PONENCIA DEL EXGOBERNADOR ANÍBAL ACEVEDO VILÁ EN TORNO AL P. DEL S. 51 Y EL P. DE LA C. 609 A LOS FINES DE ESTABLECER LA LEY PARA LA DESCOLONIZACIÓN INMEDIATA DE PUERTO RICO, SOMETIDO POR LA DELEGACIÓN DEL PARTIDO NUEVO PROGRESISTA

18 de enero de 2017Salón Leopoldo Figueroa
El Capitolio, San Juan, Puerto Rico

Concurro y respaldo totalmente la posición institucional del Partido Popular Democrático en torno al asunto bajo discusión según será expresada aquí por el PPD. Esa posición es el resultado del trabajo de un comité sobre status nombrado en diciembre por el presidente de la colectividad, David Bernier, compuesto por este servidor, el senador Eduardo Bhatia, el representante Luis Vega Ramos y el licenciado José Alfredo Hernández Mayoral. La posición adoptada por el PPD está fundamentada en un análisis serio y ponderado de la experiencia histórica que Puerto Rico ha tenido en la discusión del tema de status, especialmente, ante la falta de acción de Estados Unidos, las posiciones asumidas por el liderato del nuevo gobierno y los dos proyectos presentados, recientemente, aquí y en Washington DC. Las recomendaciones del comité de status del Partido Popular fueron aprobadas de forma unánime por la Junta de Gobierno del PPD en la noche de ayer.

Voy a enfatizar en algunos puntos expresados y añadir algunos adicionales, basado en mi experiencia como comisionado residente y gobernador.

No hay dudas de que el proceso establecido por el P. del S. 51 (y su proyecto gemelo en la Cámara de Representantes, P. de la C. 609), no atiende el tema de status con la seriedad que amerita, ni respeta los principios más básicos de democracia, juego limpio y equidad, si es que de verdad se quiere adelantar en este importante tema. Por la manera en que ha sido inspirado y redactado, y basado en las expresiones y acciones del liderato gubernamental del PNP, mi posición es que este proyecto no es enmendable.

Como indica el PPD en su comparecencia, la resistencia de Estados Unidos a la idea de la estadidad es clara y evidente. Pero más preocupante es la inmovilidad de Washington a responder a cualquier reclamo de cambio o modificación en nuestra relación política, lo cual ha quedado claramente demostrado. Por eso resulta sorpresivo y trágico que el nuevo gobierno haya entrado en contradicciones claras sobre este tema en menos de un mes en el poder y que el P. del S. 51, visto detenidamente, no es más que una repetición de los procesos amañados del 1998 y 2012, pero con esteroides. Y al igual que en esas dos instancias, esta medida no nos llevará a ningún lugar. Son estas contradicciones y artimañas las que me han llevado a describirlo como el Plan Frenesí.

Si de verdad quisiera atenderse el tema del status con seriedad y si los hermanos estadistas de quisieran de verdad tener una oportunidad de que se les escuche y se les responda, el proceso no puede estar diseñado para que los resultados estén pre-determinados.

Para tener alguna posibilidad de éxito, cualquier proceso de status, mínimamente, debe cumplir con dos criterios:

1. Que sea inclusivo de las diferentes tendencias en Puerto Rico, para que nadie pueda cuestionar la validez del resultado, y
2. Que incorporé al Congreso de Estados Unidos desde el inicio, para que esté política y moralmente, obligado a responder.

Ninguno de estos dos criterios se cumple con este proyecto. Aquí se está poniendo la carreta delante de los bueyes y aunque insisto en que el proyecto radicado no es enmendable, el proceso si lo es.

Si de verdad ustedes quieren que la estadidad (aunque ahora sea para el 2025) tenga una posibilidad, el primer paso que deben dar es concentrar todos sus recursos en lograr que el H.R. 260 de la comisionada residente Jennifer González sea aprobado por el Congreso. Aunque yo difiero del lenguaje incluido en esa medida, desde la perspectiva estadista, su aprobación por el Congreso, previo a que se convoque localmente a otro plebiscito criollo, obligaría -política y moralmente- a Estados Unidos a responder.

Paralelamente, con las gestiones para que el Congreso actúe ahora, si ustedes de verdad quisieran un proceso inclusivo, justo y, que no pueda ser cuestionado, eventualmente, abrirían ahora mismo un espacio para que todos los partidos y tendencias ideológicas de status puedan realizar gestiones directamente con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, sobre las condiciones que quieren que sean consideradas para su alternativa de status. Ese proceder es lo que es consistente con la legislación federal que ustedes están promoviendo.

