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“With plenary powers comes plenary responsability; Puerto Rico’s economic and fiscal crisis and the United States”: participación del ex gobernador Acevedo Vilá en el simposio “La deuda pública y el porvernir de Puerto Rico.
Escrito el 3 de febrero de 2016 - Comenta usando tu cuenta de Facebook

Ayer participé en el simposio, “La deuda pública y  el porvenir de Puerto Rico”, auspiciado por la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico.  Mi presentación fue en base a un escrito que será publicado, próximamente, en la Revista, titulado:  With plenary powers comes plenary responsability; Puerto Rico’s economic and fiscal crisis and the United States. 
 
Como sabes, desde el 2014 he estado analizando públicamente la situación fiscal y económica tan difícil que vive Puerto Rico y he presentado diferentes ideas y alternativas.  Como exgobernador, siento que tengo la responsabilidad ineludible de compartir mis reflexiones y recomendaciones para atender los problemas de que enfrentamos como país.
 
Aunque el documento que sometí todavía es un borrador y de seguro sufrirá algunos propios del proceso de edición, te incluyo aquí el enlace a la página de internet de la Revista Jurídica de la UPR, donde puedes accederlo:

Presentación "With plenary powers comes plenary responsability; Puerto Rico’s economic and fiscal crisis and the United States."
 
Saludos cordiales,
 
 
Aníbal

Análisis sobre la visita del Secretario del Tesoro de Estados Unidos
Escrito el 22 de enero de 2016 - Comenta usando tu cuenta de Facebook

Aquí el video de la entrevista que me hicieran anoche en Jugando Pelota Dura. Para su análisis y comentarios.

Posted by Aníbal Acevedo Vilá on Friday, January 22, 2016

NUEVAMENTE: ¿ESTAMOS LISTOS?
Escrito el 20 de enero de 2016 - Comenta usando tu cuenta de Facebook

El 29 de diciembre del año que acaba de terminar compartí con ustedes unas reflexiones sobre el momento que vive el país y el tema de status. Ante los importantes desarrollos ocurridos en los primeros días de este nuevo año, particularmente, la vista ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos y la nueva posición del Partido Popular sobre status, repito el escrito con algunas adiciones y actualizo mis reflexiones (en negrillas) para que juntos podamos iniciar un proceso de discusión y movernos hacia delante.

Era mi segundo año como gobernador cuando en la primera mitad de 2006 fui a Washington D.C. para una serie de reuniones con funcionarios federales sobre asuntos de Puerto Rico, mayormente, temas de desarrollo económico. Una de las personas con las que me reuní fue la entonces senadora por Nueva York, Hillary Clinton, con quien había trabajado temas relacionados a la isla cuando fui comisionado residente y con quien tenía una relación de trabajo muy cordial. A la reunión me acompañaron el entonces director de la Administración de Asuntos Federales (PRFAA, por sus siglas en inglés), Eduardo Bhatia y el secretario de Desarrollo Económico, Jorge Silva Puras.

Aunque la reunión era para hablar de temas económicos, dos desarrollos recientes en ese momento me llevaron a hacer un cambio en la agenda. El primero ocurrió el 22 de diciembre de 2005, cuando el grupo especial de trabajo sobre Puerto Rico de la presidencia de George W. Bush rindió su primer informe sobre status, el cual concluía que el ELA continuaba siendo un territorio bajo los poderes plenarios del Congreso; y el segundo se suscitó casi coincidiendo con mi reunión, pues se había presentado en el Senado federal el proyecto 2661, que se fundamentaba en ese informe y tenía como coauspiciadora a la senadora Clinton.

Mi intención era conversar brevemente con ella sobre status y luego pasar a los asuntos para los cuales le había pedido la cita, pero la conversación tomó un giro inesperado. Hillary no solo había respaldado en su totalidad el proyecto recién presentado, sino todas las conclusiones del informe del Task Force de Casa Blanca. Recuerdo con claridad que el momento más tenso de la conversación y que resume su esencia, fue cuando yo le pregunté: “are you telling me that you think you have the power to pass a law now saying I am no longer the governor of Puerto Rico” (“usted me está diciendo que cree que tiene el poder para aprobar una ley que diga que yo no soy más el gobernador de Puerto Rico”); y su respuesta fue breve pero contundente: “we will never do it, but yes, we do” (“nunca lo haremos, pero sí, lo tenemos”). Mi reacción como estadolibrista fue desafiante y le dije: “I dare you to do it to prove you wrong in court” (“la reto a que lo haga para probarle en los tribunales que está equivocada”). De más está decir que ese fue el fin de la reunión.

