De las muchas realidades de la vida, hay dos que constantemente tenemos que recordar porque son fundamentales para entender nuestra convivencia en sociedad: el ser humano es imperfecto y parte de nuestra imperfección, es que todos vivimos con prejuicios. Y en muchas ocasiones esos prejuicios han estado tan arraigados que han formado parte del ordenamiento legal. Al margen de los avances científicos y tecnológicos, que de por sí son importantísimos, las grandes transformaciones sociales en el Mundo y en sociedades particulares, se han dado cuando hemos logrado superar, o por lo menos aminorar, esos prejuicios.
Quizás olvidamos (o quisiéramos olvidar) que la esclavitud y el discrimen por raza estaban legitimados en nuestra sociedad occidental; que los matrimonios inter-raciales estaban prohibidos; que las mujeres no podían contratar, no tenían derechos y mucho menos podían votar. Más aún, se argumentaba que era parte de nuestra cultura el derecho de un esposo a pegarle a su esposa. En la inmensa mayoría de los casos, las víctimas de nuestros prejuicios son las minorías y los que no tienen poder económico ni político. Por eso la lucha histórica para erradicar prejuicios ha sido tan difícil y costosa para la humanidad. Erradicar prejuicios requiere ir contra la corriente en muchas ocasiones, pero es lo correcto y hay que hacerlo.
Decir hoy que cómo sociedad no tenemos prejuicios contra los homosexuales es una mentira. Que tenemos menos que los que teníamos hace 40, 20 o 5 años atrás, sí. Pero nadie en su sano juicio puede afirmar que en la sociedad puertorriqueña de hoy (y en la mayoría de las sociedades del Mundo) no se discrimina contra los homosexuales.
Reconociendo esa realidad, cuando fui Gobernador aprobé en el 2008 la Orden Ejecutiva Número 57, que disponía:
Se establece como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que todo servidor público o candidato a empleo público sea reclutado, seleccionado, adiestrado, ascendido, retenido, y tratado en todo lo referente a su empleo en consideración al mérito y capacidad, sin que se discrimine de forma alguna, incluyendo, pero sin limitarse a, discrimen por razón de raza, color, género o identidad de género, sexo, estado de embarazo, orientación sexual real o percibida, nacimiento, edad, origen o condición social, estatus civil, ideas o creencias políticas o religiosas, limitación o impedimento físico o mental, estatus serológico, condición de veterano o por ser víctima o percibirse como víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho.
Se establece como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que en la prestación de los servicios públicos, no se discriminará de forma alguna, incluyendo, pero sin limitarse a, discrimen por razón de raza, color, genero o identidad de género, sexo, estado de embarazo, orientación sexual real o percibida, nacimiento, edad, origen o condición social, estatus civil, ideas o creencias políticas o religiosas, limitación o impedimento físico o mental, estatus serológico, condición de veterano o por ser víctima o percibirse como víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho.
(Para ver el texto completo de la Orden Ejecutiva, ir a
http://app.estado.gobierno.pr/Ordenes_Ejecutivas/2008/OE-2008-57.pdf)
Desconozco si esa norma prohibiendo todo tipo de discrimen en el servicio público, incluyendo el discrimen por orientación sexual, fue derogada o mantenida por el gobernador Luis Fortuño, pero para mí, en ese momento representaba un paso de avance, aunque no suficiente.
Como Orden Ejecutiva, su alcance se limita exclusivamente a gestiones gubernamentales, su incumplimiento apenas tiene sanciones y puede ser revocada de un plumazo por cualquier otro Gobernador.
Por eso respaldo firmemente las medidas bajo consideración de la Asamblea Legislativa, particularmente el Proyecto del Senado 238, que extienden las normas ya existentes anti-discrimen a situaciones de orientación sexual, real o percibida, y de identidad de género.
Hace muchos años atrás, se le podía negar a una persona legalmente un trabajo, o venderle una casa porque era negro, porque tenía un color de piel diferente al de uno. Eso, afortunadamente y a que como sociedad y como ciudadanos evolucionamos, fue prohibido. No hay ninguna justificación válida para que en pleno Siglo XXI se despida a una persona de su empleo, se le niegue un trabajo o no se le permita vivir en un vecindario, porque no tiene la misma orientación
sexual que uno.
Demos un paso importante para seguir erradicando prejuicios en nuestra sociedad. Legisladores y legisladoras, aprueben el Proyecto del Senado 238.