Luego de ese diálogo con el Departamento de Justicia, y luego de la aprobación del proyecto en Washington, es que debe legislar localmente, permitiéndole a los partidos que se incluyan en dicha legislación las propuestas que se entienda que pueden ser validadas por el Departamento de Justicia, que en su momento tendrá que manifestarse sobre la validez constitucional de cada una de las opciones de status.

Obviamente, si el Congreso no actuara en un tiempo razonable, esta legislatura tendrá entonces que hacerlo con una legislación que incorpore las alternativas que los partidos quieren que sean formalmente evaluadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ese sería un proceso inclusivo y con mayores posibilidades de éxito en Washington DC.

Lamentablemente, si me preguntan hoy, no tengo esperanzas de que el proceso iniciado se corrija. Ustedes no van a insistir en la aprobación del H.R. 260 porque saben que no tiene los votos por ser una legislación pro-estadidad. Y no van a permitir un proceso inclusivo porque para mí es claro que a lo que ustedes aspiran es a un proceso que produzca una victoria ficticia de la estadidad.

Como dije, estamos ante una repetición de los errores de 1998 y el 2012 porque su conceptualización y ejecución nace de la mala fe y de la insistencia en que los procesos predeterminen los resultados. Por eso, la posición del PPD es que si se quiere de verdad adelantar la discusión del tema de status en Washington, hay que comenzar de nuevo. Los verdaderos estadistas deberían repudiar este proyecto porque no va a adelantar su causa.

No actúen con frenesí. Recuerden que ustedes tienen un mandato de gobernar, pero validado solamente con el 42% de los votos. No humillen y atropellen a ese 58% del pueblo que no voto por ustedes.

Concluyo repitiendo las palabras incluidas en la ponencia institucional del PPD:

“La democracia le pertenece al pueblo no al gobierno de turno. Cuando los gobiernos establecen procesos anti-democráticos, el pueblo, con su creatividad, busca a fondo en sus herramientas democráticas para contestar. Cada vez que se han diseñado las reglas de juego para fabricar resultados a favor de la estadidad y de esa forma amenazar nuestra identidad como pueblo, cada vez que han tratado de excluir a la mayoría de los que no somos estadistas ni independentistas, este pueblo se ha crecido y los ha detenido. Aprendan de sus errores. Recuerden el 1998. Recuerden el 2012. El pueblo se crecerá, nuevamente”.

Statehood: The Frenzy Plan

(Published in Spanish – La estadidad y el plan frenesí – by El Nuevo Día on January 12, 2017)
The first actions by the new government concerning its proposal to bring about statehood are confusing and contradictory and depart from what Governor Ricardo Rosselló committed to in his plan of government and during his political campaign.

There is no mandate from the people of Puerto Rico to ask for statehood. The majority of Puerto Ricans have never voted to ask for it, as was demonstrated in the 2012 plebiscite when statehood obtained only 44% of all the votes cast. Perhaps that is why Ricardo Rosselló said throughout his campaign that the elections were plebiscitary and that a vote for him was a vote for statehood. But in these elections, he won with only 42% of the votes, which clearly, also does not constitute a mandate for statehood.

Hence comes the first contradiction, because it has been through some of his first acts that he has admitted that he doesn’t have a mandate. Although in his inauguration speech, Ricardo Rosselló said that he was going to present in Washington a bill for Puerto Rico to be admitted as a state, that is not what he did. He also said that, parallel to that, he would launch in Puerto Rico the so-called Tennessee Plan, to “designate” five congressmen and two senators to lobby for statehood in representation of the “State of Puerto Rico”. But the bill submitted by Resident Commissioner Jennifer González, proposes to first hold a plebiscite of statehood vs independence, and then, presuming the triumph of statehood, it would come in 2025, not now. On the day she was sworn in, the resident commissioner said that she was be the last person to hold that office, but then the next day, she presented legislation that postponed statehood for eight years.

We were told during the campaign that statehood was the solution to our economic crisis, but now, if Congress approves the submitted bill, statehood would not arrive for another 9 years. Are they telling us the crisis will last until 2025, or will it be solved without statehood? It is evident somewhere the PNP is disregarding the truth. It is obvious that more than a Tennessee Plan this is a Frenzy Plan. Asking for statehood during this time of economic crisis we live in, and without a true mandate is an act of delirium of power.

