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Lo bueno, lo malo y lo feo
Escrito el 3 de marzo de 2014 - Comenta usando tu cuenta de Facebook

En Casandra la semana pasada, comenté y analicé las consecuencias devastadoras que tuvieron y siguen teniendo las políticas festinadas de Pedro Rosselló. La realidad es que todos los gobiernos posteriores al de Rosselló, incluyendo el de Luis Fortuño, sufrieron las consecuencias de esas políticas y tuvieron que buscar recursos para pagar por lo que Rosselló dejó sin pagar y para tratar de cubrir el déficit estructural que produjo la Tarjeta de Salud y otros de sus proyectos. Hasta Rosselló, la norma histórica había sido que un gobernador saliente dejaba el dinero asignado para sus obras, si no le daba el tiempo de inaugurarlas en su término, y entonces las inauguraba el próximo gobernador. Así fue, por ejemplo, el Puente Teodoro Moscoso, inaugurado por Rosselló, pero para el cual Rafael Hernández Colón dejó el financiamiento resuelto. Con Rosselló, la ecuación cambió, y para mal. Los gobernadores siguientes terminaron de construir sus obras pero además tuvieron que buscar los fondos para pagarlas, porque él no se preocupó de ello.

En ánimo de entender cómo llegamos a dónde estamos y encontrar la ruta correcta hacia el futuro, propongo que demos una mirada objetiva a las transacciones financieras que le correspondió hacer a mi gobierno.

Con frecuencia leo y escucho que mi gobierno tomó prestado más de $17 mil millones en emisiones de bonos, pero el análisis no pasa de ahí. Sin embargo, si se profundiza vamos a encontrar que de las emisiones de bonos que se le atribuyen a mi cuatrienio (ver tabla adjunta), cerca del 50% de los fondos de dichas emisiones fueron para pagar deudas contraídas en cuatrienios anteriores al mío o fueron emisiones que no comprometieron al Gobierno de Puerto Rico. Eso significa que, en realidad, el cuatrienio 2005-2008 tuvo uno de los crecimientos más bajos en deuda nueva y la mayoría de esa nueva deuda se invirtió en proyectos de infraestructura para los cuales sí se dejó fuente de pago. Varios proyectos de infraestructura que inauguró Fortuño fueron iniciados durante mi administración y todos tenían fuente de pago.

Veamos lo bueno, la malo y lo feo del financiamiento público, aunque no, necesariamente, en ese orden. Durante mi cuatrienio, se destaca entre el listado de emisiones de bonos, la que se hizo en marzo de 2006 por $468 millones, que se utilizó en su totalidad, para pagar la deuda en que se había incurrido con el Banco Gubernamental de Fomento bajo Pedro Rosselló para construir el Centro de Convenciones que hoy lleva su nombre. En palabras sencillas, Rosselló comprometió a Puerto Rico con esa obra sin poner un solo centavo y le tocó a mi administración buscar los dineros para pagarla. Feo.

En diciembre 2005, la Agencia de Financiamiento Municipal del Banco Gubernamental de Fomento hizo una emisión de bonos de $413 millones para pagar préstamos de años anteriores a los municipios. Nuevamente, se trató de una gestión financiera para pagar deuda contraída antes de yo ser gobernador y que tampoco tenía fuente de pago. Entre esa deuda municipal, había $90 millones de deuda vieja del municipio de San Juan y $53 millones de deuda vieja del municipio de Bayamón. Malo.

En el blog anterior hice referencia a la mala "herencia" de Rosselló en Acueductos. Sus consecuencias todavía se están pagando. En marzo de 2008, mi administración tuvo que hacer una emisión de bonos de $1,300 millones para que la AAA pagara $850 millones que se le debía a Citigroup y el resto fue para pagarle al Banco Gubernamental de Fomento. Esos eran dineros que la AAA había tomado prestado en años anteriores a mí gobierno y no tenía como repagarlos. Desde 1995, bajo el gobierno de Rosselló, la AAA no había podido ir al mercado de bonos debido a su mala administración, pero había seguido tomando prestado sin identificar fuentes de pago. A mi gobierno le correspondió resolver ese problema heredado. Nuevamente, malo.

Pero donde más se dramatiza el problema de la deuda vieja es en las emisiones de COFINA, que ascendieron a $5,200 millones durante mi término. El producto de esas emisiones de bonos se utilizó para pagarle al Banco Gubernamental de Fomento y sus subsidiarias la deuda extraconstitucional que se había acumulado de años anteriores. Como expliqué antes, la deuda extraconstitucional es una criatura de la administración Rosselló, es deuda que se paga solo de asignaciones legislativas que nunca se incluyeron en los presupuestos y que desde entonces estaba afectando las finanzas del BGF. El propio "prospectus" de esas emisiones, es decir el documento que por mandato de ley federal obliga a describir el propósito de una emisión de bonos, evidencia claramente que no se trataba de dinero nuevo para ser "gastado" por mi gobierno, sino, 'for the purpose of financing the payment of certain debt obligations of the Commonwealth outstanding as of June 30, 2006 which are payable to GDB and PFC. Such Commonwealth debt obligations, which are payable solely from legislative appropriations, are generally referred to as the "extra constitutional debt'. COFINA se creó bajo mi gobierno para resolver el problema heredado desde que Rosselló se inventó financiar la Tarjeta de Salud con líneas de crédito, una mala práctica administración pública que replicó con otras de sus iniciativas. En mi gobierno, actuamos para resolver lo feo y lo malo.

Pero como discutí en mi anterior blog, tomar prestado no es lo malo. De hecho, la mayoría de las veces es la mejor forma de construir obras de infraestructura, de la misma forma que refinanciar la casa es, muchas veces, la mejor forma de hacerle mejoras al hogar. Lo que se construye es un activo, no es un gasto. La casa sube de valor y el país también. El problema es construirlo sin tener como pagarlo. O peor, construir lo que no se puede pagar, lo que está por encima de nuestras capacidades.

