Recuerdo claramente la última reunión que tuve como Gobernador en La Fortaleza con el equipo de funcionarios del Departamento de Educación federal encargados de Puerto Rico, el 5 de agosto de 2008 en la tarde. En diciembre de 2007 el Secretario Aragunde y yo habíamos viajado a Washington DC para firmar un nuevo acuerdo con el Departamento de Educación federal que reconocía los cambios positivos que se habían alcanzado y trazaba la ruta futura en la relación del Departamento de Educación de Puerto Rico con el gobierno federal. Ese acuerdo era la continuación de uno que se había firmado durante la gobernación de Sila Calderón y la dirección de Cesar Rey en octubre de 2004. Ese acuerdo de 2004 nos sacó de la lista negra de alto riesgo o high risk en la que habíamos caído como consecuencia de los años desafortunados de Víctor Fajardo. El acuerdo de 2007 era una reafirmación de que íbamos por la ruta del cambio verdadero.
La reunión de agosto era para que las autoridades federales nos dejaran saber por dónde andábamos en el cumplimiento de lo acordado en diciembre de 2007. En esa reunión la respuesta de los funcionarios federales fue de total satisfacción. El cambio positivo se veía.
Al otro día de la reunión, en una nota publicada por El Nuevo Día con el titular En Ley Educación, el resultado de la reunión se reseñaba de la siguiente manera:
«En los pasados dos años hemos visto progresos sorprendentes. Nuestro mensaje es: mantengan el curso y haciendo lo que han estado haciendo», dijo Phil Maestri, director de la Unidad de Evaluación de Riesgo del Departamento de Educación federal tras reunirse con el Primer Ejecutivo y el secretario de Educación, Rafael Aragunde.
Atrás quedaban los años de la debacle de Fajardo, que nos llevó a ser considerados como una jurisdicción de alto riesgo en el manejo de los fondos federales de educación. Aquella tarde en esa reunión confirmaba que todo el esfuerzo que habíamos realizado y los sacrificios habían valido la pena y que era obvio que habíamos hecho lo correcto y que ya no había vuelta atrás. Obviamente, me equivoqué.
Cuando hace unas semanas observé la debacle que vivimos con el inicio de clases comencé a preocuparme. Si esta administración no puede siquiera tener las escuelas mínimamente listas para el comienzo del curso escolar ni nombrar a los conserjes que hacen falta en momentos en que nos enfrentamos a una epidemia de salud cuyo principal antídoto es la higiene, ¿cómo andaría el manejo de los cientos de millones de dólares que recibe el Departamento de Educación en fondos federales? Esa preocupación se acrecentó cuando el Secretario Carlos Chardón dijo en una entrevista que en Puerto Rico no había política pública educativa porque todo lo mandaban los federales. Mi experiencia me dice que cuando un burócrata local se comienza a quejar de la burocracia federal es porque anda en problemas.
Hoy la preocupación trasciende consideraciones partidistas. La carta de Phil Maestri dirigida al Gobernador Luis Fortuño y el Secretario de Educación con fecha del 21 de agosto debe provocar que todos, sin distinción de partidos o visiones de país, nos movamos para cambiar el rumbo otra vez equivocado que lleva nuestro Departamento de Educación. En esa carta de 10 páginas se detallan fallas serias y atrasos en los que ha incurrido el Departamento de Educación bajo el binomio de Fortuño y Chardón para continuar la ruta trazada por mutuo acuerdo con las autoridades federales de educación.
A continuación, un resumen breve de sólo algunos de los serios señalamientos que se hacen en la carta:
1. La confirmación de que hay una seria preocupación por los traslados de personal realizados durante este año 2009. Específicamente, la carta hace referencia al traslado de 78 de los 89 Assistant Superintendent. En la carta se advierte sobre la preocupación de que con esos traslados, los Distritos Escolares se queden sin supervisión adecuada para el manejo de fondos y programas federales.
2. Preocupación de que el personal trasladado que se paga con fondos federales, ahora se dedique a labores estatales, lo cual sería ilegal. Menciona que el Departamento de Educación de Puerto Rico les informó que el personal trasladado será pagado con fondos estatales, pero nadie les ha corroborado dicha información. Esta situación me levanta a mí la siguiente interrogante de orden administrativo: ¿si tenemos una crisis presupuestaria estatal, qué sentido tiene que funcionarios que son pagados con fondos federales sean reasignados a posiciones estatales para su salario tenga que salir ahora de los fondos del Gobierno de Puerto Rico?