The Tennessee Plan, a mechanism used in the XVIII century, is doubly anti-democratic. Tennessee was admitted as a state in 1796 when George Washington was still president after residents supported statehood with more than 70% of the vote. At that time, the “territory” elected congressmen and senators to take office. In a matter of months Tennessee was admitted, but the reality is that the parallels between Tennessee in 1796 and Puerto Rico today are none.

Not only is there no mandate for that, but also the new governor has said that he will “designate” the “congressmen” to go to Washington to “represent the State of Puerto Rico”, and, to do that instead of electing them is another mockery to Puerto Ricans. Why are they going to use the Tennessee Plan if the bill says that nothing will happen until 2025? This mechanism is to ask for statehood immediately, not in installments.

And if that deception wasn’t enough, they have made up a plebiscite of statehood vs independence when there is no mention of that plebiscite in any page of the PNPs platform. It’s obvious that it’s a desperate and improvised move to make a super majority in favor of statehood, which excludes most Puerto Ricans who advocate a relationship of dignified association with the United States.

The Frenzy Plan is not going to solve Puerto Rico’s colonial problem; in fact, it is a repetition of the PNP tricks in the plebiscites of 1998 and 2012, that came to nothing.
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Originally published in Spanish by El Nuevo Día. Translated by Gabriela Acevedo Gándara

La estadidad y el plan frenesí

(publicada por El Nuevo Día el 12 de enero de 2017

Las primeras acciones del nuevo gobierno sobre su propuesta para traer la estadidad son confusas y contradictorias y se apartan de lo que el gobernador Ricardo Rosselló consignó en su plan de gobierno y durante la campaña política.

No existe un mandato del pueblo de Puerto Rico para pedir la estadidad. La mayoría de los puertorriqueños nunca ha votado para pedirla y así quedó demostrado en el plebiscito de 2012 cuando la estadidad obtuvo, solamente, el 44% de los votos. Quizás por eso es que Ricardo Rosselló dijo durante la campaña que las elecciones eran plebiscitarias y que un voto por él era un voto por la estadidad. Pero esas elecciones, las ganó con solo el 42% de los votos, lo que claramente, tampoco constituye un mandato por la estadidad.

De ahí viene la primera contradicción, porque ha sido con algunos de sus primeros actos que ha admitido que no tiene dicho mandato. Aunque en su mensaje de toma de posesión, Ricardo Rosselló, dijo que iba a presentar en Washington un proyecto para que Puerto Rico sea admitido como estado, eso no fue lo que hizo. También dijo que, paralelamente, iba a impulsar en Puerto Rico el llamado Plan Tennessee, para “designar” cinco congresistas y dos senadores para, en representación del “Estado de Puerto Rico”, cabildear a favor de la estadidad. Pero el proyecto de ley sometido por la comisionada residente, Jennifer González, primero propone celebrar un plebiscito de estadidad vs. independencia, y luego, presumiendo el triunfo de la estadidad, esta vendría en el 2025 y no ahora. El día que juró, la comisionada residente dijo que ella iba a ser la última persona en ocupar ese cargo este cuatrienio, pero al día siguiente, presentó una legislación que posterga la estadidad por dos cuatrienios.

Nos dijeron durante la campaña que la estadidad era la solución a nuestra crisis económica, pero ahora, si el Congreso aprobara el proyecto sometido, la estadidad no vendría hasta dentro de 9 años. ¿Nos están diciendo que la crisis va a durar hasta el 2025, o es que la van a resolver sin la estadidad? Es evidente que en algún lugar el PNP falta a la verdad. Es obvio que más que un Plan Tennessee, estamos ante un Plan Frenesí. Pedir la estadidad en el momento de crisis económica que vivimos y sin un mandato verdadero, es un acto de delirio de poder.

El Plan Tennessee, un mecanismo usado en el Siglo XVIII, es doblemente anti-democrático. Tennessee fue admitido como estado en 1796 cuando George Washington todavía era presidente luego de que los residentes apoyaron la estadidad con más del 70% de los votos. En aquél momento, el “territorio” eligió sus congresistas y senadores para que asumieran el cargo. En cuestión de meses, Tennessee fue admitido, pero la realidad es que los paralelos entre Tennessee en 1796 y Puerto Rico hoy son ningunos.

