Con la intervención directa del presidente Obama, del secretario del Tesoro Jack Lew y de los dos funcionarios electos de más alto rango en Puerto Rico, PROMESA se aprobó sin ninguna enmienda significativa antes del 1 de julio ante la expectativa de que, si ello no ocurría, el cielo se iba a caer. Sin embargo, ya han pasado varios días y las preguntas siguen siendo los mismas: ¿Se acabó la crisis? ¿Se detuvieron las demandas? ¿Hay certeza de lo que va a pasar en Puerto Rico? ¿Llegaron los reintegros? ¿Se le está pagando a los suplidores? ¿Regresó el optimismo?
La respuesta a todas esas preguntas es, no, porque lo único que ha logrado PROMESA hasta ahora es asestarle un golpe muy fuerte a la autoestima de los puertorriqueños y justificar para Estados Unidos la necesidad de un régimen colonial en Puerto Rico.
No tengo ninguna duda de que la aprobación de esta ley a toda prisa va a tener consecuencias negativas para Puerto Rico y para Estados Unidos.
Los dos senadores responsables de los temas de Puerto Rico en el Senado, uno republicano y otro demócrata, le votaron en contra, mala señal para los que dicen que este es el primer paso de un diseño para resolver el problema colonial de Puerto Rico. En menos de 24 horas, el poderoso presidente de la Comisión de Finanzas del Senado, Orrin Hatch, envió sendas cartas señalando posibles violaciones de ley y contubernios entre el Departamento del Tesoro federal y el gobierno de Puerto Rico, lo que de por sí pone en mal augurios la posibilidad de lograr medidas de desarrollo económico en el futuro cercano.
Según pasen los días, el país irá descubriendo que PROMESA no resuelve nuestra crisis, solamente atiende la de ellos. Curiosamente, al otro día de aprobarse la medida casi todas las compañías que aseguran bonos de Puerto Rico aumentaron su valor en el mercado. Y Obama y Lew ya dejaron de hablar de nosotros porque, como era su estrategia, la posibilidad de que demanden a Estados Unidos por el impago del pasado viernes se redujo, significativamente.
Pero con el problema de falta de liquidez de nuestro gobierno, PROMESA no hace nada. El impago a los suplidores continúa de mes a mes y PROMESA no lo resuelve. PROMESA tampoco atiende el déficit del Centro Médico, de la tarjeta de salud ni en los servicios de educación especial, entre muchas otras circunstancias apremiantes que enfrenta Puerto Rico. De hecho, estos problemas se van a agravar. Según el texto de la ley, si a mitad de año la junta detenta un déficit, puede ordenar cortes presupuestarios en todas las áreas menos en las de servicio al pago de la deuda de los bonistas. En otras palabras, si hay que escoger entre cortarle fondos al Centro Médico, al Departamento de Educación o a los bonistas, la ley, específicamente, prohíbe que se les corte a los bonistas.
Pero lo más dramático es lo que se validó en los estados financieros del gobierno, publicados luego de la aprobación de la ley: es muy probable que el gobierno se quede sin dinero en los próximos meses. Los estados financieros confirman que el problema no se resuelve con más recortes de gastos porque ello implicará que muchas áreas fundamentales del gobierno quedarían inoperantes.
Ya se han publicado varios reportajes sobre cómo en las crisis de Washington D.C. y Nueva York, que se nos han tratado de presentar como modelos salvadores, al pasar del tiempo, los problemas fiscales de ambas jurisdicciones tuvieron que regresar al Congreso porque sin recursos económicos y garantías de acceso a los mercados no se solucionaba la crisis. La prisa es amiga de la desinformación y ahora, aunque aparenta ser que ya no hay prisa, tampoco hay solución.
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Publicado originalmente en El Nuevo Día Interactivo el 7 de julio de 2016