Hoy, con el beneficio de la distancia y de la experiencia, ya el coraje con Hillary se me pasó. Ella, simplemente, me estaba diciendo su verdad, una verdad que hoy ya sabemos que es la posición oficial del Congreso de Estados Unidos y de la rama ejecutiva del gobierno federal y, como sabemos, fue uno de los temas principales en la vista reciente ante el Tribunal Supremo estadounidense.

Las palabras privadas de Hillary de 2006 se convirtieron hace unos meses en propuestas legislativas de senadores y representantes muy poderosos. El proyecto del Senado de los senadores Hatch, Grassley y Murkowski, y el proyecto de la Cámara del representante Duffy, proponiendo el nombramiento de una junta federal que usurparía los poderes del gobernador y la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, son la más clara exposición legislativa de la visión que tiene el Congreso de que ellos tienen poderes plenarios sobre Puerto Rico porque somos un mero territorio. Resulta curioso y revelador que los amigos de Puerto Rico que se oponen a estos proyectos no ponen en duda el poder que tiene el Congreso sobre nosotros. Nadie ha dicho que esos proyectos son inconstitucionales o que violarían el ‘pacto’ de 1952. Lo que dicen nuestros amigos es que no deben ejercer ese poder en este momento. Las diferencias son mínimas en lo esencial: unos entienden que tienen el poder y lo van a ejercer burdamente si es necesario, y otros como Hillary, entienden que aunque tienen el poder no lo van a ejercer porque no van a llegar tan lejos.

El escrito presentado en diciembre pasado por el Departamento de Justicia federal ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos lo que hace es darle formato de argumento legal a lo que ya era la posición de ese departamento desde 1994. Tanto en el alegato presentado ante la corte como en la vista oral, el Departamento de Justicia de Estados Unidos citó como autoridad los dos informes del grupo de trabajo especial sobre Puerto Rico de los presidentes George W. Bush y Barack Obama. El lenguaje del alegato es crudo pero para los que hemos vivido y dado estas batallas en Washington no es nuevo, excepto por la gran diferencia de que ahora es público y constituye la posición oficial de la rama ejecutiva de Estados Unidos y parece responder a la posición de algunos de los jueces del Tribunal Supremo federal.

Durante algunos de los intercambios que hubo en la vista entre los jueces y los abogados de las partes no pude evitar recordar el intercambio que tuve con Hillary. Para algunos jueces del Tribunal Supremo, el Congreso tiene el poder de derogar y modificar unilateralmente la Constitución del ELA, aunque, igual que Hillary, “we will never do it”.

Repasemos algunos de estos intercambios. En un diálogo con el abogado de Puerto Rico sobre si el Congreso, hipotéticamente, podría decirle a Puerto Rico qué crímenes puede procesar y cuáles no, el juez Scalia hizo el siguiente comentario:

“That doesn't mean it couldn't. That doesn't mean it couldn't change the law”.

Y más adelante, en otro intercambio con la jueza Kagan, cuando nuestro abogado hizo referencia a que en el proceso de 1950-52 el Congreso endosó el concepto de gobierno por consentimiento, la jueza Kagan hizo el siguiente comentario-pregunta:

“Well, but Congress today, if it felt like it and of course it won't. But if it felt like it, could Congress go back on that decision?”

Esas dos intervenciones son muy parecidas a lo que la hoy candidata presidencial me dijo en privado en el 2006.


No puedo negar la ironía de que sea el Departamento de Justicia de Obama (a quien yo respaldé en 2008 en contra de Hillary) el que ponga en blanco y negro para el récord ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos lo que Hillary me dijo en privado y lo importante es que en lo esencial, no hay diferencias.

Por eso fue qué en agosto de 2014, anticipando lo que venía, señalé en mi último libro lo siguiente:

“la realidad es que la teoría del pacto bilateral y el consentimiento mutuo no la defiende nadie en Washington, en la Casa Blanca ni en el Congreso. El informe de status de la administración Obama de 2011 dice, claramente, que Puerto Rico sigue bajo la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos, y niega el carácter de bilateralidad y consentimiento de la relación. Incluso los amigos en Washington del ELA actual, lo que defienden es nuestro derecho a decidir y en algunos casos se oponen tenazmente a la estadidad, pero no defienden abiertamente los postulados históricos del Partido Popular Democrático sobre el ELA.”