Aquí no solo no hay mandato para eso, sino que el nuevo gobernador ha dicho que “designarᔠa los “congresistas” que irían a Washington “para representar al Estado de Puerto Rico” y, hacer eso en lugar de elegirlos, es otra burla a todos los puertorriqueños. ¿Para que van a usar el Plan Tennessee si el propio proyecto de ley dice que no pasará nada hasta el 2025? Ese mecanismo es para pedir la estadidad inmediatamente, no a plazos.

Y como si fuera poco engaño, se han sacado de la manga un plebiscito de estadidad vs. independencia cuando en ninguna página del plan de gobierno del PNP se menciona ese plebiscito. Es obvio que de lo que se trata es de una movida desesperada e improvisada para fabricar una súper mayoría a favor de la estadidad excluyendo a la mayor parte de los puertorriqueños, que defienden una relación de asociación digna con Estados Unidos.

El Plan Frenesí no va a resolver el problema colonial de Puerto Rico, de hecho, es la repetición de los trucos del PNP en los plebiscitos de 1998 y 2012, que se quedaron en nada.

Governor Ricardo Rosselló does not have a mandate from the people of Puerto Rico in favor of statehood and the PDP will begin an offensive in Washington to let them know

San Juan, Puerto Rico (January 4, 2017) The monitoring committee to the issues of status of the Popular Democratic Party announced today that in light of the annexationist strategy initiated by the government of Ricardo Rosselló, the PDP will act as an unifying agent of all the Puerto Rican and anti-statehood forces, so that in the United States and Puerto Rico, it will be known that there is no mandate for statehood and that this alternative is bad for Puerto Rico and bad for the United States.
“The people of Puerto Rico have never voted to ask for statehood. That was demonstrated in the 2012 plebiscite when statehood only received 44% of the votes cast in the polls and even Governor Rosselló said that the elections this past November were plebiscitary” said in a joint statement former governor Aníbal Acevedo Vila, senator and ex-president of the Senate Eduardo Bhatia; representative Luis Vega Ramos and José Alfredo Hernández Mayoral, Esq.

The members of the committee appointed by the governing board of the PDP to follow up on status issues in the United States and in Puerto Rico pointed out that the election of Rosselló with only 42% of the votes cast in the past general election is yet another clear indication that the new governor does not have a mandate from the majority of the people of Puerto Rico in favor of statehood.

“On the contrary, every time Puerto Ricans have expressed themselves at the polls, the majority has voted against statehood and we will let the congressman and senators know this,” the group added in their joint statement.

The statements from the PDP group are in responses to the announcements made by Governor Rosselló to implement through local legislation the so called Tennessee Plan, “designating” five congressmen and two senators “to represent the State of Puerto Rico”; and to the efforts from the Resident Commissioner in Washington, Jennifer Gonzalez to present federal legislation to hold a plebiscite of statehood versus independence for Puerto Rico to be admitted as the 51st state. They explained that Tennessee was admitted as a state in 1796 when George Washington was still president and the petition was made after residents approved statehood with more that 70% of votes. “The parallels between Tennessee in 1796 and Puerto Rico today are none”, they stated.

“The petition for admission as a state, and the “designation” of congressmen to go to the federal capital, are not only antidemocratic actions, but completely contrary to the economic development needs that Puerto Rico has. All the recent and serious economic studies, including the latest from the Government Accountability Office (GAO), conclude that statehood will impose a greater economic burden and a massive loss of jobs”, said the statement, adding that “asking for statehood during this time of economic crisis and without a real mandate, is an insane proposition.”

The members of the committee pointed out that at this time in the federal capital, Puerto Rico has to fight to obtain sufficient funds to avoid the collapse of the health care system and for new incentives for economic development, including the exclusion of the application of the law of cabotage, with the aggravating circumstance that such dealings must be done under an ultra-conservative republican congress and a new United States president –Donald Trump- who made no commitment to Puerto Rico during his campaign, much less with statehood.

On the Tennessee Plan, an antiquated mechanism used in the XVIII Century, the popular democratic leaders indicated that it’s “doubly anti-democratic”. Not only is there no mandate for this, they affirmed, but Governor Rosselló has said that he will “designate” the “congressmen” that will travel to Washington to “represent the State of Puerto Rico” when the United States constitution clearly states that congressmen are “chosen by the people”. “ To intend to designate them instead of electing them is another mockery from the new governor to all Puerto Ricans,” they warned.