3. Atraso en los resultados de las pruebas de aprovechamiento académico.
4. Falta de notificación a los padres y madres antes de que comenzara el semestre en agosto sobre las opciones de escuela que tenían para sus hijos, violando de esta forma disposiciones de la ley federal de educación.
5. Preocupación de que por los recortes de personal y reubicaciones se incapacite al Departamento para manejar fondos federales, incluyendo los nuevos fondos del estímulo económico de la Administración Obama.
6. En seis de los ocho objetivos acordados en diciembre de 2007 para el área de educación especial, la carta concluye que el Gobierno de Puerto Rico está en incumplimiento.
7. Atraso en el suministro de información escolar bajo el programa EDfacts. La carta señala que Puerto Rico es la única jurisdicción de Estados Unidos que ha fallado en presentar esta información. En el último año de mi administración nuestro desempeño en esta área nos colocaba entre las mejores 25 jurisdicciones de Estados Unidos. De los mejores al peor en sólo ocho meses es un gran paso en retroceso.
8. La carta expresa una seria preocupación sobre la legislación propuesta por el presente gobierno para crear la figura del auditor general debido a que no han sido informados sobre cómo este nuevo funcionario, que le va a responder a la Oficina de Presupuesto y Gerencia, va a impactar al Departamento de Educación. La comunicación llega al extremo de señalar que llevan semanas pidiendo que se les someta una traducción al inglés de la legislación y no la han recibido.
Estos son sólo algunos de los serios señalamientos contenidos en esta carta. La conclusión es clara: el cambio en el Departamento de Educación de Puerto Rico llegó para echar hacia atrás lo adelantado. En sus conclusiones, la carta indica lo siguiente, y copio textualmente en inglés, con énfasis a las partes que considero más importantes:
The Department (federal) takes very seriously PRDE´S recent set-backs and lack of progress in the specific areas described above and its lack of response to date to our numerous requests for written information, including our request for a written proposal addressing the serious impact of PRDE´s staffing changes.
En palabras sencillas, lo ocurrido en los pasados ocho meses, el Departamento de Educación federal lo describe como un retroceso y una falta de progreso. Ante este lamentable cuadro, las posibles acciones del Departamento de Educación federal podrían tener consecuencias nefastas para nuestro sistema educativo.
Todo lo que logramos adelantar bajo la Gobernación de Sila Calderón y el liderato de Cesar Rey y bajo mi administración con Rafael Aragunde para recuperar la credibilidad de Puerto Rico y liberar el flujo de fondos federales, está a punto de perderse. La carta hace además, la siguiente advertencia:
Consequently, the Department is considering exercising the enforcement actions outlined in both the FFY 2009 special conditions and the 2007 Compliance Agreement, including but not limited to, reinstatement of high-risk status under 34 CFR 80.12.
Estamos a punto de regresar a la era de Víctor Fajardo, es decir a los niveles más pobres de administración pública en nuestro Departamento de Educación. En su carta a Fortuño y a Chardón el Departamento de Educación federal sólo le da 10 días al Gobierno de Puerto Rico para responder a estos serios señalamientos.
Todos debemos estar concientes de que regresar a la clasificación de alto riesgo es el equivalente a que el Departamento de Educación sea puesto en sindicatura. Nos tomó muchos años y esfuerzos salir de esa condición luego del desastre dejado por Víctor Fajardo. Evitar que vuelva a ocurrir tiene que ser una causa común de todos los que creemos en la educación como el principal medio de echar hacia adelante a Puerto Rico. Por eso, una vez más le propongo al Gobernador Luis Fortuño que constituyamos un grupo de trabajo conjunto con las personas que él designe y de su confianza y de las personas de mi administración que trabajaron estos asuntos y se ganaron la confianza de los funcionarios federales que monitorean a Puerto Rico para enfrentar este reto. Es momento de cambiar el curso equivocado que ha tomado el presente Departamento de Educación y remar juntos por le educación de nuestros estudiantes. El tiempo apremia.