblo en las urnas, quedará claro que ningún Gobernador, ninguna Legislatura o mayoría política en el Tribunal Supremo podrá usar como balón y premio político la composición total de jueces en nuestro más alto foro judicial. El momento de comprometerse es ahora.