“At this time when Governor Rosselló has said that there is no money for the payroll of public employees or for pensions to our retirees, he must speak with clarity about how much it will cost to implement this Tennessee Plan and about who and how they will pay for the trips and lodgings of these supposed congressmen,” they inquired.

The popular democratic group asserted that the most absurd and contradictory thing of the proposal of Governor Rosselló Nevares and the Resident Commissioner to push what appears to be a “Frenzy Plan”, is that at the same time that the new government is asking for Puerto Rico to be admitted as a state and intends to send seven people to Washington in order to achieve this, they are talking about another criollo plebiscite of statehood vs. independence to exclude those of us who advocate a relationship of dignified association with the United States”. “The statehood vs independence plebiscite is not part of the government plan of the PNP, so they lack an electoral mandate to carry it out,” they said.

Ricardo Rosselló Nevares no tiene un mandato del pueblo a favor de la estadidad y el PPD comenzará una ofensiva en Washington para que se enteren

San Juan, Puerto Rico (4 de enero 2017) – El comité de seguimiento a los asuntos de status del Partido Popular Democrático adelantó hoy que ante la estrategia anexionista que se ha iniciado con el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, el PPD se propone actuar como ente aglutinador de todas las fuerzas puertorriqueñistas y anti-estadistas, para que en Estados Unidos y en Puerto Rico se sepa que no existe un mandato para la estadidad y que esa alternativa es mala para Puerto Rico y mala para Estados Unidos.

“El pueblo de Puerto Rico nunca ha votado para pedir la estadidad. Eso quedó demostrado en el plebiscito de 2012 cuando la estadidad solo obtuvo el 44% de los votos depositados en las urnas y hasta el propio gobernador Rosselló Nevares dijo que las elecciones de noviembre pasado eran plebiscitarias”, dijeron en declaración conjunta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, el senador y ex presidente del Senado, Eduardo Bhatia; el representante Luis Vega Ramos y el licenciado José Alfredo Hernández Mayoral.

Los miembros del comité designado por la junta de gobierno del PPD para dar seguimiento a los asuntos de status en Estados Unidos y en Puerto Rico precisaron que la elección de Rosselló Nevares con solo el 42% de los votos emitidos en la pasada elección general es otra muestra clara de que el nuevo gobernador no tiene un mandato de la mayoría del pueblo puertorriqueño a favor de la estadidad.

“Al contrario, todas las veces que los puertorriqueños se han expresado en las urnas, la mayoría ha votado en contra de la estadidad y así se lo haremos saber a los congresistas y senadores”, agregó el grupo en su declaración conjunta.

Las declaraciones del grupo de trabajo del PPD son en respuesta a los anuncios hechos por el gobernador Rosselló Nevares de implantar mediante legislación local el llamado Plan Tennessee, “designando” a cinco congresistas y dos senadores “para representar al Estado de Puerto Rico”; y a la gestión de la Comisionada Residente en Washington, Jennifer González, de presentar legislación federal para celebrar un plebiscito de estadidad vs independencia para que Puerto Rico sea admitido como el estado 51. Explicaron que Tennessee fue admitido como estado en 1796 cuando George Washington todavía era presidente y la petición se hizo luego de que los residentes apoyaron la estadidad con más del 70% de los votos. “Los paralelos entre Tennessee en 1796 y Puerto Rico hoy son ningunos”, afirmaron.

“La petición de admisión como estado y la ‘designación’ de congresistas para ir a la capital federal, no son actos solamente antidemocráticos, sino totalmente contrarios a las necesidades de desarrollo económico que tiene Puerto Rico. Todos los estudios económicos recientes y serios, incluyendo el último de la Government Accountability Office (GAO) del gobierno federal, concluyen que la estadidad impondrá una carga económica mayor para los puertorriqueños y una pérdida masiva de empleos”, afirma la declaración al añadir que “pedir la estadidad en este momento de crisis económica y sin un mandato verdadero, es un acto de delirio de poder”.

Los miembros del comité recordaron que en este momento en la capital federal Puerto Rico tiene que luchar por obtener fondos suficientes que eviten el colapso del sistema de salud y nuevos incentivos de desarrollo económico, incluyendo la exclusión de la aplicación de la ley de cabotaje, con el agravante de que dichas gestiones hay que trabajarlas ante un congreso republicano ultra-conservador y un nuevo presidente estadounidense -Donald Trump- que no hizo ningún compromiso con Puerto Rico durante su campaña y mucho menos con la estadidad.

