Terminada la semana de encuesta y su música del juego de sillas, debemos mirar como país lo que está a la vuelta de la esquina: un gobierno que el propio gobierno de Estados Unidos reconoce que se va a quedar sin dinero en cuestión de días. Según el más reciente informe del Banco de Fomento, cómo sospechábamos, las medidas tomadas para tratar de aumentar los recaudos y la liquidez han tenido el efecto contrario y se ha afectado la economía y la confianza de los consumidores. Para muestra dos botones bastan: primero, secuestrar los reintegros ha tenido el efecto de que los contribuyentes asalariados han bajado sus tasas de retención, afectando los recaudos y, segundo, el aumento en el IVU (IVA) ha aguantado al consumidor, que está comprando menos, disminuyendo también los recaudos (si hubiera subido a16%, imagínense lo que estaría pasando).
A la misma vez, no hay ninguna señal de que el Congreso de Estados Unidos va a actuar sobre alguna de las propuestas de la administración Obama y parece que sigue acercándose el día en que el gobernador va a tener que escoger entre limitar la jornada de miles de empleados públicos o no pagar los bonos cuyos términos vencen entre noviembre y enero. Y ni hablar de la posibilidad de aumentos en las tarifas de agua y la luz, que según informes de prensa, no están descartados.
Ante este escenario, la respuesta no puede ser seguir cargando el bolsillo de nuestra gente porque la experiencia ya nos ha demostrado que mientras más se afecta el bolsillo del consumidor, las proyecciones de recaudos del gobierno no se cumplen porque la economía en general se afecta. Tampoco podemos quedarnos cruzados de brazos esperando un milagro.
Es por estas razones que he pensado en tres pasos simultáneos, en tres niveles y tres escenarios distintos, que explico a continuación.
1. Aumentar la presión al Presidente Obama. Pretender decir que quien único puede actuar es el Congreso republicano es falso, la rama ejecutiva federal tiene el poder de actuar. El estudio del profesor y economista Arturo Estrella, encomendado por la Fundación Carvajal y publicado recientemente, establece que el Banco de la Reserva Federal (que se ha expresado pero no a hecho nada sobre el tema de Puerto Rico y sus crisis fiscal), conjuntamente con el Departamento del Tesoro, pueden tomar acciones inmediatas sin la necesidad de autorización del Congreso. (Estrella, Arturo, Puerto Rico Government Debt and the U.S. Federal Government, Fundación Francisco Carvajal, 1915, http://sincomillas.com/wp-content/uploads/2015/10/Estudio-Fundación-Carvajal.pdf). Según este estudio,
a. Al amparo de la sección 14(2) del Federal Reserve Act, el Banco de la Reserva puede comprar deuda de Puerto Rico con vencimiento de seis meses. Eso resolvería el problema de liquidez a corto plazo, permitiría el pago de la deuda, evitaría un cierre parcial o que se reduzca la jornada de los empleados públicos.
b. Mediante esa misma sección y tratando a Puerto Rico como una jurisdicción extranjera -algo que ya somos para propósitos del código federal de rentas internas y también bajo ciertas regulaciones del propio Banco de la Reserva- éste puede comprar deuda de Puerto Rico sin importar la fecha de vencimiento. Esto nos daría acceso inmediato a los mercados de capital a intereses mucho más razonables.
c. Bajo la sección 13(3) de dicha ley, algunas corporaciones públicas como el Banco Gubernamental de Fomento, la AEE y la Autoridad de Carreteras, podrían beneficiarse de créditos de la Reserva Federal. Esto aliviaría la situación fiscal de estas entidades sin necesidad de seguir metiendo la mano en el bolsillo de nuestra gente.
Lograr acción del presidente Obama va a requerir de una presión fuerte de parte de todos los sectores de nuestro país hablando con una sola voz. La diáspora, que se ha levantado con solidaridad y voz fuerte, tiene que presionar al Congreso y a Obama. No es fácil, pero no es imposible. Lo que es fácil, pero inaceptable, es liberar a Obama de su responsabilidad y poner toda la responsabilidad en el Congreso, que ciertamente representa el peor de los escenarios. Si lo que Obama quiere es que el Congreso republicano pague el costo político que para él representaría ganar capital político (actuando luego unilateralmente como hizo en el caso de la reforma de inmigración), mi reflexión es que en nuestra situación, el tiempo es nuestro mayor enemigo y no hay tiempo para maniobras.