Ejemplos de lo bueno, son las emisiones de la Agencia para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) y del ELA que se hicieron durante mi administración. Con esos fondos se hicieron obras como, la ampliación del Hospital Pediátrico del Centro Médico y del Centro de Trauma en el Centro Médico de Río Piedras, mejoras sustanciales al Centro Médico de Mayagüez, la reconstrucción del Parque Cholo García de Mayagüez, donde los Indios han celebrado varios campeonatos y el Parque Centroamericano a su lado, que permitió celebrar los Juegos Centroamericanos del 2010, así como la construcción del Parque del Litoral también en Mayagüez.

De la misma forma, estos dineros permitieron las mejoras sustanciales que se hicieron a todas las carreteras de acceso a la Sultana del Oeste, así como la terminación de las obras de construcción del Coliseo Raymond Dalmau en Quebradillas, donde los Piratas celebraron su campeonato el año pasado; y la conclusión de la construcción del Centro de Bellas Artes de Humacao. Se pudo también terminar las mejoras a la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes de Santurce y avanzar las obras de construcción del nuevo Conservatorio de Música, así como el inicio de la esperada y necesaria canalización del Rio La Plata, la conclusión de la Ruta 66 y el inicio de su expansión, entre otros proyectos. (1)

La mayoría de los proyectos iniciado bajo mi administración los inauguró Fortuño, pero todo el dinero y el financiamiento se consiguieron bajo mi gobierno. De hecho, hasta el Gobernador García Padilla ha inaugurado alguna de las obras que se iniciaron y se dejaron adecuadamente financiadas bajo mi mandato. Así es que debe ser, que cuando se termine una obra y vaya a ser inaugurada, ya la forma de pagarla este aprobada y se sepa cuánto costó, aunque la inaugure el próximo gobernante. Eso es lo bueno.

Por lo malo y lo feo, como construir sin fuente de pago, acreditarse la obra pero que la pague el próximo, iniciar programas con líneas de crédito, es que llegamos donde estamos. Aprendamos de la experiencia. La crisis que sufrimos hoy debe servir para que nuestra democracia crezca y madure. Tenemos que asegurarnos de que nuestros gobernantes expliquen con claridad cómo se va a pagar lo que prometen. Queremos que nuestros gobernantes hagan obra, pero que al irse no nos las dejen ahí, como un desastre. Eso es lo que hay que dejar atrás.

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(1) Como dato curioso, que merece recordarse, al hacerse la última emisión de bonos del ELA durante mi cuatrienio, en septiembre de 2008, las casas acreditadoras de Standard and Poor´s y Moody´s le dieron al crédito del ELA una perspectiva estable. (Pueden ver los informes en http://goo.gl/TaMT95 y en http://goo.gl/QEHKEq). Inclusive, luego de las elecciones, el 22 de diciembre de 2008 Standard and Poor´s se reafirmó en su perspectiva estable. (http://goo.gl/z3mX9w) Algo muy diferente sucedió al final del cuatrienio de Luis Fortuño, cuando el 13 de diciembre 2012 cambio la perspectiva a negativa. (http://goo.gl/xV3ZiJ).

Casandra
Escrito el 27 de febrero de 2014 - Comenta usando tu cuenta de Facebook

Casandra era hija de Hécuba y Príamo, reyes de Troya. Apolo le dio el don de la profecía a cambio de su amor. Pero cuando ésta le traicionó en su amor, Apolo la maldijo, dejándole el don de decir y anticipar la verdad, pero condenándola a que nadie le creyese. Casandra en varias ocasiones anuncio la caída inminente de Troya, pero nadie le creyó.


Igual que Troya, Puerto Rico se pregunta hoy, ¿Cómo llegamos a dónde estamos? ¿Se pudo evitar? ¿Alguien nos los advirtió? En las últimas semanas la contestación a esta pregunta ha sido la más acomodaticia y simplista: no señalar a nadie y responsabilizar a todos. En un afán de lucir totalmente apolíticos y neutrales (casi a lo don Eleuterio,... neutraaaaaal...), políticos y analistas, economistas y comentaristas, contestan a esta interrogante repartiendo culpas genéricas, sin profundizar ni analizar los hechos y los datos que hay disponibles. Es una especie de "Fuenteovejuna". No obstante, si queremos que Puerto Rico salga de esta crisis, primero hay que entender bien lo que nos llevó a ella y reconocer quién nos advirtió y cuándo fuimos advertidos. Solo de esta forma aprenderemos nuestras lecciones. Si no lo hacemos pronto, me temo que volveremos a repetir los errores del pasado.

En el análisis superficial que se ha estado haciendo, se ha caído en el extremo de decir que el problema ha sido tomar prestado, pero la realidad es que ese no es el problema ni la causa de la crisis que enfrenta el País. Todos sabemos que tener crédito y tomar prestado es una forma de mejorar la calidad de vida de una familia, de echar hacia adelante un negocio y de hacer que un país progrese. El que toma un préstamo hipotecario para comprar su casa no está haciendo algo incorrecto, por el contrario, está invirtiendo en su futuro y en el futuro de su familia. Casi ninguna persona puede abrir un negocio pequeño, construir un hotel, un hospital, o establecer una fábrica, sin tomar dinero prestado. De hecho, cuando se escucha que alguien compró una casa en efectivo, se levantan banderas rojas, casi inmediatamente y algunas personas tendemos a especular si no estaremos ante alguien que está lavando dinero.

De manera que el problema para una familia, un comerciante, un empresario, el gobierno o un país no está en tomar dinero prestado, sino en gastar más de lo que tiene y en seguir tomando prestado ignorando los números verdaderos y la situación financiera real. Es como cuando para complacer a un hijo o una hija, la familia accede a comprarle un carro que no se puede pagar. O cuando se compra una casa de playa contando con ingresos sobre los cuales no se tiene certeza. O como cuando se compra una casa de campo pidiéndole la firma a un pariente y se le dice, "no te preocupes, esto es solo pro forma".