Sobre el Plan Tennessee, un mecanismo anticuado usado en el Siglo XVIII, los líderes populares señalaron que es “doblemente anti-democrático”. No solo no hay mandato para eso, afirmaron, sino que el gobernador Rosselló Nevares ha dicho que “designarᔠa los “congresistas” que irían a Washington “para representar al Estado de Puerto Rico” cuando la constitución de Estados Unidos dice, claramente, que los congresistas son “escogidos por la gente”. “Pretender designarlos en lugar de elegirlos es otra burla del nuevo gobernador a todos los puertorriqueños”, advirtieron.

“En estos momentos cuando el gobernador Rosselló Nevares ha dicho que no hay dinero para pagar la nómina de los empleados públicos ni las pensiones de nuestros retirados, debe hablar con claridad sobre cuánto va a costar implantar ese Plan Tennessee y sobre quién y cómo se va a pagar por los viajes y estadía de esos supuestos congresistas”, inquirieron.

El grupo popular sostuvo que lo absurdo y contradictorio de la propuesta del gobernador Rosselló Nevares y de la Comisionada Residente para impulsar lo que más bien parece un ‘Plan Frenesí’, es que a la vez que el nuevo gobierno pide que se admita a Puerto Rico como estado y pretende enviar siete personas a Washington con el objetivo de lograrlo, están hablando de otro plebiscito criollo de estadidad vs. independencia para excluir a los que defendemos una relación de asociación digna con Estados Unidos”. “El plebiscito estadidad vs independencia no forma parte del programa de gobierno del PNP por lo cual carecen de un mandato electoral para llevarlo a cabo”, apuntaron.

GRACIAS

Mis mejores deseos para todos en este día de Acción de Gracias. Demos gracias especialmente por la familia y los verdaderos amigos. Por todos los que hemos querido y nos han querido durante la vida. Los que todavía están y los que ya no nos acompañan. Gracias por los que en algún momento dejaron de ser nuestros amigos. Pero especialmente demos gracias por aquellos amigos que la vida nos tiene en el camino del futuro y todavía no hemos conocido. Por todo eso y mucho más, GRACIAS.

Nuestro Partido Popular…

(Columna publicada hoy por el periódico El Nuevo Día. Les invito a leer esta versión que incluye un octavo párrafo que fue editado por el periódico por razones de espacio. Además en la versión electrónica cambiaron el título)
A menos de dos semanas para las elecciones, quiero hablarle directamente a los miles de puertorriqueños que creen en el Partido Popular.  Puerto Rico y el PPD atraviesan circunstancias difíciles y la verdad es que este no es el momento de tapar el cielo con la mano, porque en la dificultad uno tiene que reafirmarse en lo que uno es, en lo que uno cree y en lo que uno representa. 
 
Hablo por derecho propio pero no lo hago con regocijo, sino por obligación, porque el partido y los populares no merecen ser caracterizados por el escándalo de estos meses.
 
Defender y abrazar corruptos y oportunistas no está en nuestro “job description”. Al contrario, estoy convencido de que nos sentimos obligados a combatirlos y repudiarlos. En el PPD hemos recibido durante más de un año un bombardeo de la oficina de la fiscal federal que ha sido aceptado y generalizado por la prensa, de que Anaudi Hernández era un “recaudador del PPD”.  Presidí la colectividad dos veces y en esa misma cantidad de veces presidí su conferencia legislativa, además de dirigir la portavocía en la Cámara de Representantes desde una posición de minoría y la verdad es que nunca, en ninguno de todos esos años, esa persona fue recaudadora del PPD.
 
Un recaudador del PPD no es un paracaidista, que llega de momento para aprovecharse de tal o cual circunstancia, sino una persona que tiene vínculos institucionales con el partido que van más allá de quién es el candidato a la gobernación o a cualquiera de las otras posiciones electivas. Es una persona cuyas aportaciones van más allá de aportar y recaudar dinero, sino que se hace presente en cada uno de los eventos y retos importantes que tiene nuestro partido.
 
Yo nací en este partido y llevo toda mi vida adulta vinculado a él. Trabajé con Rafael Hernández Colón, Victoria Muñoz, Héctor Luis Acevedo y Sila Calderón, entre otros líderes. El tal Anaudi nunca levantó un centavo para ninguno de ellos y tampoco fue un recaudador para Héctor Ferrer cuando el PPD estaba en sus manos. Aunque es de Aguadilla, nunca se vinculó a nuestros candidatos a alcaldías y nunca lo vi en una caravana o caminata de ninguna campaña. Su mansión de millonario la construyó, sabe Dios cómo, pero no fue por vínculos al partido. 
 