2. Pagar a como dé lugar vs. seguir afectando la economía. Si la deuda no se puede pagar, como el propio Departamento del Tesoro ha indicado, pues creo que llegó el momento de enfrentar ese escenario. Posponer ese momento con medidas de ahorro o eficiencia que no afecten la economía y/o el bolsillo de la gente es el camino a seguir hasta donde sea viable. Pero la pregunta es hasta dónde podemos estirar la sábana. Si para hacer el pago a los bonistas hay que llevar a miles de empleados públicos a una jornada parcial con un recorte significativo en sus salarios, es muy alto el riesgo de que quedemos en una peor situación.
Cuando se habla de una jornada reducida para los empleados públicos, no estamos claros si se trata de un mes o dos meses para hacer unos pagos inmediato, en lo que se logra una solución permanente; o si se trata de una reducción de jornada hasta el fin del año fiscal o indefinida, con el fin de pagar todas las obligaciones del estado con los bonistas, con lo cual que estaremos cayendo en el mismo error de los últimos años y los efectos secundarios de la medicina van a ser peor que la enfermedad. Miles de empleados públicos a quienes se le reduzca su sueldo mensual en 30 o 40 por ciento equivale a miles de hipotecas en riesgo, a miles de carros que se van a tener que entregar a los bancos por falta de pago, a miles de familias que perderían su plan médico, a un incremento vertiginoso de clientes en el ya quebrado plan de salud del gobierno, en fin, se creará un efecto dominó de tal magnitud que el deterioro de la economía será mayor, habrá una reducción aún más grave en el área de los recaudos y al final, tampoco se le va a poder pagar a los bonistas.
Nunca he abogado porque no paguemos por gusto. Mi propuesta de hace más de un año fue trabajar con el gobierno federal para que garantizara o adquiriera nuestra deuda a cambio de unos ajustes en nuestros reclamos futuros de mayor transferencia de fondos federales. Ese es el primer punto del plan que aquí propongo, una participación activa y efectiva del gobierno federal en la solución. Desconozco si el gobierno de Puerto Rico tiene alternativas distintas para cumplir con sus obligaciones a las que se han discutido públicamente, pero si de lo que estamos hablando es de menos servicios y menos ingresos para los empleados públicos, pues es claro que llegamos al momento de la verdad.
Sé que no es fácil para nadie, particularmente para el gobernador, pero todas las partes con interés están advertidas desde hace ya tiempo suficiente, incluidos el gobierno federal y los bonistas. Y si como le dijo el gobernador al New York Times en el verano, la deuda pública es impagable y llegó el momento de hacer unos pagos para los cuales no hay dinero, la única alternativa es enfrentar esa realidad: esos pagos no se pueden hacer. Y si de todas formas Puerto Rico no tiene acceso a los mercados y el gobierno federal sigue, simplemente, dando consejos, el impago total o parcial en estas circunstancias va a tener consecuencias legales pero no, necesariamente, se agravaría la situación fiscal inmediata, pues quizás el impago total o parcial sea lo único que lleve a actuar a los bonistas y al gobierno de Estados Unidos.
3. Demandar al Gobierno de los Estados Unidos. Si Puerto Rico cae en el impago, es seguro el gobierno del Estado Libre Asociado será demandado y ya hay que prepararse para eso. Pero no hay mejor defensiva que una buena ofensiva y por eso desde ya también hay que advertirle al gobierno de Estados Unidos que si somos demandados, Puerto Rico traerá al gobierno federal como codeudor. Hace unos meses escribí sobre la responsabilidad moral y legal que tiene Estados Unidos sobre nuestra deuda pública (ver Sí, deben hacerlo; Sí, pueden hacerlo; y a propósito, también es su deuda, http://acevedovila.net/es/?v=item&id=108). Hoy me reafirmo en algunos elementos bajo los que sostengo que Estados Unidos es codeudor de esos $73,000 millones que debemos.
