Este fin de semana me tomé el tiempo de hacer la primera lectura del borrador de proyecto de ley preparado por la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara federal y el liderato republicano. Admito que es mucho peor que lo que pensé y peor inclusive que las muy buenas reseñas que han escrito periodistas y columnistas. Para que tengan una idea, esta Junta que se nos pretende imponer, cuyo verdadero nombre debe ser Junta Omnipresente, Dictatorial y Colonial (JODC), por la cual los puertorriqueños no vamos a votar ni vamos a tener nada que decir sobre su nombramiento y peor aún sobre su desempeño, tendrá, entre otros, los siguientes poderes omnipresentes e ilimitados:
1. Decirle al Gobernador y la Asamblea Legislativa qué Plan Fiscal de 5 años deben aprobar y si no aprueban el que ellos quieren, pues la Junta lo aprobará unilateralmente y será mandato de ley;
2. Decirle al Gobernador y la Asamblea Legislativa qué presupuesto deben aprobar para cumplir con el Plan Fiscal y si no lo aprueban como la JODC quiere, pues entonces ellos unilateralmente lo aprueban y es mandato de ley;
3El poder de ordenar cortes al presupuesto si hay un déficit durante un año fiscal, que no puede incluir cortes al servicio de la deuda;
4. El poder de vetar cualquier ley válidamente aprobada por la Asamblea Legislativa y el Gobernador;
5. El poder de derogar cualquier reglamento debidamente aprobado por una agencia del gobierno de Puerto Rico o de adoptar dictatorialmente cualquier reglamento que le corresponda a cualquier agencia del Gobierno de Puerto Rico;
6. El poder de nombrar una especie de síndico para que administre cualquier agencia o corporación pública;
7. El poder de aprobar cualquier contrato de más de $1 millón legal y legítimamente otorgado por el gobierno;
8. El poder de otorgar cualquier contrato súper-millonario de energía o de infraestructura, sin subasta y sin tener que cumplir con reglas ambientales y otras regulaciones;
9. El poder de revisar y revocar cualquier acuerdo de tax waiver. Aunque no define que es tax waiver parece ser que se refiere a todos los mecanismos de acuerdos y decretos de exención contributiva que otorga el gobierno de Puerto Rico;
10. El poder de decidir cuánto ellos necesitan de presupuesto, el cual vamos a pagar nosotros, y si no se lo damos voluntariamente lo que ellos pidan, pues ellos lo toman de los impuestos que nosotros pagamos.
Eso es una lista a la ligera y no exhaustiva de los poderes de JODC. Pero hay más. En lo que se refiere a la posible re-estructuración de la deuda, muchos están celebrando que el borrador del proyecto la autoriza. Pero hay que leer bien y entender.
El borrador de proyecto de ley le quita a Puerto Rico lo más esencial en cualquier proceso de quiebra o reestructuración de deuda: el derecho a ser el deudor. Sí, es cierto que hay una autorización a usar un proceso similar al de quiebra. Pero quien decide cuándo y cómo se usa, son ellos, la JODC. Nosotros somos los deudores, pero ellos deciden cuándo es que de verdad podemos usar el mecanismo de quiebra. En otras palabras, si hay que decidir entre botar empleados públicos, subir los peajes o dejar de pagarle a los fondos buitres, son ellos, no los puertorriqueños electos por los puertorriqueños, quienes lo van a decidir. Luego de eso, si hay que ir al proceso de quiebra, son ellos los que están en la silla del conductor. Nosotros ni estamos en el carro.
Si alguien hubiese propuesto que estos poderes se le dieran al gobernador electo por los puertorriqueños para poder salir de la crisis, la prensa, los comentaristas, todo el mundo, estaría diciendo que iríamos camino a la dictadura y que se estaría violando nuestra Constitución y el esquema de separación de poderes.