En materia financiera, los Gobiernos de Puerto Rico actuaron con mucha responsabilidad hasta el 1992. Recuerdo que en ese último cuatrienio de Rafael Hernández Colón como gobernador, cuando yo era asesor en asuntos legislativos y el querido amigo José "Pepito" Alonso era el director de la Oficina de Presupuesto y Gerencia, al momento de firmar el presupuesto para el año 1991-92, Pepito concluyó que había un descuadre de unos $50 millones y la decisión del Gobernador fue que había que reducir todas las partidas mediante el mecanismo de veto de línea hasta llegar a un recorte por esa cifra y así se hizo.

Desafortunadamente, esa responsabilidad fiscal comenzó a cambiar, para mal, cuando en un debate de candidatos a la gobernación en 1992, Pedro Rosselló habló de su propuesta para crear la tarjeta de salud y prometió libre selección de médicos privados con cobertura completa incluyendo medicinas y laboratorios. En aquél momento, la candidata del Partido Popular Democrático, Victoria Muñoz, dijo claramente, "eso no se puede". Victoria no dijo, "eso no me gusta" o, "si eso se hace, será malo para la gente". Dijo, "eso no se puede porque nos va a llevar a la quiebra, porque Puerto Rico no tiene el dinero para hacerlo". En otras palabras, Rosselló estaba prometiendo al hijo un BMW, cuando el sueldo de la familia para lo que daba era para un KIA. Lo que ha pasado después es historia. La mayoría de los puertorriqueños no la escucho o no le quiso creer y el "sí se puede" de Rosselló se convirtió no, meramente, en un slogan de campaña, sino en un dogma y una forma de gobernar y administrar los bienes pública, del cual ha sido muy difícil escapar. A partir de ese momento, la búsqueda del bien común quedó atrás para satisfacer gustos que Puerto Rico no podía pagar. Con el "sí se puede" que comenzó Rosselló se asumió como un mantra del financiamiento público, "la última que la pague el diablo". Y la verdad es que no hay tal cosa y ahora lo estamos viviendo.

La tarjeta de salud comenzó a la expectativa de que en ese cuatrienio el Presidente Bill Clinton aprobara una reforma de salud a nivel federal que le inyectase cientos de millones de dólares al sistema de salud de Puerto Rico, pero eso reforma nunca se aprobó. No obstante, el "sí se puede" de Rosselló lo llevó a iniciar el programa con una línea de crédito secreta de más de $200 millones del Banco Gubernamental de Fomento. La transacción la descubrí yo cuando era legislador de minoría y estaba escudriñando el presupuesto sometido por Rosselló. Hasta ese momento, nunca antes en la historia de la administración pública de Puerto Rico se había iniciado un programa operacional (que equivale a un gasto y no a una inversión de mejoras permanentes en infraestructura) con una línea de crédito de esa magnitud, sin que la Asamblea Legislativa la hubiese autorizado y sin identificar su fuente de pago. Así fue como nació la llamada "deuda extraconstitucional", que no es otra cosa que una deuda que se asume y que no está garantizada por los bonos que cobija nuestra Constitución. Antes de Rosselló, eso nunca existió en Puerto Rico. Ni Muñoz Marín, ni Sánchez Vilella, ni Ferré, ni Romero Barceló, ni Hernández Colón, hicieron algo como eso.

Es decir, que desde sus inicios, el Gobierno de Puerto Rico NUNCA ha tenido en NINGÚN año fiscal los recursos necesarios para financiar los costos de la tarjeta de salud. Cuando Sila Calderón fue gobernadora y depuró la listas de participantes para excluir personas que no cualificaban y tratar de controlar el gasto, la demagogia del "sí se puede" la acribilló políticamente. Cuando me tocó a mí gobernar, intenté poner deducibles pequeños para controlar el gasto y prevenir la sobre utilización, pero la demagogia del "sí se puede", atrincherada en la Asamblea Legislativa que controlaba el PNP y con el propio Pedro Rosselló en el Senado, lo impidió. Y me apena decirlo, pero mi recuerdo es que ninguna de esas dos medidas de reducción de gastos recibió respaldo en la discusión pública y muchas de las personas que he escuchado recientemente decir que nos habían advertido lo que iba a suceder con nuestras finanzas, en aquellas instancias no alzaron su voz a favor.

Pero la crisis no es sólo por la tarjeta de salud. La mayoría de los puertorriqueños, al optar por no creer en la verdad que nos dijo Victoria Muñoz en 1992, viabilizó otra serie de iniciativas y proyectos gubernamentales, que al igual que la tarjea, recibieron muchos aplausos, pero no tenían una fuente recurrente de financiamiento. En los ocho años de la gobernación de Pedro Rosselló:

