En la vida nada sustituye las experiencias vividas y cómo ellas te sirven para entender el presente y enfrentar los retos del futuro. En el eterno tema del status de Puerto Rico, si no aprendemos de lo vivido, parafraseando a Gabriel García Márquez en Cien años de soledad, estaremos condenados a la colonia y no tendremos una segunda oportunidad sobre la tierra.
Era mi segundo año como gobernador. En la primera mitad de 2006 fui a Washington D.C. para una serie de reuniones con funcionarios federales sobre asuntos de Puerto Rico, mayormente, temas de desarrollo económico. Una de las personas con las que me reuní fue la entonces senadora por Nueva York, Hillary Clinton, con quien había trabajado temas relacionados a Puerto Rico cuando fui comisionado residente y con quien tenía una relación de trabajo muy cordial. A la reunión me acompañaron el director de la Administración de Asuntos Federales (PRFAA, por sus siglas en inglés), Eduardo Bhatia y el secretario de Desarrollo Económico, Jorge Silva Puras.
Aunque la reunión era para hablar de temas económicos, dos desarrollos recientes en ese momento me llevaron a hacer un cambio en la agenda con la senadora. El primero ocurrió el 22 de diciembre de 2005, cuando el grupo especial de trabajo sobre Puerto Rico de la presidencia de George W. Bush rindió su primer informe sobre status, el cual concluía que el ELA continuaba siendo un territorio bajo los poderes plenarios del Congreso; y el segundo se suscitó casi coincidiendo con mi reunión, pues se había presentado en el Senado federal el proyecto 2661, que se fundamentaba en ese informe y tenía como coauspiciadora a la senadora Clinton.
Mi intención era conversar brevemente con ella sobre status y luego pasar a los asuntos para los cuales le había pedido la cita, pero la conversación tomó lo que para mí en aquél momento fue un giro inesperado. Hillary respaldó no solo el proyecto recién presentado en su totalidad, sino todas las conclusiones del informe del Task Force de Casa Blanca. Recuerdo con claridad que el momento más tenso de la conversación y que resume su esencia, fue cuando yo le pregunté: are you telling me that you think you have the power to pass a law now saying I am no longer the governor of Puerto Rico (usted me está diciendo que cree que tiene el poder para aprobar una ley que diga que yo no soy más el gobernador de Puerto Rico); y su respuesta fue breve pero contundente: we will never do it, but yes, we do (nunca lo haremos, pero sí, lo tenemos). Mi reacción como estadolibrista fue desafiante y le dije: I dare you to do it to prove you wrong in court (lo reto a que lo haga para probarle en los tribunales que está equivocada). De más está decir que ese fue el fin de la reunión.
Hoy, con el beneficio de la distancia y de la experiencia, ya el coraje con Hillary se me pasó. Ella simplemente me estaba diciendo su verdad, una verdad que hoy ya sabemos que es la posición oficial del Congreso de Estados Unidos y de la rama ejecutiva del gobierno federal.
Las palabras privadas de Hillary de 2006 se convirtieron hace unos meses en propuestas legislativas de senadores y representantes muy poderosos. El proyecto del Senado de los senadores Hatch, Grassley y Murkowski, y el proyecto de la Cámara del representante Duffy, nombrando una junta federal que usurparía los poderes del gobernador y la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, son la más clara exposición legislativa de la visión que tiene el Congreso de que ellos tienen poderes plenarios sobre Puerto Rico porque somos un mero territorio. Resulta curioso y revelador que los amigos de Puerto Rico que se oponen a estos proyectos no ponen en duda el poder que tiene el Congreso sobre nosotros. Nadie ha dicho que esos proyectos son inconstitucionales o que violarían el pacto de 1952. Lo que dicen nuestros amigos es que no deben ejercer ese poder en este momento. Las diferencias son mínimas en lo esencial: unos entienden que tienen el poder y lo van a ejercer burdamente si es necesario, y otros como Hillary, entienden que tienen el poder pero no lo van a ejercer porque son más buenos y comprehensivos.