Nuestra deuda se vendió en el mercado de bonos municipales de Estados Unidos al amparo de una ley federal que le otorga a los bonos del Estado Libre Asociado triple exención contributiva. Sin esa ley federal, vigente desde 1917, Puerto Rico jamás hubiera llegado a los niveles de endeudamiento de hoy. Nuestros bonos, por esta exención, pagaban los rendimientos más altos de todo el mercado municipal. Los bonistas hacían el cálculo y no se preocupaban tanto por nuestra capacidad de pagar, porque el rendimiento era tan alto y libre de contribuciones en todo los Estados Unidos, que para ellos era un negocio redondo. Pero la realidad es que nos prestaron más allá de lo razonable. Tome el ejemplo de la Autoridad de Energía Eléctrica, a la cual le llegaron a prestar $9 billones a pesar de que sus ventas llevan años en descenso y sus ganancias han sido casi nulas o negativas por más de 10 años.
Nuestras corporaciones públicas y entidades gubernamentales no tienen acceso a una ley de quiebras porque el Congreso de Estados Unidos, por capricho, nos removió del Capítulo 9 de la ley federal de quiebras y los tribunales federales han concluido que la intención del Congreso es que no tengamos ningún mecanismo de quiebra, ni siquiera una legislado localmente. La consecuencia de esta acción es fácil de entender: si tuviéramos una ley de quiebras (federal o local) no estaríamos al borde del impago y he ahí parte de su responsabilidad.
Finalmente y más importante, hay un precedente legal que apunta a que la deuda de un territorio es también la deuda del gobierno de Estado Unidos. En el caso de Limtiaco v. Camacho, 549 U.S. 483 (2007), el Tribunal Supremo se enfrentó a una controversia en torno a una propuesta emisión de bonos del gobierno de Guam y en el último párrafo de la opinión judicial se expresa lo siguiente en torno a la naturaleza de una deuda de bonos de un territorio y las posibles consecuencias de la insolvencia del territorio:
«Es cierto que concedemos deferencia a los tribunales territoriales sobre asuntos de interés puramente local. Sin embargo, este caso no se ajusta a ese modelo. La disposición sobre la limitación de deuda protege tanto a los ciudadanos de Guam como a los Estados Unidos de las posibles consecuencias de la insolvencia del territorio. Por lo tanto, este caso no es una cuestión de interés puramente local.»
Si las posibles consecuencias de la insolvencia del territorio no son una cuestión de interés puramente local, ¿entonces qué son? Pues obviamente, según este caso, las posibles consecuencias de la insolvencia de un territorio son un asunto de interés nacional de Estados Unidos, y si es un asunto de interés nacional, la razón es clara: Estados Unidos tiene responsabilidad por la insolvencia financiera de sus territorios. Si bajo la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos, el Congreso tiene plenos poderes sobre los territorios, pues al final del día también tiene plena responsabilidad.
El gobierno federal no puede afirmar que Puerto Rico sigue «estando, como lo está hoy sujeto a la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos» con el fin de negar a Puerto Rico facultades y poderes para resolver nuestra crisis económica y social, para luego darse la vuelta y decir que no tiene ninguna responsabilidad sobre nuestra deuda porque la crisis de la deuda es «un asunto de interés puramente local». No se trata de rehuir nuestra responsabilidad. Se trata de afirmar y reclamar la responsabilidad legal que tiene Estados Unidos. Con los poderes plenarios viene la responsabilidad plenaria.
En resumen, en este momento tan difícil, a la hora de la verdad, nuestras acciones no pueden ser las tradicional. Nuestra economía y el bolsillo de nuestra gente están íntimamente atados y no aguantan más golpes. Exijamos de Obama acción ahora. Si no hay dinero, no paguemos y cuando nos demanden, tengamos la valentía de traer a la demanda al gobierno Estados Unidos. De esta forma y solo de esta forma, quizás logremos que los bonistas y el gobierno federal actúen en apoya al pueblo de Puerto Rico.