Lo que está propuesto es peor que la Ley Foraker de 1900. En esencia, estamos volviendo al gobierno militar, pero sus poderes ejercidos por civiles. Algo similar a lo que Estados Unidos hizo en Irak luego de la guerra. Me explico.
Bajo la ley Foraker y luego la Ley Jones, el gobernador nombrado por el Presidente, NO podía aprobar un presupuesto unilateralmente, NO podía adoptar reglamentos unilateralmente y NO podía dar contratos al margen de los requisitos de ley. Inclusive, si vetaba una ley, había un proceso para tratar de ir por encima de su veto. Y bajo esos regímenes claramente coloniales y antidemocráticos, las leyes que aprobaba la Asamblea Legislativa de Puerto Rico podían ser derogadas por el Congreso o por el Presidente, pero al menos ellos eran electos por alguien. Aquí ese poder lo tiene la JODC que no es electa por nadie y por ende no le responde a nadie.
En la historia constitucional de los Estados Unidos, no recuerdo ningún organismo al cual el gobierno federal le otorgue estos poderes, ejecutivos y legislativos, a la misma vez omnipresente y prepotente, sin ningún peso o contrapeso.
El momento es crucial. Se trata de si creemos en la democracia o si abrimos el camino a un sistema anti-democrático. Ese siempre es el primer paso hacia las dictaduras. Bajo Franco, Trujillo, Pinochet, Batista y luego Fidel, todos los que los defendían decían, no es lo mejor, pero es necesario, hace falta alguien que haga lo que hay que hacer no importa lo que quiera la gente. Exactamente los mismos argumentos que hoy arguyen los que abogan por esta junta.
Ahora mismo Estados Unidos está pasando por uno de sus momentos políticos más difíciles, con un Congreso politizado, dividido, lleno de prejuicios y obstruccionista. Hay candidatos a Presidente que dan miedo y ya son una vergüenza internacional. Se a impuesto un discurso de odio, intolerancia, racismo y sexismo. Pero nadie propone quitarle el derecho a la gente de escoger sus congresistas o su presidente. Nadie propone acabar con la democracia americana, pero eso es precisamente lo que proponen para Puerto Rico. Lo he dicho antes y lo repito: a los problemas de la democracia se responde con más democracia.
¿Y ahora qué?
Muchos dicen que esto es un borrador y que hay que seguir esperando. Para mí, el solo hecho de que esto lo presenta el presidente de la comisión congresional que tiene jurisdicción sobre Puerto Rico y que tiene el respaldo del liderato republicano del Congreso, es suficiente. Y no me digan que la Administración Obama está libre de culpa. Quien fue al Tribunal Supremo en enero a decir que el Congreso puede hacer con Puerto Rico lo que quiera fue la Administración Obama. Quien primero propuso una Junta para supervisar a Puerto Rico fue el Departamento del Tesoro de Obama. Quien dijo precisamente ante esa Comisión del Congreso que ellos, el Congreso, podían ir unilateralmente por encima de la Constitución de Puerto Rico, fue el Departamento del Tesoro de Obama.
En inglés dicen the writing is on the wall. No es hora de seguir esperando, es de hablar claro y poner los acentos donde hay que ponerlos.
Si este borrador es lo que piensan en Washington sobre Puerto Rico, exijámosles que dejen de ser hipócritas: si de verdad creen que no nos podemos gobernar suspendan la aplicación de la Constitución del Estado Libre Asociado, con ello suspendan las elecciones y otórguenle abiertamente a esa JODC todos los poderes que hoy tienen las ramas ejecutivas y legislativas (a la rama judicial el borrador técnicamente la torna inoperante e inconsecuente, porque todas las decisiones de la JODC, si se impugnan, irán a las cortes federales). Es una crueldad con el pueblo de Puerto Rico pedirle que salgan a votar por un gobernador y una legislatura, cuando las decisiones fundamentales sobre el futuro del país no las podrán tomar ellos, sino cinco burócratas que no estarán en la papeleta del 8 de noviembre.