Ya no hay más tiempo que perder. El primer paso para poder transformar el presente es aceptar la realidad. El Partido Popular ha comenzado a dar los pasos en esa dirección al aprobar una resolución en su primera reunión de Junta de Gobierno de este año 2016, en la que reconoce la magnitud del reto que enfrentamos como país. Y aunque el escenario final sobre el cual habremos de actuar lo sabremos cuando el Tribunal Supremo emita su decisión, es necesario entender dónde estamos y comenzar a delinear el camino hacia dónde vamos.

Con quien Puerto Rico interactúa continuamente es con la rama ejecutiva y la rama legislativa federal. Esos son los que nos dan y nos quitan, los que nos oyen y desoyen y para los que, claramente, no somos de alta prioridad o ninguna prioridad. Para esos somos meramente un territorio, una posesión de la que pueden disponer como les plazca, cuando les plazca. Lamentablemente, nada de eso va a cambiar por lo que decida el Tribunal Supremo.

No obstante, este caso sí tiene importancia, porque al menos puede aclarar algunos de los poderes limitados que tenemos hoy y eso es mejor que lo que dice el Departamento de Justicia federal en su alegato. Y quedó claro de la vista judicial que no hay un consenso en ese tribunal para reconocer el alcance y el carácter bilateral de lo ocurrido en 1952. Aunque algunos jueces cuestionaron la posición cruda y tajante de la administración Obama, no hubo un sentido de indignación colectiva entre los miembros de ese máximo foro judicial y tampoco una disposición mayoritaria y clara de los jueces y juezas para defender los postulados históricos del ELA como un pacto bilateral adoptado por consentimiento mutuo.

¿Qué va a decidir el Tribunal Supremo? No es mi propósito entrar en la difícil tarea de adivinar, pero sí estoy claro en lo que este caso NO va a decidir ni a lograr.
Este caso no va a decidir que nos tienen que dar nuevas herramientas económicas para salir de nuestra crisis fiscal. Este caso no va a decidir que el Congreso y el presidente Clinton cometieron un error económico fatal al derogar la sección 936 del código federal de rentas internas y mucho menos va a ordenar que se reponga. Este caso no va a decidir que nos tienen que dar acceso al capítulo 9 de la ley federal quiebras. Este caso no va a decidir que es discriminatorio que nos obliguen a cumplir con la ley de cabotaje. Este caso no va a decidir cómo mantenemos los programas federales de salud, para los cuales nos exigen que cumplamos con sus normas, pero la cantidad de fondos que recibimos no es igual que la que reciben otras jurisdicciones. En fin, este caso no va a decirle a la rama ejecutiva y la rama legislativa federal que nos tienen que tratar con dignidad.

Si administraciones republicanas y demócratas, tanto en la Casa Blanca como en el Congreso, llevan más de 25 años negándonos los elementos de dignidad más básicos y herramientas necesarias de desarrollo económico, ¿qué nos puede dar el Tribunal Supremo de Estados Unidos? Los derechos políticos se obtienen de las ramas políticas del gobierno y los poderes económicos que necesitamos solo saldrán del Congreso y la rama ejecutiva. El Tribunal Supremo no tiene el poder de ordenarle a las otras dos ramas de gobierno que nos garanticen dignidad y respeto político y los poderes económicos que nos merecemos.

Por esto es que tras la vista ante el Supremo, repito lo que dije el 29 de diciembre pasado: tenemos que anticipar los pasos que vamos a dar mientras se espera por la decisión de la corte. La única solución real es movernos, apoderarnos y transformar nuestra realidad. Para nosotros, especialmente, para los estadolibristas, es hora de movernos. Ya el nuevo liderato del PPD ha dado señales de movimiento al aprobar en su primera reunión de su Junta de Gobierno este año que el ELA tiene que ser no-colonial y no-territorial. Esas palabras, que lamentablemente fueron borradas de los documentos oficiales del partido en los últimos años, han sido restauradas, reafirmando así una nueva voluntad de cambio.

Pero el diálogo y plan de acción no pueden esperar. Con los vientos que soplan en el Congreso, es urgente que como estadolibristas y populares nos preparemos para enfrentar y confrontar estas acciones. La creación de una junta fiscal federal para Puerto Rico parte de la premisa compartida entre Congreso republicano y el presidente Obama de que ellos tienen poderes plenarios sobre Puerto Rico. Esa es una realidad que tenemos que enfrentar en las próximas semanas antes de que el Tribunal Supremo decida. El tiempo apremia.


