Por momentos parece que las decisiones de los últimos 18 meses nos llevan hacia una economía basada en el desconocimiento. Si hay algo sobre lo que hay consenso en Puerto Rico, es en la capacidad de nuestra gente y que ese es nuestro principal recurso económico. Por eso llevamos años hablando de movernos hacia una economía basada en el conocimiento, una economía basada en la capacidad de nuestra gente de crear riquezas con su intelecto, de utilizar el conocimiento como elemento fundamental para generar valor y riqueza por medio de su transformación, de movernos hacia una producción basada en la ciencia y la tecnología, convirtiéndola en un recurso económico. (Véase, entre otros, http://www.sistemasdeconocimiento.org/Produccion_intelectual/articulos/Que_es_la_EC.pdf, http://www.cienciapr.org/news_view.php?id=351, http://www.conacyt.mx/comunicacion/revista/198/Articulos/Economiadelconocimiento/Economiadelconocimiento00.htm, http://www.debidoprocesodeley.com/2008/02/qu-es-la-economa-del-conocimiento.html.) Para eso, la clave está en invertir en la educación a todos los niveles y hacer de la educación una verdadera prioridad de todo gobierno y del país. Desafortunadamente, en los últimos 18 meses hemos visto lo contrario. Lo que hemos visto es la des-inversión en la educación de nuestros niños y jóvenes y la falta de prioridad y coherencia en una política pública educativa.
Llevamos 18 meses sin un verdadero Secretario o Secretaria de Educación y al día de hoy cuando resta poco más de un mes para el inicio del próximo año escolar, no se ve uno en el futuro cercano. Este mes renunció sin explicaciones la persona que en enero de este año el Gobernador anunció con bombos y platillos como que estaría a cargo de la reorganización del área administrativa del Departamento y el Departamento de Educación federal, nuevamente, nos amenaza con ponernos en la lista de jurisdicciones problemáticas a la que nos llevó Víctor Fajardo y de la cual estábamos fuera en diciembre de 2008. En agosto pasado tuvimos el peor inicio de clases que haya visto Puerto Rico en más de 10 años y todo indica que el próximo inicio de clases será igualmente desastroso. A las escuelas las han dejado sin conserjes y sin personal de apoyo; se han reducido los ofrecimientos de arte y otras materias y el proceso de reclutamiento de maestros luce atrasado como nunca. Esta administración ha desmantelado los centros regionales de apoyo a los estudiantes de educación especial y eliminó el programa que iniciamos para que los estudiantes de tercer y cuarto año de escuela superior de nuestras escuelas públicas pudieran tomar el College Board gratis. Es evidente que en el Departamento de Educación no hay liderato ni agenda educativa.
En la Universidad de Puerto Rico, lo que esta pasando tampoco es halagador y más que todo es preocupante. Esta administración le cerró el paso a un candidato a Presidente de la UPR de su partido que lucía como el más capacitado y con mayor apoyo de la academia, para en su lugar promover la selección de un Presidente manipulable y claramente incapacitado para el cargo. En uno de los primeros actos legislativos de este gobierno, la Ley 7 le quitó a la UPR más de $60 millones anuales que le pertenecían por fórmula y revocó un acuerdo firmado en diciembre de 2008 para reponerle a la UPR $36 millones que la Legislatura del PNP le había negado ilegalmente. Proyectos de futuro, como el Centro de Cáncer al lado del Centro Médico y la Ciudad de las Ciencias en el antiguo Oso Blanco, nadie sabe por dónde andan, pero sí se sabe que no son agenda del Gobernador porque nunca los menciona. De hecho, al Centro de Cáncer le quitaron dinero en el presupuesto más reciente presupuesto (para crear barriles de tocino para los legisladores) y aún no han asignado los dineros para hacer operacional el nuevo edificio de Ciencias Moleculares, cuya construcción se está terminando con grandes sacrificios a la entrada de Cupey, en Río Piedras. Los administradores universitarios han guardado un silencio cómplice ante las acciones del Gobernador, de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y de la Legislatura, cuyo contubernio es elocuente para seguir quitándole fondos a la UPR y minar cada vez más y con mayor descaro la autonomía universitaria. Los que gobiernan hoy la Universidad de Puerto Rico no se han atrevido a pedir públicamente que se remedie ese error de la Ley 7, dejando ese justo reclamo únicamente en las voces de los estudiantes, a quienes de paso maltratan y no valoran.
Y como si no fuera suficiente, hoy, luego de una huelga estudiantil sin precedentes que duró más de dos meses y en la que participaron estudiantes, profesores y personal no docente de los 11 recintos del sistema, la reacción del Gobierno luego de lograrse una solución no ha podido ser más anti-universitaria ni anti-conocimiento. La administración universitaria se está negando arbitrariamente a reabrir la Universidad y el Gobierno de Fortuño, con el respaldo pleno de sus legisladores, ha tomado por asalto a la Junta de Síndicos de la UPR nombrando cuatro síndicos nuevos, mientras el Secretario de la Gobernación, cual general a cargo de una guerra universitaria, reniega de los acuerdos logrados en el Tribunal para terminar la huelga. Con estas acciones lo único que han hecho es validar la opinión generalizada de que al Gobernador Fortuño y su gobierno no le importa la UPR y para colmo, son incompetentes para administrarla.
Todo esto va a la esencia de nuestras posibilidades de crecimiento como país en el futuro: la educación. Este Gobierno ha claudicado en su responsabilidad de educar para el futuro. Las dos principales instituciones educativas de nuestro pueblo -el Departamento de Educación y la Universidad de Puerto Rico- están como barco a la deriva y sin nadie en el timón. Si no hay un cambio verdadero pronto en el curso de las políticas públicas establecidas en estos 18 meses, lamentablemente, vamos a terminar en un país donde nuestro futuro dependerá de una nueva política pública jamás imaginada, la de la ECONOMÍA DEL DESCONOCIMIENTO.