Como obviamente el Congreso no va a tener valentía de hablar con claridad, propongo una agenda patriótica de 5 puntos:
1. Aprobar inmediatamente una Resolución Conjunta de la Asamblea Legislativa con la firma del Gobernador, que establezca claramente qué es lo que Puerto Rico está dispuesto a aceptar del Congreso. La aprobación ayer por el Senado de Puerto Rico, es un paso en la ruta correcta. Pero no nos debemos limitar a oponernos a lo propuesto. No podemos seguir siendo reactivos. La resolución debe decir que si se propone una Junta Federal, debe ser aprobada en las urnas por el pueblo de Puerto Rico para entrar en vigor. Si van a trastocar con nuestra Constitución, lo menos que pueden hacer es seguir un mecanismo similar al que ellos dispusieron cuando aprobamos (nosotros y ellos) nuestra Constitución en 1952. Pongamos nuestras cartas sobre la mesa ya. Esa resolución debemos aspirar a que sea aprobada por unanimidad.
2. Aprobar anticipadamente por nuestra Asamblea Legislativa cuál será el proceder del Gobierno de Puerto Rico si llega el 1 de mayo o el 1 de julio y no hay los recursos para pagar el servicio de la deuda. Para no afectar las negociaciones en curso, con los bonistas y el Congreso, la ley para atender el impago debe decir que ésta sólo entrará en vigor si no se llega a un acuerdo con los bonistas antes de cierta fecha o si el Congreso no otorga una moratoria antes de cierta fecha. Debemos decirle al país, al Congreso y a los acreedores cómo vamos a actuar si ellos no actúan de buena fe ahora. Se trata de legislar ya lo que David Bernier a descrito como «un sistema de pago coordinado de la deuda pública», mediante el cual, si no hay acuerdo, se legisle para por cinco años sólo pagar los intereses sobre la deuda. Esperar al 30 de abril o al 30 de junio para entonces legislar será demasiado tarde.
3. Iniciar el proceso de enmendar nuestra Constitución para cambiar el orden de prelación de pagos en caso de insolvencia. Si ya el Congreso ha asumido la posición de que ellos pueden enmendar nuestra Constitución unilateralmente, defendamos nuestra dignidad y hagámoslo nosotros usando nuestros poderes democráticos y constitucionales.
4. Un compromiso firme del actual gobernador y de TODOS los candidatos a la gobernación que si este proyecto o uno similar se aprueba, van a desobedecerlo. No se trata de solamente ir a los tribunales (lo que hay que hacer). La democracia no se vindica en los tribunales. Se vindica en las acciones de día a día. Si David, Pedro, Ricky, María de Lourdes, Rafael, Manuel o Alexandra quieren ser gobernador para que otros no electos gobiernen, que lo digan ahora. No tengo dudas que si el Gobernador y todos los candidatos dicen hoy, firme y claramente, que no van a obedecer una ley como esta, el país estará con ellos y el Congreso tendrá que escuchar. La invitación que Alejandro a cursado a todos los candidatos para reunirse y hablar sobre este tema, presenta un escenario ideal. Cómo dijo una vez un gobernador con el cual he tenido y tengo serias diferencias el mensaje a Washington debe ser claro: dont push it.
5. El Gobierno de Puerto Rico tiene que ir a las Naciones Unidas a denunciar esta acción y solicitar formalmente que el caso de Puerto Rico vuelva a la Asamblea General para su discusión plena. Inclusive, se le debe pedir al Comité de Descolonización asesoría para ver la posibilidad de acudir ante la Corte Internacional de Justicia para denunciar a los Estados Unidos por crasamente incumplir con su compromiso con Puerto Rico y con la comunidad internacional.
La mejor defensa siempre es tomar la ofensiva. Llegó el momento como país de dejar de reaccionar a lo inevitable y actuar con firmeza hacia lo que queremos.
Aníbal Acevedo Vilá
29 de marzo de 2016