La realidad es que Anaudi fue recaudador solamente en la campaña del 2012. Su vínculo fue personal y usó sus pretensiones profesionales para aprovechar y colarse. Usó su dinero y su vida ostentosa para agenciarse la amistad de algunos y de ahí, montar un esquema corrupto. Lamentablemente, unos pocos políticos cayeron en sus garras, pero NO el PPD.
 
Si como popular te repugna lo que hizo Anaudi, no sientas vergüenza, todo lo contrario, indígnate, porque así no es tu partido. Anaudi es la excepción que valida la norma de lo que verdaderamente es el PPD.  Tú sabes que el PPD no es el partido que lleva a sus legisladores en una guagua a defender a un compañero corrupto, sabes que no es el que le fabrica una pensión ilegal a un gobernador; sabes que no es el partido del gobernador que cuando sale del poder, se va a trabajar a una firma a la que él mismo le dio millones de dólares en contratos con fondos públicos.  Si como popular sientes asco por Anaudi, es, precisamente, porque eres un buen popular.
 
Nuestro partido es de líderes como Churumba, José Aponte y Willie Miranda, que murieron con las botas puestas, viviendo modestamente. De líderes como José Carlos Aponte y William Miranda que heredaron de sus padres esa verticalidad. De líderes como David Bernier, Héctor Ferrer, Eduardo Bhatia, Aníbal José Torres, Carmen Yulín, Luis Vega Ramos y otros muchos, que han dedicado su vida al servicio público y no a servirse.

El PPD ha luchado toda su vida por mayor gobierno propio para Puerto Rico, algo que en este momento nos han arrebatado con PROMESA; es el que siempre ha luchado contra todos los discrímenes, antes por nacimiento y clase social y hoy, en favor de los inmigrantes y por la igualdad.  Nuestro partido, desde doña Inés para acá, ha sido el muro de contención en contra del asimilismo y la destrucción de nuestra identidad.
 
Popular, ¿que los retos son grandes? Claro que sí. ¿Que te debe dar coraje con los que te han fallado? Por supuesto.  Pero siempre siéntete orgulloso de ser popular.
Como dice nuestro Himno de la Vergüenza, “no hay dinero que compre mi conciencia ni razón para entregar yo mis derechos. Adelante hermano puertorriqueño, adelante, adelante, popular”.

Nuestro Partido Popular…

A menos de dos semanas para las elecciones, quiero hablarle directamente a los miles de puertorriqueños que creen en el Partido Popular.  Puerto Rico y el PPD atraviesan circunstancias difíciles y la verdad es que este no es el momento de tapar el cielo con la mano, porque en la dificultad uno tiene que reafirmarse en lo que uno es, en lo que uno cree y en lo que uno representa.  
Hablo por derecho propio pero no lo hago con regocijo, sino por obligación, porque el partido y los populares no merecen ser caracterizados por el escándalo de estos meses.
 
Defender y abrazar corruptos y oportunistas no está en nuestro “job description”. Al contrario, estoy convencido de que nos sentimos obligados a combatirlos y repudiarlos. En el PPD hemos recibido durante más de un año un bombardeo de la oficina de la fiscal federal que ha sido aceptado y generalizado por la prensa, de que Anaudi Hernández era un “recaudador del PPD”.  Presidí la colectividad dos veces y en esa misma cantidad de veces presidí su conferencia legislativa, además de dirigir la portavocía en la Cámara de Representantes desde una posición de minoría y la verdad es que nunca, en ninguno de todos esos años, esa persona fue recaudadora del PPD.
 
Un recaudador del PPD no es un paracaidista, que llega de momento para aprovecharse de tal o cual circunstancia, sino una persona que tiene vínculos institucionales con el partido que van más allá de quién es el candidato a la gobernación o a cualquiera de las otras posiciones electivas. Es una persona cuyas aportaciones van más allá de aportar y recaudar dinero, sino que se hace presente en cada uno de los eventos y retos importantes que tiene nuestro partido.
 