Si repetida y reiteradamente el Congreso y el ejecutivo nos dicen y nos tratan como un territorio, como una mera posesión, de nada vale que les gritemos que no lo somos. Yo, que me gané mis primeros galones en la vida pública puertorriqueña luchando en 1997-98 contra el proyecto Young, precisamente porque decía que éramos un territorio; y que movilicé a mi partido y a la mayoría del país a votar en 1998 por ninguna de las anteriores por esas mismas razones, les digo que esa ya no es la batalla que hay que dar. La batalla no es negar esa realidad sino transformarla. Los estadolibristas nos hemos ganado el derecho a una segunda oportunidad, pero hay que salir a buscarla y luchar por ella con inteligencia, astucia y estrategia. Con nuevos caminos, pero no para viejos objetivos sino para objetivos nuevos y diferentes. De eso es que tenemos que empezar a hablar, pensar, dialogar y reflexionar. Para eso, le pregunto a los populares y a los estadolibristas, ¿estamos listos? De eso se trata el futuro. Yo, estoy listo.

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¿ESTAMOS LISTOS?
Escrito el 29 de diciembre de 2015 - Comenta usando tu cuenta de Facebook


En la vida nada sustituye las experiencias vividas y cómo ellas te sirven para entender el presente y enfrentar los retos del futuro. En el eterno tema del status de Puerto Rico, si no aprendemos de lo vivido, parafraseando a Gabriel García Márquez en “Cien años de soledad”, estaremos condenados a la colonia y no tendremos “una segunda oportunidad sobre la tierra”.

Era mi segundo año como gobernador. En la primera mitad de 2006 fui a Washington D.C. para una serie de reuniones con funcionarios federales sobre asuntos de Puerto Rico, mayormente, temas de desarrollo económico. Una de las personas con las que me reuní fue la entonces senadora por Nueva York, Hillary Clinton, con quien había trabajado temas relacionados a Puerto Rico cuando fui comisionado residente y con quien tenía una relación de trabajo muy cordial. A la reunión me acompañaron el director de la Administración de Asuntos Federales (PRFAA, por sus siglas en inglés), Eduardo Bhatia y el secretario de Desarrollo Económico, Jorge Silva Puras.

Aunque la reunión era para hablar de temas económicos, dos desarrollos recientes en ese momento me llevaron a hacer un cambio en la agenda con la senadora. El primero ocurrió el 22 de diciembre de 2005, cuando el grupo especial de trabajo sobre Puerto Rico de la presidencia de George W. Bush rindió su primer informe sobre status, el cual concluía que el ELA continuaba siendo un territorio bajo los poderes plenarios del Congreso; y el segundo se suscitó casi coincidiendo con mi reunión, pues se había presentado en el Senado federal el proyecto 2661, que se fundamentaba en ese informe y tenía como coauspiciadora a la senadora Clinton.

Mi intención era conversar brevemente con ella sobre status y luego pasar a los asuntos para los cuales le había pedido la cita, pero la conversación tomó lo que para mí en aquél momento fue un giro inesperado. Hillary respaldó no solo el proyecto recién presentado en su totalidad, sino todas las conclusiones del informe del Task Force de Casa Blanca. Recuerdo con claridad que el momento más tenso de la conversación y que resume su esencia, fue cuando yo le pregunté: “are you telling me that you think you have the power to pass a law now saying I am no longer the governor of Puerto Rico” (“usted me está diciendo que cree que tiene el poder para aprobar una ley que diga que yo no soy más el gobernador de Puerto Rico”); y su respuesta fue breve pero contundente: “we will never do it, but yes, we do” (“nunca lo haremos, pero sí, lo tenemos”). Mi reacción como estadolibrista fue desafiante y le dije: “I dare you to do it to prove you wrong in court” (“lo reto a que lo haga para probarle en los tribunales que está equivocada”). De más está decir que ese fue el fin de la reunión.

Hoy, con el beneficio de la distancia y de la experiencia, ya el coraje con Hillary se me pasó. Ella simplemente me estaba diciendo su verdad, una verdad que hoy ya sabemos que es la posición oficial del Congreso de Estados Unidos y de la rama ejecutiva del gobierno federal.