El escrito presentado este mes de diciembre por el Departamento de Justicia federal ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos lo que hace es darle formato de argumento legal en el contexto de un caso concreto a lo que ya era la posición de ese departamento desde el 1994. El lenguaje del alegato es crudo y mordaz, pero para los que hemos vivido y dado estas batallas en Washington no es nada nuevo. No puedo negar la ironía de que sea el Departamento de Justicia de Obama (a quien yo respaldé en 2008 en contra de Hillary) el que ponga en blanco y negro para el récord ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos lo que Hillary me dijo en privado. Lo importante es que en lo esencial no hay diferencias.
Por eso fue qué en agosto de 2014, anticipando lo que venía, señalé en mi último libro lo siguiente:
la realidad es que la teoría del pacto bilateral y el consentimiento mutuo no la defiende nadie en Washington, en la Casa Blanca ni en el Congreso. El informe de status de la administración Obama de 2011 dice, claramente, que Puerto Rico sigue bajo la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos, y niega el carácter de bilateralidad y consentimiento de la relación. Incluso los amigos en Washington del ELA actual, lo que defienden es nuestro derecho a decidir y en algunos casos se oponen tenazmente a la estadidad, pero no defienden abiertamente los postulados históricos del Partido Popular Democrático sobre el ELA.
Ya no hay más tiempo que perder. El primer paso para poder transformar el presente es aceptar la realidad. Sé que en las próximas semanas muchos estadolibristas vivirán de la esperanza de que todo esto se aclarará pronto por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, pero esa no esa no es la realidad.
Con quien Puerto Rico interactúa continuamente es con la Rama Ejecutiva y la Rama Legislativa federal. Esos son los que nos dan y nos quitan, los que nos oyen y desoyen y para los que claramente no somos de alta prioridad o ninguna prioridad. Para esos somos meramente un territorio, una posesión de la que pueden disponer como les plazca, cuando les plazca. Nada de eso va a cambiar por lo que decida el Tribunal Supremo.
Este caso sí tiene importancia, porque al menos puede aclarar algunos de los poderes limitados que tenemos hoy. Y eso es mejor que lo que dice el Departamento de Justicia federal en su alegato. Pero ese caso no va a decir que esos poderes que tenemos hoy no nos los pueden quitar mañana. Ese caso no va a decidir que nos tienen que dar nuevas herramientas económicas para salir de nuestra crisis fiscal y económica. Ese caso no va a decir que nos tienen que dar el Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal. Ese caso no va a decir que es discriminatorio que nos obliguen a cumplir con la Ley de Cabotaje. Ese caso no va a decidir cómo mantenemos los programas federales de salud, para los cuales nos exigen que cumplamos con las normas de calidad de ellos, pero no nos dan los mismos fondos que le dan a las demás jurisdicciones. En fin, ese caso no va a decirle a la Rama Ejecutiva y la Rama Legislativa que nos tienen que tratar con dignidad.
En el mejor de los escenarios, ese caso va a decir lo que dijo el Tribunal federal de Apelaciones de Boston estableció hace más de 25 años: que para propósitos de la cláusula constitucional de doble exposición, Puerto Rico es como las tribus indias americanas. Sí, eso fue lo que resolvió Boston hace más de 25 años y nada cambió en Puerto Rico ni en Washington, D.C.
Poner todas las esperanzas en lo que va a resolver el Supremo federal no es sino procrastinar en lo inevitable, tenemos que movernos. La única solución es movernos, apoderarnos y transformar nuestra realidad. Para nosotros, especialmente para los estadolibristas, es hora de movernos.
Si repetida y reiteradamente el Congreso y el Ejecutivo nos dicen y nos tratan como un territorio, como una mera posesión, de nada vale que les gritemos que no lo somos. Yo, que me gané mis primeros galones en la vida pública puertorriqueña luchando en 1997-98 contra el Proyecto Young, precisamente porque decía que éramos un territorio, y que movilicé a mi partido y a la mayoría del país a votar en 1998 por ninguna de las anteriores por esas mismas razones, les digo que ya esa no es la batalla que hay que dar. La batalla no es negar esa realidad, es transformarla. No estamos condenados, nos merecemos una segunda oportunidad, pero hay que salir a buscarla y luchar por ella con inteligencia, astucia y estrategia. Con nuevos caminos, pero no para viejos objetivos sino para objetivos nuevos y diferentes. Para eso, le pregunto a los populares y a los estadolibristas, ¿estamos listos? De eso se trata el futuro. Yo, estoy listo.