1. Se vendieron los hospitales y los CDTs públicos a precio de descuento, pero el gobierno central se quedó con la deuda en que se había incurrido para construirlos (esto es como si usted vendiera hoy su casa por debajo del precio de tasación y para colmo, se quedara pagando la hipoteca, es decir, con la deuda pero sin casa).
2. Se privatizó la administración de la AAA, llevándola a la quiebra y a que tuviera que funcionar con subsidios del gobierno central y con líneas de crédito que en esos ocho años no se pagaron ni se dejaron los recursos para pagarlas en el futuro. La crisis que hoy tiene la AAA comenzó en ese período.
3. El Tren Urbano, que originalmente iba a costar mil millones de dólares, terminó costando más del doble. Y contrario a lo que la mayoría de gente cree, el tren no se construyó totalmente con fondos federales. El gobierno de Puerto Rico, particularmente la Autoridad de Carreteras, tuvo que asumir gran parte de ese costo. Pero en lo que se convirtió en la norma, durante los años de Rosselló, no se pagó por la construcción y le correspondió a los próximos gobiernos hacer las emisiones de bono para pagarlo. Todavía hoy, la Autoridad de Carreteras tiene que aportar $80 millones anuales para la operación del Tren Urbano. Esos son dineros que la agencia no tiene para tapar boquetes en las carreteras o construir nuevas vías públicas. Nadie duda que Puerto Rico necesita un sistema de transportación colectiva eficiente, pero, ¿a ese costo?, ¿no había una tecnología más barata?, ¿no podían construirse estaciones menos ostentosas?, ¿no había una ruta mejor que impactara más pasajeros? La crisis que tiene hoy la Autoridad de Carreteras, y que es una de las responsables principales de lo que acaba de suceder con el crédito de Puerto Rico, tiene su origen en ese proyecto de la administración Rosselló.
4. El Coliseo José Miguel Agrelot también costó mucho más de lo que se estimó. Poca gente recuerda que Rosselló comenzó a construirlo entre el Coliseo Roberto Clemente y el Hiram Bithorn, para luego descubrirse que ese no era un lugar adecuado. Millones de dólares quedaron enterrados en ese intento equivocado que se tuvieron que pagar luego. Y aunque el Choliseo es una de las instalaciones de ese tipo más exitosas en Puerto Rico, la realidad que poca gente conoce es que todavía hoy opera con déficits. Déficits que pagamos todos cuando cada año dinero público que debería estar disponible para obras y servicios se tiene que destinar para cubrirlos. Además, Rosselló tampoco buscó la fuente de recursos recurrentes para pagarlo. Y voy a compartir algo con ustedes que nadie sabe, o peor aún, los que saben, no te lo han informado: NUNCA SE HA PAGADO LO QUE COSTÓ CONSTRUIR EL CHOLISEO. Así como lo leen. Construirlo costó $250 millones, que al día de hoy, 14 años después de que Rosselló dejó la Fortaleza, está como una deuda sin fuente de pago en los libros del Banco de Fomento. El mismo banco que hoy está sin liquidez que nos costó la degradación a chatarra. ¡Así cualquiera construye obra!
5. El Centro de Convenciones costó más de $400 millones y también se hizo con líneas de crédito sin fuente de pago. Muchos se sorprenderán al saber que cuando llegué a La Fortaleza me topé con que había que hacer una emisión de bonos de $468 millones para pagar por la construcción del Centro de Convenciones. De manera que cuando se habla de forma superficial de la cantidad de dinero que cogí prestado cuando era gobernador, se olvida darle perspectiva a casos como éste, que explicaré detalladamente más adelante en otro escrito. Con el "sí se puede", esta obra es de Rosselló, pero la deuda es de Aníbal.

El resultado de los ocho años de Pedro Rosselló fue que de un déficit presupuestario operacional de entre $50 y $100 millones que tenía el gobierno central en 1992, se elevó a más de $1,000 millones anuales cuando Rosselló salió de La Fortaleza. No dejó identificada ninguna fuente de pago para su deuda extraconstitucional, que superaba los $5,0000 millones, ni para esos proyectos que orgullosamente él y su gente se adjudican. Y ni hablar del efecto devastador de la eliminación de la sección 936 del Código de Rentas Internas federal, lo cual ocurrió -para los que se olvidan o deciden no mencionar- a solicitud de Pedro Rosselló. En 1995, antes de que se legislara la eliminación de la sección 936, había en Puerto Rico 159,000 empleos en manufactura. En el 2008, luego que fuera efectiva su eliminación total, Puerto Rico ya había perdido más de 50,000 de esos empleos.

Cuando Victoria nos dijo "no se puede", nos dijo la verdad. Pero como a Casandra, no le creyeron. Hoy, algunas personas insistirán, demagógicamente, en que "sí se pudo, porque ahí está la obra". Pero lo que no explicaron antes y no han explicado hasta el día de hoy, es que la crisis comenzó ese día de ese debate. Hemos preferido el "sí se puede" de las villas y castillos en vez de la sensatez de ajustarnos a nuestras realidades fiscales y hoy estamos pagamos las consecuencias. Si no entendemos cómo llegamos aquí, nos será muy difícil salir de donde estamos y cometeremos nuevamente los mismos errores.

CÁMARA DE COMERCIO DE PUERTO RICO
Escrito el 29 de enero de 2014 - Comenta usando tu cuenta de Facebook - Lea esto en Facebook

Buenas, tardes, gracias por la invitación, sobre todo al Presidente de la Cámara de Comercio, Lcdo. y CPA Jorge M. Cañellas Fidalgo, así como a sus distinguidos miembros.

Nadie duda que Puerto Rico y nuestra economía pasan por momentos extremadamente difíciles, pero antes de mirar hacia el futuro, debemos repasar, aunque sea brevemente, lo sucedido en el año que acaba de terminar.

En enero de 2013, la nueva administración del Gobernador Alejandro García Padilla recibió un gobierno con su crédito recién degradado. No olvidemos que fue en diciembre de 2012, justo antes del cambio de mando, que la capacidad crediticia del Estado Libre Asociado llegó al borde de la chatarra. El déficit oculto alcanzaba los $2,200 millones, el BGF estaba prácticamente descapitalizado, la Autoridad de Carreteras tenía una deuda multimillonaria que no se conocía y para la cual no había fuente de pago y la Autoridad de los Puertos no tenía dinero para continuar operando. Además, el sistema de retiro del ELA contaba con menos del dinero necesario para pagar sus obligaciones para el año y al Sistema de Retiro de Maestros le quedaban pocos años de vida por un déficit actuarial de $10,000 millones que empeoraba cada día que no se tomaba ninguna acción.

La verdad pura y pinta es que a Alejandro le tocó coger el timón de un barco en medio de una tormenta cuando ya las velas se han roto y el mástil está quebrado.

De modo que con la presión de los mercados encima y los minutos contados, el Gobierno de García Padilla y la Asamblea Legislativa estaban obligados a tomar una serie de acciones, muy difíciles, para estabilizar el barco y evitar el colapso financiero del gobierno. Y actuaron. Esa también es una verdad.