Las palabras privadas de Hillary de 2006 se convirtieron hace unos meses en propuestas legislativas de senadores y representantes muy poderosos. El proyecto del Senado de los senadores Hatch, Grassley y Murkowski, y el proyecto de la Cámara del representante Duffy, nombrando una junta federal que usurparía los poderes del gobernador y la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, son la más clara exposición legislativa de la visión que tiene el Congreso de que ellos tienen poderes plenarios sobre Puerto Rico porque somos un mero territorio. Resulta curioso y revelador que los amigos de Puerto Rico que se oponen a estos proyectos no ponen en duda el poder que tiene el Congreso sobre nosotros. Nadie ha dicho que esos proyectos son inconstitucionales o que violarían el ‘pacto’ de 1952. Lo que dicen nuestros amigos es que no deben ejercer ese poder en este momento. Las diferencias son mínimas en lo esencial: unos entienden que tienen el poder y lo van a ejercer burdamente si es necesario, y otros como Hillary, entienden que tienen el poder pero no lo van a ejercer porque son “más buenos y comprehensivos”.

El escrito presentado este mes de diciembre por el Departamento de Justicia federal ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos lo que hace es darle formato de argumento legal en el contexto de un caso concreto a lo que ya era la posición de ese departamento desde el 1994. El lenguaje del alegato es crudo y mordaz, pero para los que hemos vivido y dado estas batallas en Washington no es nada nuevo. No puedo negar la ironía de que sea el Departamento de Justicia de Obama (a quien yo respaldé en 2008 en contra de Hillary) el que ponga en blanco y negro para el récord ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos lo que Hillary me dijo en privado. Lo importante es que en lo esencial no hay diferencias.

Por eso fue qué en agosto de 2014, anticipando lo que venía, señalé en mi último libro lo siguiente:

“la realidad es que la teoría del pacto bilateral y el consentimiento mutuo no la defiende nadie en Washington, en la Casa Blanca ni en el Congreso. El informe de status de la administración Obama de 2011 dice, claramente, que Puerto Rico sigue bajo la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos, y niega el carácter de bilateralidad y consentimiento de la relación. Incluso los amigos en Washington del ELA actual, lo que defienden es nuestro derecho a decidir y en algunos casos se oponen tenazmente a la estadidad, pero no defienden abiertamente los postulados históricos del Partido Popular Democrático sobre el ELA.”

Ya no hay más tiempo que perder. El primer paso para poder transformar el presente es aceptar la realidad. Sé que en las próximas semanas muchos estadolibristas vivirán de la esperanza de que todo esto se aclarará pronto por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, pero esa no esa no es la realidad.

Con quien Puerto Rico interactúa continuamente es con la Rama Ejecutiva y la Rama Legislativa federal. Esos son los que nos dan y nos quitan, los que nos oyen y desoyen y para los que claramente no somos de alta prioridad o ninguna prioridad. Para esos somos meramente un territorio, una posesión de la que pueden disponer como les plazca, cuando les plazca. Nada de eso va a cambiar por lo que decida el Tribunal Supremo.

Este caso sí tiene importancia, porque al menos puede aclarar algunos de los poderes limitados que tenemos hoy. Y eso es mejor que lo que dice el Departamento de Justicia federal en su alegato. Pero ese caso no va a decir que esos poderes que tenemos hoy no nos los pueden quitar mañana. Ese caso no va a decidir que nos tienen que dar nuevas herramientas económicas para salir de nuestra crisis fiscal y económica. Ese caso no va a decir que nos tienen que dar el Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal. Ese caso no va a decir que es discriminatorio que nos obliguen a cumplir con la Ley de Cabotaje. Ese caso no va a decidir cómo mantenemos los programas federales de salud, para los cuales nos exigen que cumplamos con las normas de calidad de ellos, pero no nos dan los mismos fondos que le dan a las demás jurisdicciones. En fin, ese caso no va a decirle a la Rama Ejecutiva y la Rama Legislativa que nos tienen que tratar con dignidad.

En el mejor de los escenarios, ese caso va a decir lo que dijo el Tribunal federal de Apelaciones de Boston estableció hace más de 25 años: que para propósitos de la cláusula constitucional de doble exposición, Puerto Rico es como las tribus indias americanas. Sí, eso fue lo que resolvió Boston hace más de 25 años y nada cambió en Puerto Rico ni en Washington, D.C.

Poner todas las esperanzas en lo que va a resolver el Supremo federal no es sino procrastinar en lo inevitable, tenemos que movernos. La única solución es movernos, apoderarnos y transformar nuestra realidad. Para nosotros, especialmente para los estadolibristas, es hora de movernos.

