El libro ASÍ FUE… ¿Y AHORA QUÉ? ya se fue para la imprenta. Debe estar disponible para la venta en los comercios en noviembre, aunque todavía puedes adquirirlo a través del Internet (editorialcordillera.com) o por teléfono [(787) 767-6188] y lo recibirás por correo anticipadamente.
En el libro hago un recuento, y más importante aún, una reflexión sobre mi cuatrienio en la gobernación utilizando como «pie forzao» los principales discursos que pronuncié durante esos cuatro años. Treinta y dos capítulos, treinta y dos discursos, treinta y dos reflexiones, en orden cronológico. Por la vigencia de lo vivido, en el libro presento estas reflexiones como una aportación a Puerto Rico. Reflexiones sobre lo que ocurrió en aquél momento – ASÍ FUE – y en las ocasiones que entiendo pertinente, reflexiones sobre el momento presente que vivimos – ¿Y AHORA QUÉ?
Para que tengas una idea de lo que puedes esperar en el libro, te adelanto parte de las reflexiones que hago en el capítulo 25. En ese capítulo se reproduce mi último Mensaje de Presupuesto y hago unos señalamientos sobre la controversia que han creado este año en torno a los supuestos nombramientos que se hicieron bajo la supuesta veda electoral. A continuación parte del texto del libro:
Al aprobar el presupuesto para el año 2008-09, la Legislatura del PNP incluyó en la Resolución Conjunta de Presupuesto el siguiente lenguaje:
A partir del 1ro de julio de 2008 y hasta dos meses después de la celebración de las elecciones generales se prohíbe el reclutamiento de personal con cargo a las asignaciones consignadas para gastos de nómina a través de esta Resolución Conjunta, excepto los cambios como resultado de la terminación del periodo probatorio, renovaciones de empelados transitorios e irregulares y la imposición de medidas disciplinarias. Se exceptúa de esta disposición el reclutamiento del personal relacionado al área de la salud, educación y seguridad que preste servicios directamente a la ciudadanía: las Ramas Legislativas y Judicial, los municipios y cualquier otra excepción conforme a las disposiciones establecidas en ley para regular el proceso electoral. Disponiéndose, que durante dicho periodo tampoco podrán tramitarse en los expedientes de personal, nombramientos de ninguna índole con efecto retroactivo.
… Firmé el Presupuesto el 23 de julio de 2008, con una Declaración Explicativa de 17 páginas.
… Nosotros aplicamos la veda electoral con toda la rigurosidad que establece la Ley de Personal y también aplicamos la «veda extra» que los legisladores PNP nos impusieron, pero con la interpretación correcta.
Pero sorpresivamente, la administración Fortuño quiso crear una controversia donde no la hay y aumentar la incertidumbre y ansiedad de los empleados públicos. En su opinión de 9 de julio de 2009 el Secretario de Justicia Sagardía concluye que bajo nuestro ordenamiento constitucional un Gobernador no puede emitir una Declaración Explicativa en la que se instruya a los jefes de la Rama Ejecutiva a interpretar e implantar una disposición de ley de una forma particular. En su opinión, el Secretario omite (o no conoce) que la práctica de firmar leyes acompañándolas de una Declaración Explicativa («signing statement») tiene profundas raíces en la práctica constitucional norteamericana, de donde nosotros replicamos nuestro modelo de separación de poderes. Fue una práctica usada por los Presidentes Ronald Reagan y Bill Clinton y fue intensamente utilizada por el Presidente George W. Bush, dando instrucciones incluso para que un artículo de una ley que acababa de firmar no fuera seguido por las agencias del Ejecutivo porque él entendía que era inconstitucional.
La mayor ironía a la superficialidad de la opinión del Sagardía es que pocos días después, el 8 de agosto de 2009, el diario The New York Times, en su primera plana, reseñó que en solo siete meses, el Presidente Barack Obama había comenzado a utilizar intensamente el mecanismo de la Declaración Explicativa. Me imagino que Sagardía le notificará al Presidente Obama que está actuando ilegal e inconstitucionalmente. (Irónicamente, Sagardía lo que ha hecho es quitarle poderes a su Gobernador cuando en el futuro tenga una controversia sobre la interpretación de una parte de un proyecto de ley aprobado por la Legislatura.)
Debo decir que toda esta controversia artificial que ha creado la administración Fortuño es sobre algo más profundo e importante: están buscando excusas para justificar el despido de miles de empleados públicos. La realidad es que nadie en el presente Gobierno ha podido refutar que le entregamos un Gobierno con 17 mil empleados menos que los que había cuando llegamos al poder en enero de 2005. 17 mil empleados públicos menos sin botar a nadie y sin privatizar.
Como esa es la verdad pero tienen un empeño de botar empleados públicos, usan – y la prensa repite sin profundizar – que desde el 1ero de julio al 31 de diciembre de 2008 se realizaron más de cincuenta mil transacciones de personal. A los que hayan seguido esta reflexión, se habrán dado cuenta del juego de palabras: se trata de «transacciones» no «reclutamientos». Más aún, no dicen que la inmensa mayoría de esas transacciones fueron en el Departamento de Educación por el inicio de clases en agosto. No dicen que miles de esas transacciones son traslados, descensos, ascensos, reubicación de personal, etc., que NO estaban prohibidas por la legislación que ellos aprobaron. Por eso, tras varios meses desde el comienzo del nuevo Gobierno, no se han atrevido a decir públicamente cuántas de esas cincuenta mil transacciones son nuevos nombramientos, ni a cuántos de verdad le aplicaba la «veda extra» que aprobaron. Todo esto es tan cierto, que en su opinión del 9 de julio, el Secretario Sagardía no se atreve a decir que esas transacciones son ilegales, indicando que eso es algo que le corresponde determinar a la Oficina de Recursos Humanos del Estado Libre Asociado(OREHLA), caso a caso.