Se aumentaron los recaudos con nuevos impuestos y se extendió la vida de los sistemas de retiro, aumentando las aportaciones y ajustando beneficios, tratando de lograr un balance lo más justo posible entre lo que se requería de los contribuyentes y de los futuros retirados. La Asamblea Legislativa ha aprobado un grupo de medidas para fortalecer financieramente al BGF y facilitar su acceso a los mercados financieros y aunque algunos de ustedes podrán diferir sobre lo que piensan individualmente de cada una de las acciones tomadas, me parece que tienen que reconocer las presiones de tiempo a las que se enfrentó este gobierno y la disposición que ha tenido para enfrentarlos. Y esto, sin entrar en los altos costos y riesgos políticos que tales medidas están conllevando.

Como resultado, el equipo económico del Gobernador nos ha dado la buena noticia de que los recaudos van por encima de lo estimado y los gastos por debajo, pero lo cierto es que nadie debe llamarse a engaño. Las amenazas de degradación siguen ahí. La tormenta sigue y aunque el barco está a flote, hacen falta aún mayores acciones y esfuerzos.

Este año que recién comienza, tenemos que enfocarnos en la situación económica y no quedarnos solamente en lo fiscal. Los problemas fiscales del Gobierno no se pueden abandonar, pero tienen que pasar a un segundo plano o nunca saldremos de esta tormenta.

La verdad objetiva es que solamente si la economía mejora podremos pagar nuestras deudas y darle a nuestra gente un país con oportunidades y buena calidad de vida. En el 2014, el foco tiene que ser la economía.

Al igual que en el tema fiscal y presupuestario, los problemas de la economía puertorriqueña son viejos y complejos. La liquidación de las 936 terminó perjudicando duramente nuestra economía, como algunos de nosotros anticipamos, y los costos de hacer negocios, así como la falta de liquidez ahogan nuestras empresas y empujan a miles de puertorriqueños a irse todos los años de Puerto Rico en busca de oportunidades. La revista digital de negocios Sin Comillas publicó la semana pasada, citando datos del Censo, que en el último año más de 45,000 puertorriqueños abandonaron la Isla y que en los pasados tres años los emigrantes suman más de 144,000 personas.

Sé que esta administración está trabajando fuerte para traer inversiones y promover el desarrollo de empresas locales y mi expectativa es que el año 2014 sea el año en que comencemos a ver cierta recuperación.

Sin embargo, para que Puerto Rico pueda enfocarse en una ruta de crecimiento económico sostenido, tenemos que como sociedad cambiar actitudes y prioridades.

Voy a aprovechar esta oportunidad que me ha dado la Cámara de Comercio para hacer algunas recomendaciones:

1. Se tiene que dejar atrás la actitud simplista de que todos los gobiernos y todos los políticos y oficiales públicos son iguales. Hay que tener honestidad intelectual de apoyar lo que se hace bien y señalar lo que se hace mal, sin que el partido político o la ideología a la que pertenece la persona o la administración de la que forme parte, sean lo que los defina. No asumir posiciones, es una posición. Esa afirmación que se hace constantemente en foros públicos y privados de que todos son iguales constituye una negación de la capacidad de ustedes de discernir y adjudicar. Pensar que las circunstancias en las que a mí me tocó gobernar, eran las mismas que tenía Fortuño, es falso e injusto. No es lo mismo gobernar con una Legislatura de otro partido, que con una Legislatura del mismo partido. No es lo mismo que Fortuño haya recibido COFINA con una capacidad de crédito libre de más de $6 mil millones y que haya tenido la oportunidad de manejar más de $5 mil millones de fondos federales del estímulo de Obama, a la situación con la que se encontró Alejandro, de cero margen prestatario, aunque la Legislatura sea de su propio partido. La actitud de que “todos son iguales”, que permea en el sector privado-empresarial, en el sector laboral y en los medios de comunicación, es el terreno firme que permite que prevalezcan y se fortalezcan los mediocres, los pusilánimes de espíritu y aquellos a los que le interesa el poder, simplemente, para beneficio de los suyos.

2. También hay que dejar atrás la actitud de que los sacrificios tienen que venir de otra parte y los beneficios tienen que ser, principalmente, para mi grupo. Cuando yo fui Gobernador recuerdo haber presentado a grupos diversos agendas de cambio profundo que fueron recibidas con aplausos, pero no pasaba mucho tiempo para que se acercaran en privado a decirme: “Gobernador, lo felicito, tremenda idea, pero por favor excluya el punto 7 porque eso afecta a mi industria”. Y luego venía otro que representaba otro sector con los mismos elogios "pero el punto 4, por favor elimínelo” y así, sucesivamente. En esa actitud hemos perdido el rumbo de la búsqueda del bien común. Si hoy escucháramos solamente a los sindicatos, parecería que al sector empresarial no se le ha pedido aportar y si es al sector empresarial al que escuchamos, parecería que solo ellos están cargando con la soluciones y que los empleados públicos no han tenido su cuota de sacrificio. La realidad es que ambas premisas son falsas y demuestran esa actitud de atrincheramiento que hemos asumido como pueblo. Países como Chile cambiaron su rumbo económico cuando se logró una concertación de propósitos que incluyó al Gobierno, al sector privado, a los sindicatos y a otros sectores de esa sociedad. Puerto Rico necesita ajustes profundos para volver a un camino de crecimiento económico sostenido y confiable, con una mayor equidad en la distribución de ese crecimiento. Pero eso lo vamos a lograr, únicamente, si junto al Gobierno alcanzamos y adoptamos una agenda en la que todos aportemos y todos nos beneficiemos.