Si repetida y reiteradamente el Congreso y el Ejecutivo nos dicen y nos tratan como un territorio, como una mera posesión, de nada vale que les gritemos que no lo somos. Yo, que me gané mis primeros galones en la vida pública puertorriqueña luchando en 1997-98 contra el Proyecto Young, precisamente porque decía que éramos un territorio, y que movilicé a mi partido y a la mayoría del país a votar en 1998 por ninguna de las anteriores por esas mismas razones, les digo que ya esa no es la batalla que hay que dar. La batalla no es negar esa realidad, es transformarla. No estamos condenados, nos merecemos una segunda oportunidad, pero hay que salir a buscarla y luchar por ella con inteligencia, astucia y estrategia. Con nuevos caminos, pero no para viejos objetivos sino para objetivos nuevos y diferentes. Para eso, le pregunto a los populares y a los estadolibristas, ¿estamos listos? De eso se trata el futuro. Yo, estoy listo.


La hora de la verdad
Escrito el 9 de noviembre de 2015 - Comenta usando tu cuenta de Facebook


Terminada la semana de encuesta y su música del juego de sillas, debemos mirar como país lo que está a la vuelta de la esquina: un gobierno que el propio gobierno de Estados Unidos reconoce que se va a quedar sin dinero en cuestión de días. Según el más reciente informe del Banco de Fomento, cómo sospechábamos, las medidas tomadas para tratar de aumentar los recaudos y la liquidez han tenido el efecto contrario y se ha afectado la economía y la confianza de los consumidores. Para muestra dos botones bastan: primero, secuestrar los reintegros ha tenido el efecto de que los contribuyentes asalariados han bajado sus tasas de retención, afectando los recaudos y, segundo, el aumento en el IVU (IVA) ha aguantado al consumidor, que está comprando menos, disminuyendo también los recaudos (si hubiera subido a16%, imagínense lo que estaría pasando).

A la misma vez, no hay ninguna señal de que el Congreso de Estados Unidos va a actuar sobre alguna de las propuestas de la administración Obama y parece que sigue acercándose el día en que el gobernador va a tener que escoger entre limitar la jornada de miles de empleados públicos o no pagar los bonos cuyos términos vencen entre noviembre y enero. Y ni hablar de la posibilidad de aumentos en las tarifas de agua y la luz, que según informes de prensa, no están descartados.

Ante este escenario, la respuesta no puede ser seguir cargando el bolsillo de nuestra gente porque la experiencia ya nos ha demostrado que mientras más se afecta el bolsillo del consumidor, las proyecciones de recaudos del gobierno no se cumplen porque la economía en general se afecta. Tampoco podemos quedarnos cruzados de brazos esperando un milagro.

Es por estas razones que he pensado en tres pasos simultáneos, en tres niveles y tres escenarios distintos, que explico a continuación.

1. Aumentar la presión al Presidente Obama. Pretender decir que quien único puede actuar es el Congreso republicano es falso, la rama ejecutiva federal tiene el poder de actuar. El estudio del profesor y economista Arturo Estrella, encomendado por la Fundación Carvajal y publicado recientemente, establece que el Banco de la Reserva Federal (que se ha expresado pero no a hecho nada sobre el tema de Puerto Rico y sus crisis fiscal), conjuntamente con el Departamento del Tesoro, pueden tomar acciones inmediatas sin la necesidad de autorización del Congreso. (Estrella, Arturo, Puerto Rico Government Debt and the U.S. Federal Government, Fundación Francisco Carvajal, 1915, http://sincomillas.com/wp-content/uploads/2015/10/Estudio-Fundación-Carvajal.pdf). Según este estudio,
a. Al amparo de la sección 14(2) del Federal Reserve Act, el Banco de la Reserva puede comprar deuda de Puerto Rico con vencimiento de seis meses. Eso resolvería el problema de liquidez a corto plazo, permitiría el pago de la deuda, evitaría un cierre parcial o que se reduzca la jornada de los empleados públicos.
b. Mediante esa misma sección y tratando a Puerto Rico como una jurisdicción extranjera -algo que ya somos para propósitos del código federal de rentas internas y también bajo ciertas regulaciones del propio Banco de la Reserva- éste puede comprar deuda de Puerto Rico sin importar la fecha de vencimiento. Esto nos daría acceso inmediato a los mercados de capital a intereses mucho más razonables.
c. Bajo la sección 13(3) de dicha ley, algunas corporaciones públicas como el Banco Gubernamental de Fomento, la AEE y la Autoridad de Carreteras, podrían beneficiarse de créditos de la Reserva Federal. Esto aliviaría la situación fiscal de estas entidades sin necesidad de seguir metiendo la mano en el bolsillo de nuestra gente.