3. A corto plazo, hay que atender con urgencia el alto costo de la energía, que es, hoy por hoy, nuestra mayor desventaja competitiva y uno de las principales causas del empobrecimiento de nuestras familias. En este tema hay que moverse rápido. La realidad objetiva es que se puede generar energía más barata si se abre a competencia la producción. El presidente del Senado Eduardo Bhatia ha tomado este tema como una prioridad y mi posición es que todos debemos ayudarlo porque a la corta y a la larga todos nos vamos a beneficiarnos, ya sea en nuestros negocios –con los que aportamos empleos y generamos actividad económica- y también en nuestras casas.

4. De igual forma, hay que atender las ineficiencias y las injusticias de nuestro sistema contributivo. Nuestro sistema contributivo ha visto tantos cambios a lo largo de los años, en algunos casos para politiquear y en otros para pagar deudas, que lo que tenemos es un monstruo de mil cabezas, desvinculado del desarrollo económico. Los contribuyentes honestos salen trasquilados y las empresas responsables tienen que llenar montones de documentos y pagar muchísimos impuestos porque el sistema contributivo es un revolú. Hay que hacer ya una reforma justa y completa que simplifique el pago de contribuciones para todos los sectores. Impuestos como el IVU y el impuesto al inventario deben ser reevaluados. Además, hay que examinar cuidadosamente las exenciones y créditos contributivos cuyo costo no es comparable con el beneficio que traen a nuestra economía.

5. Hay que organizar la deuda pública para que se pueda pagar completa y cumplir con los bonistas, pero liberando dinero en efectivo del presupuesto para ponerlo a correr en la economía. Ese dinero va a ser más eficiente para echar a andar la economía si se usa en inversiones que nos hagan más competitivos y para atender de manera definitiva la inequidad y falta de controles salariales en el gobierno. Es insostenible que es nuestro país una secretaria o un chofer de una corporación pública tenga un salario más alto que maestros, enfermeras y policías. Hemos desarrollado una especie de costumbre de pagarle poco a estos servidores públicos esenciales y ello no puede seguir así porque no es justo y nos hace improductivos como país.

6. Y finalmente, estoy convencido de que estos momentos de crisis son los adecuados y/o necesarios para resolver el status. Sobre este tema voy a estar ampliando en el futuro, pero no quiero desaprovechar esta oportunidad para afirmar que para mí está claro que necesitamos tener mayor control sobre nuestras variables económicas, para reducir la dependencia y tener una economía verdaderamente competitiva y fuerte. No estoy hablando de incentivos o subsidios temporeros. Estoy hablando de ajustes profundos, reales y definitivos. Esa es la verdad que la historia y nuestra economía nos están revelando. Hoy, a diferencia de 10 o 20 años atrás, hay 70,000 millones de razones por las cuales Estados Unidos estaría en posición de escucharnos. Si lo pensamos bien, esa deuda de $70 mil millones que tenemos con los bonistas, es la mejor herramienta que tenemos para lograr que Washington responda a nuestros reclamos y facilite cambios profundos en nuestra relación política. Pero para profundizar sobre esto, tendremos más tiempo en el futuro inmediato.

Muchas gracias.

LA ASAMBLEA DE STATUS Y WASHINGTON
Escrito el 25 de agosto de 2013 - Comenta usando tu cuenta de Facebook - Lea esto en Facebook

La legislación que se apruebe autorizando la Asamblea de Status debe viabilizar un mecanismo para diálogo e intercambio de información con el Congreso que nos permita presentar y discutir asuntos importantes sobre las diversas alternativas de status. Para adelantar de verdad la discusión de este tema se necesita poner presión en Washington. Necesitamos entender mejor qué está en la mente de los líderes del Congreso y de los funcionarios de la Administración Obama que tienen la responsabilidad ineludible de atender este asunto con seriedad. Debe ser un diálogo amplio y franco en dos direcciones, que propicie mayor interés y más participación de los congresistas, sin estar necesariamente limitados a las restricciones de tiempo de las vistas públicas ni a entrevistas de prensa que muchas veces no permiten profundizar ni aclarar respuestas. Hay que hacer una gran labor de educación seria, honesta y profunda en el Congreso si de verdad ambas partes vamos a resolver este tema correctamente. Nuestro mayor obstáculo en Washington no es la mala fe, es la falta de interés, de tiempo y de profundidad con la que se atiende este asunto.

En ambas funciones con Washington, estoy convencido que la Asamblea de Status va a ser mejor que los plebiscitos que hemos tenido hasta ahora, tanto para dialogar durante el proceso y para reclamar una respuesta del Congreso ante el que sea el mandato del pueblo.

En los plebiscitos que hemos tenido han sido los partidos y/o los gobiernos los que han definido las alternativas de status, como mucho en uno o dos párrafos, desvinculándose casi siempre de toda discusión jurídica, económica y social. Con la Asamblea de Status eso cambiará porque los delegados que sean elegidos por el pueblo y en representación del pueblo, tendrán que discutir a profundidad todas las alternativas, analizar sus positivos y negativos, así como su viabilidad ante los Estados Unidos. Y luego de deliberar, la Asamblea le presentará al Pueblo una alternativa para que los puertorriqueños, libremente, la aprueben o la rechacen. Si el Pueblo acepta en las urnas la alternativa que le presente la Asamblea de Status, entonces ésta tiene la obligación de acudir con ese mandato ante el Congreso y al Gobierno de los Estados Unidos para exigir una respuesta, para exigir acción. Esta es una diferencia profunda con lo que hemos hecho en el pasado, porque en lugar de ser un gobierno - electo para otras cosas - o un partido en particular, el que defienda los resultados y trate de obtener una respuesta de los Estados Unidos, con la Asamblea, la respuesta la buscará un ente elegido democráticamente para representarnos a todos. Obviamente, esta dinámica es diferente y será muy difícil para el Congreso no actuar.

El Congreso de los Estados Unidos no ha estado ajeno a la alternativa de una Asamblea de Status. Cuando fui Gobernador de Puerto Rico, el 16 de febrero de 2006, el ya fallecido senador Ted Kennedy, junto a los senadores Trent Lott (republicano), Bob Menéndez (demócrata) y Richard Burr (republicano), presentaron el Proyecto del Senado 2304, que reconocía el derecho de los puertorriqueños a convocar una Asamblea Constitucional de Status. La medida disponía lo siguiente:
Congress reaffirms the inherent authority of the government of the Commonwealth to call, and hereby expressly authorizes the calling of, a constitutional convention through the election of delegates for the purpose of establishing a mechanism for self-determination.