Lograr acción del presidente Obama va a requerir de una presión fuerte de parte de todos los sectores de nuestro país hablando con una sola voz. La diáspora, que se ha levantado con solidaridad y voz fuerte, tiene que presionar al Congreso y a Obama. No es fácil, pero no es imposible. Lo que es fácil, pero inaceptable, es liberar a Obama de su responsabilidad y poner toda la responsabilidad en el Congreso, que ciertamente representa el peor de los escenarios. Si lo que Obama quiere es que el Congreso republicano pague el costo político que para él representaría ganar capital político (actuando luego unilateralmente como hizo en el caso de la reforma de inmigración), mi reflexión es que en nuestra situación, el tiempo es nuestro mayor enemigo y no hay tiempo para maniobras.

2. Pagar a como dé lugar vs. seguir afectando la economía. Si la deuda no se puede pagar, como el propio Departamento del Tesoro ha indicado, pues creo que llegó el momento de enfrentar ese escenario. Posponer ese momento con medidas de ahorro o eficiencia que no afecten la economía y/o el bolsillo de la gente es el camino a seguir hasta donde sea viable. Pero la pregunta es hasta dónde podemos estirar la sábana. Si para hacer el pago a los bonistas hay que llevar a miles de empleados públicos a una jornada parcial con un recorte significativo en sus salarios, es muy alto el riesgo de que quedemos en una peor situación.

Cuando se habla de una jornada reducida para los empleados públicos, no estamos claros si se trata de un mes o dos meses para hacer unos pagos inmediato, en lo que se logra una solución permanente; o si se trata de una reducción de jornada hasta el fin del año fiscal o indefinida, con el fin de pagar todas las obligaciones del estado con los bonistas, con lo cual que estaremos cayendo en el mismo error de los últimos años y los efectos secundarios de la medicina van a ser peor que la enfermedad. Miles de empleados públicos a quienes se le reduzca su sueldo mensual en 30 o 40 por ciento equivale a miles de hipotecas en riesgo, a miles de carros que se van a tener que entregar a los bancos por falta de pago, a miles de familias que perderían su plan médico, a un incremento vertiginoso de clientes en el ya quebrado plan de salud del gobierno, en fin, se creará un efecto dominó de tal magnitud que el deterioro de la economía será mayor, habrá una reducción aún más grave en el área de los recaudos y al final, tampoco se le va a poder pagar a los bonistas.

Nunca he abogado porque no paguemos por gusto. Mi propuesta de hace más de un año fue trabajar con el gobierno federal para que garantizara o adquiriera nuestra deuda a cambio de unos ajustes en nuestros reclamos futuros de mayor transferencia de fondos federales. Ese es el primer punto del plan que aquí propongo, una participación activa y efectiva del gobierno federal en la solución. Desconozco si el gobierno de Puerto Rico tiene alternativas distintas para cumplir con sus obligaciones a las que se han discutido públicamente, pero si de lo que estamos hablando es de menos servicios y menos ingresos para los empleados públicos, pues es claro que llegamos al momento de la verdad.

Sé que no es fácil para nadie, particularmente para el gobernador, pero todas las partes con interés están advertidas desde hace ya tiempo suficiente, incluidos el gobierno federal y los bonistas. Y si como le dijo el gobernador al New York Times en el verano, la deuda pública es impagable y llegó el momento de hacer unos pagos para los cuales no hay dinero, la única alternativa es enfrentar esa realidad: esos pagos no se pueden hacer. Y si de todas formas Puerto Rico no tiene acceso a los mercados y el gobierno federal sigue, simplemente, dando consejos, el impago total o parcial en estas circunstancias va a tener consecuencias legales pero no, necesariamente, se agravaría la situación fiscal inmediata, pues quizás el impago total o parcial sea lo único que lleve a actuar a los bonistas y al gobierno de Estados Unidos.

3. Demandar al Gobierno de los Estados Unidos. Si Puerto Rico cae en el impago, es seguro el gobierno del Estado Libre Asociado será demandado y ya hay que prepararse para eso. Pero no hay mejor defensiva que una buena ofensiva y por eso desde ya también hay que advertirle al gobierno de Estados Unidos que si somos demandados, Puerto Rico traerá al gobierno federal como codeudor. Hace unos meses escribí sobre la responsabilidad moral y legal que tiene Estados Unidos sobre nuestra deuda pública (ver Sí, deben hacerlo; Sí, pueden hacerlo; y a propósito, también es su deuda, http://acevedovila.net/es/?v=item&id=108). Hoy me reafirmo en algunos elementos bajo los que sostengo que Estados Unidos es codeudor de esos $73,000 millones que debemos.