Nótese que este proyecto de ley reconocía el poder inherente de Puerto Rico para convocar a una convención constitucional y no la sujetaba a las disposiciones de la Constitución de ELA para enmendar nuestra Carta Magna. El propósito era establecer ‘a mechanism for self-determination’.

En lo referente al Estado Libre Asociado, el Proyecto del Senado 2304 disponía que la Asamblea consideraría entre las opciones:

  1. a new or amended compact of association to replace or amend the compact established under the Act entitled `An Act to provide for the organization of a constitutional government by the people of Puerto Rico', approved July 3, 1950 (64 Stat. 319) (commonly referred to as `Public Law 600') and the Commonwealth constitution.


Más importante todavía es que el Proyecto del Senado 2304 establecía un mecanismo que comprometía al Congreso a considerar o implantar la opción de status preferida por la Asamblea y avalada por el Pueblo. (Para acceder al texto completo del proyecto, haz clic aquí­).

La convención constituyente que proponía este proyecto, recibió incluso el respaldo del ex-gobernador Rafael Hernández Colón
(http://www.rafaelhernandezcolon.org/CB_2006/CB_FEB_23_2006.pdf).

De los autores originales de este proyecto del Senado, Menéndez y Burr aún son senadores.

En la Cámara de Representantes, los congresistas Nydia Velázquez, Luis Gutiérrez y otros, presentaron el proyecto 1230, el 28 de febrero de 2007, que también reconocía la Asamblea Constitucional de Status como un mecanismo de auto-determinación. Consistente con lo que entiendo que debe ser la agenda de la Asamblea de Status que nos ocupa ahora, esta legislación disponía:
The term `Self-Determination Option' means an option agreed to by a Constitutional Convention in the Commonwealth for a new or modified Commonwealth status, Statehood, or Independence. A Self-Determination Option must be based on the sovereignty of the People of Puerto Rico and not subject to the plenary powers of the territorial clause of the Constitution of the United States.

Este proyecto acabó teniendo el respaldo de 50 coauspiciadores y ello a pesar de que Luis Fortuño era el Comisionado Residente y de que George W. Bush era el Presidente. (Para acceder al texto completo del proyecto, puedes visitar este enlace http://www.govtrack.us/congress/bills/110/hr1230/text).

Y más relevante al momento presente, en la carta que Barack Obama me envió cuando era candidato presidencial el 12 de febrero de 2008, el hoy Presidente afirmó lo siguiente:
As President I will actively engage Congress and the Puerto Rican people in promoting this deliberative, open and unbiased process that may include a constitutional convention or a plebiscite...

(Para acceder a la carta de Obama, haz clic aquí).

La Asamblea de Status debe construir sobre esos pasos iniciales que dimos en la Capital Federal. La semilla en Washington se sembró entre el 2006 y el 2008 y para continuar el paso, la legislación que la autorice y la regule debe crear un mecanismo de consulta con las autoridades en Washington de forma tal que ambas partes estén debidamente informadas de los adelantos que se vayan dando. No olvidemos que al final todos queremos una respuesta clara de Washington a los reclamos del pueblo de Puerto Rico.

LA ASAMBLEA DE STATUS - ¿Y AHORA QUÉ?
Escrito el 22 de agosto de 2013 - Comenta usando tu cuenta de Facebook

No hay dudas que el paso dado por el Gobernador Alejandro García Padilla y el Partido Popular Democrático de encauzar la discusión y eventual aprobación y convocatoria a una Asamblea Constitucional de Status es un paso histórico en la dirección correcta. Y de hecho, recomiendo llamarla Asamblea de Status en lugar de Asamblea Constitucional de Status, para evitar la demagogia de los que quieren aplicarle a este ejercicio las normas jurídicas de las convenciones constitucionales.

Nadie puede asegurar que la Asamblea de Status garantiza una solución definitiva a nuestra eterna discusión sobre este tema, lo que sí podemos asegurar es que los plebiscitos criollos o con el aval federal, no han funcionado ni van a funcionar. Los plebiscitos criollos que han realizados gobiernos estadistas y estadolibristas no han producido nada, como tampoco nunca se ha logrado que gobiernos demócratas o republicanos comprometan al Congreso y al Gobierno de los Estados Unidos a viabilizar plebiscitos vinculantes que los obliguen a tomar alguna acción posterior a la votación.

Quien diga que quiere resolver el status y se empeñe en más plebiscitos, federales o criollos, está deliberadamente engañando al país y a sí mismo. Llegó el momento de buscar nuevos caminos para viejos atolladeros, nuevas alternativas para solucionar viejos problemas. La ruta de la Asamblea de Status es la única que se ve en el horizonte. Vamos a caminarla juntos conscientes de sus ventajas y sus retos.

Por ser una alternativa que nunca antes se ha intentado en Puerto Rico -no olvidemos que la Asamblea Constituyente de 1950-52 fue totalmente distinta- la discusión de los próximos meses debe ser profunda y sosegada. No hay una sola persona en Puerto Rico hoy que tenga la respuesta a todas las interrogantes que genera llevar a cabo una Asamblea de Status. Tomada la decisión histórica de movernos en esta ruta, corresponde responder: ¿y ahora qué?

En este primer escrito luego de la acción tomada por la Asamblea General del PPD el domingo pasado, quiero aportar a la discusión algunos puntos que entiendo que deben ser atendidos y aclarados durante este proceso y, eventualmente, en la legislación que se apruebe. En blogs posteriores voy a elaborar sobre algunos de los puntos que detallo en esta agenda.

I. ¿Para qué es la Asamblea de Status?

Aunque muchos queramos afirmar que la Asamblea es para resolver el asunto del status, esa afirmación sería pretensiosa e irreal. Solo dos entes pueden resolver este tema: el pueblo de Puerto Rico y el Congreso de los Estados Unidos, y ambos se tienen que poner de acuerdo. La Asamblea de Status no puede imponerle una solución al pueblo de Puerto Rico y tampoco obligar al Congreso de los Estados Unidos a que acepte lo que se le propone.

Lo que haría la Asamblea de Status es elaborar y, eventualmente, ofrecer a los puertorriqueños una alternativa de solución a este tema y, si el pueblo aprueba esa alternativa en las urnas, la Asamblea serviría de interlocutor, a nombre del pueblo de Puerto Rico, para lograr una respuesta del Congreso y del Gobierno de los Estados Unidos. Para ambas funciones, la Asamblea de Status es mucho mejor que los plebiscitos que hemos tenido hasta ahora y que nos han llevado a nada.

II. ¿Cuál sería la agenda?

En primer lugar, debe quedar claro que la Asamblea de Status no puede tener como uno de sus puntos en agenda considerar el “status quo” o que las cosas se queden como están. Eso no quiere decir que esa alternativa no la tendrá el pueblo, lo único que significa es que dicha opción no sería parte de agenda de la Asamblea. Si los puertorriqueños quieren dejar las cosas como están porque consideran que esa es la mejor alternativa, así lo expresarán en las urnas votando en contra de la alternativa que presente la Asamblea.

Pero si el “status quo” no es parte de la agenda, entonces, cuál debe ser. Dejar este tema sin atender en la legislación sería una invitación al ningunismo, a lo que ya tuvimos que recurrir una vez como mecanismo de defensa nacional en un momento histórico muy particular. En Puerto Rico hay unas corrientes históricas que han formado parte de nuestro debate de status desde el momento mismo que este debate comenzó décadas atrás. La agenda de la Asamblea debe garantizar que esas alternativas se consideren: estadidad, independencia y un modelo nuevo de Estado Libre Asociado. En lo que se refiere al ELA, para que no haya dudas de que el “status quo” no es parte de la agenda, la legislación que autorice la Asamblea de Status debe establecer claramente que tiene que ser un Estado Libre Asociado no colonial y no territorial, fundamentado en la soberanía del pueblo, con el vínculo de la ciudadanía americana con los Estados Unidos. Sobre este importante tema abundaré en otro escrito.

Y anticipo que no le veo ningún problema a que se incluya la opción de libre asociación (sin ciudadanía americana) como una cuarta alternativa a discutirse en la Asamblea.

III. ¿Cuál debe ser la interacción con Washington?

Además de ser el ente que a nombre del pueblo de Puerto Rico le comunique al Gobierno de los Estados Unidos la decisión avalada en las urnas por los puertorriqueños, es importante que durante el proceso de discusión interna y deliberación de las alternativas, la legislación que se apruebe le reconozca y le encomiende a la Asamblea de Status el poder y la responsabilidad de interactuar con el Congreso y la Casa Blanca sobre los contornos y los alcances de las diferentes alternativas. El Gobierno de los Estados Unidos debe sentir durante todo el proceso que la Asamblea de Status es un ejercicio serio y que sus delegados son los representantes del Pueblo de Puerto Rico en este tema. El diálogo en ambas direcciones debe y tiene que ser continuo.

IV. ¿Cómo escoger los delegados?

Esta es, en definitiva, una de las preguntas medulares y cuya contestación ha de requerir mucho pensamiento y gran desprendimiento de todas las partes, especialmente, de los funcionarios electos y de los partidos políticos inscritos representados. A veces el primer paso para delinear lo que se quiere es dejar claro lo que no se quiere. No queremos que la Asamblea de Status sea una mera reproducción o copia de la representación que hoy se tiene en la Legislatura. No queremos que la Asamblea de Status esté nutrida única y exclusivamente de miembros que representan a los partidos políticos, porque entonces tendríamos en esa Asamblea una repetición del juego y el tranque político que vemos a diario en la Cámara y el Senado. No queremos que el resultado de la selección de los delegados predetermine el resultado de los trabajos de la Asamblea, sin que se den las discusiones profundas que el tema y el momento histórico exigen. Y, ciertamente, no queremos que la Asamblea de Status sea el foro al que se traslade el impase ideológico y político que hemos padecido ya por demasiado tiempo sobre este y otros temas de profunda importancia para el país.

Al precisar en la legislación cómo se eligen los delegados, tenemos que asegurarnos de que sea un proceso amplio que invite a que personas que de ordinario no participan de los procesos políticos se incorporen a este ejercicio histórico y que dicho proceso de selección rompa con los modelos tradicionales de escoger personas de los bastiones políticos tradicionales. Debemos propiciar un proceso de selección de delegados que le dé la confianza a cualquier estadolibrista, estadista o independentista de votar por un delegado que represente otra ideología, porque éste le convence por sus méritos, su capacidad y su seriedad para atender con profundidad y ecuanimidad un tema que de verdad necesita ya definición de cara al futuro.

Y más importante aún, ese proceso de selección de delegados tiene que invitar y motivar genuinamente a aquellos que no tienen posición sobre el futuro político de Puerto Rico, a involucrarse en el proceso y votar y seleccionar a aquellos delegados que consideren que mejor pueden aportar a esta discusión. Un proceso en el cual se propicie una representación justa de los diferentes sectores de nuestra sociedad que viabilice que personas e instituciones que históricamente han estado interesados y han estudiado este tema puedan llegar a ser parte de esta representación del pueblo.

Todos estos temas y otros deben ser analizados a profundidad en los próximos meses. Ya Alejandro García Padilla y el Partido Popular Democrático dieron el primer paso. Nos corresponde ahora, a todos los puertorriqueños, y repito a todos, continuar la marcha con seriedad y compromiso profundo con Puerto Rico y las generaciones por venir.

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