• Nuestra deuda se vendió en el mercado de bonos municipales de Estados Unidos al amparo de una ley federal que le otorga a los bonos del Estado Libre Asociado triple exención contributiva. Sin esa ley federal, vigente desde 1917, Puerto Rico jamás hubiera llegado a los niveles de endeudamiento de hoy. Nuestros bonos, por esta exención, pagaban los rendimientos más altos de todo el mercado municipal. Los bonistas hacían el cálculo y no se preocupaban tanto por nuestra capacidad de pagar, porque el rendimiento era tan alto y libre de contribuciones en todo los Estados Unidos, que para ellos era un negocio redondo. Pero la realidad es que nos prestaron más allá de lo razonable. Tome el ejemplo de la Autoridad de Energía Eléctrica, a la cual le llegaron a prestar $9 billones a pesar de que sus ventas llevan años en descenso y sus ganancias han sido casi nulas o negativas por más de 10 años.

• Nuestras corporaciones públicas y entidades gubernamentales no tienen acceso a una ley de quiebras porque el Congreso de Estados Unidos, por capricho, nos removió del Capítulo 9 de la ley federal de quiebras y los tribunales federales han concluido que la intención del Congreso es que no tengamos ningún mecanismo de quiebra, ni siquiera una legislado localmente. La consecuencia de esta acción es fácil de entender: si tuviéramos una ley de quiebras (federal o local) no estaríamos al borde del impago y he ahí parte de su responsabilidad.

• Finalmente y más importante, hay un precedente legal que apunta a que la deuda de un territorio es también la deuda del gobierno de Estado Unidos. En el caso de Limtiaco v. Camacho, 549 U.S. 483 (2007), el Tribunal Supremo se enfrentó a una controversia en torno a una propuesta emisión de bonos del gobierno de Guam y en el último párrafo de la opinión judicial se expresa lo siguiente en torno a la naturaleza de una deuda de bonos de un territorio y las posibles consecuencias de la insolvencia del territorio:

"Es cierto que concedemos deferencia a los tribunales territoriales sobre asuntos de interés puramente local. Sin embargo, este caso no se ajusta a ese modelo. La disposición sobre la limitación de deuda protege tanto a los ciudadanos de Guam como a los Estados Unidos de las posibles consecuencias de la insolvencia del territorio. Por lo tanto, este caso no es una cuestión de interés puramente local."

Si “las posibles consecuencias de la insolvencia del territorio… no son una cuestión de interés puramente local”, ¿entonces qué son? Pues obviamente, según este caso, las posibles consecuencias de la insolvencia de un territorio son un asunto de interés nacional de Estados Unidos, y si es un asunto de interés nacional, la razón es clara: Estados Unidos tiene responsabilidad por la insolvencia financiera de sus territorios. Si bajo la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos, el Congreso tiene plenos poderes sobre los territorios, pues al final del día también tiene plena responsabilidad.

El gobierno federal no puede afirmar que Puerto Rico sigue "estando, como lo está hoy sujeto a la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos" con el fin de negar a Puerto Rico facultades y poderes para resolver nuestra crisis económica y social, para luego darse la vuelta y decir que no tiene ninguna responsabilidad sobre nuestra deuda porque la crisis de la deuda es "un asunto de interés puramente local". No se trata de rehuir nuestra responsabilidad. Se trata de afirmar y reclamar la responsabilidad legal que tiene Estados Unidos. Con los poderes plenarios viene la responsabilidad plenaria.

En resumen, en este momento tan difícil, a la hora de la verdad, nuestras acciones no pueden ser las tradicional. Nuestra economía y el bolsillo de nuestra gente están íntimamente atados y no aguantan más golpes. Exijamos de Obama acción ahora. Si no hay dinero, no paguemos y cuando nos demanden, tengamos la valentía de traer a la demanda al gobierno Estados Unidos. De esta forma y solo de esta forma, quizás logremos que los bonistas y el gobierno federal actúen en apoya al pueblo de Puerto Rico.


* No incluye costo de manejo y franqueo.
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Escritos Adicionales

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La hora de la verdad

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Aumento al salario mínimo: impulso económico y justicia social

Reacciones iniciales al "Plan de Obama" sobre Puerto Rico

Initial reaction to the "Obama Plan on Puerto Rico" (Translation)

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