Yo nací en este partido y llevo toda mi vida adulta vinculado a él. Trabajé con Rafael Hernández Colón, Victoria Muñoz, Héctor Luis Acevedo y Sila Calderón, entre otros líderes. El tal Anaudi nunca levantó un centavo para ninguno de ellos y tampoco fue un recaudador para Héctor Ferrer cuando el PPD estaba en sus manos. Aunque es de Aguadilla, nunca se vinculó a nuestros candidatos a alcaldías y nunca lo vi en una caravana o caminata de ninguna campaña. Su mansión de millonario la construyó, sabe Dios cómo, pero no fue por vínculos al partido. 
 
La realidad es que Anaudi fue recaudador solamente en la campaña del 2012. Su vínculo fue personal y usó sus pretensiones profesionales para aprovechar y colarse. Usó su dinero y su vida ostentosa para agenciarse la amistad de algunos y de ahí, montar un esquema corrupto. Lamentablemente, unos pocos políticos cayeron en sus garras, pero NO el PPD.
 
Si como popular te repugna lo que hizo Anaudi, no sientas vergüenza, todo lo contrario, indígnate, porque así no es tu partido. Anaudi es la excepción que valida la norma de lo que verdaderamente es el PPD.  Tú sabes que el PPD no es el partido que lleva a sus legisladores en una guagua a defender a un compañero corrupto, sabes que no es el que le fabrica una pensión ilegal a un gobernador; sabes que no es el partido del gobernador que cuando sale del poder, se va a trabajar a una firma a la que él mismo le dio millones de dólares en contratos con fondos públicos.  Si como popular sientes asco por Anaudi, es, precisamente, porque eres un buen popular.
 
Nuestro partido es de líderes como Churumba, José Aponte y Willie Miranda, que murieron con las botas puestas, viviendo modestamente. De líderes como José Carlos Aponte y William Miranda que heredaron de sus padres esa verticalidad. De líderes como David Bernier, Héctor Ferrer, Eduardo Bhatia, Aníbal José Torres, Carmen Yulín, Luis Vega Ramos y otros muchos, que han dedicado su vida al servicio público y no a servirse.

El PPD ha luchado toda su vida por mayor gobierno propio para Puerto Rico, algo que en este momento nos han arrebatado con PROMESA; es el que siempre ha luchado contra todos los discrímenes, antes por nacimiento y clase social y hoy, en favor de los inmigrantes y por la igualdad.  Nuestro partido, desde doña Inés para acá, ha sido el muro de contención en contra del asimilismo y la destrucción de nuestra identidad.
 
Popular, ¿que los retos son grandes? Claro que sí. ¿Que te debe dar coraje con los que te han fallado? Por supuesto.  Pero siempre siéntete orgulloso de ser popular.
Como dice nuestro Himno de la Vergüenza, “no hay dinero que compre mi conciencia ni razón para entregar yo mis derechos. Adelante hermano puertorriqueño, adelante, adelante, popular”.

Primero tenemos que descolonizar el alma

Una de las consecuencias más devastadoras del coloniaje es su efecto emocional en el colonizado. Cuando ese efecto se manifiesta a nivel colectivo, lo que vemos es una sociedad sobrevalorando lo que se impone desde afuera y menospreciando sus propias capacidades; una sociedad que aplaude lo que hace el colonizador y critica cuando el oprimido hace exactamente lo mismo. Si lo hacemos los puertorriqueños, está mal, pero si lo hace el americano, es correcto. Los desarrollos recientes en nuestra relación con Estados Unidos y los referentes a la junta de control fiscal son un claro reflejo de esto.
29 minutos, ese fue el tiempo que duró la alegada primera reunión de la junta federal de control fiscal. La reunión tuvo lugar el último día provisto por la ley PROMESA para organizarse. En un intento de aparentar transparencia, fue abierta al público y transmitida por internet. Pero, evidentemente, lo que “votaron” ya lo habían acordado a espaldas del pueblo; no hubo ningún análisis ni discusión.

Imaginémonos por un minuto que el gobierno de Puerto Rico (PPD o PNP) hubiera creado una nueva junta directiva para un nuevo banco gubernamental con el poder de controlarlo todo. Y que esa junta hubiera actuado como acaba de actuar la junta federal de control fiscal. No tengo ninguna duda de que la prensa, los analistas, la gente en la calle y los grupos profesionales, denunciarían que tales actos a espaldas del pueblo son inaceptables, que tienen agenda escondida, y que son actuaciones politiqueras y corruptas, por decir lo menos. Sin embargo, en el caso de la junta que nos ocupa y que ya está en funciones, como actúa en función de un mandato de ley federal, pues la mayoría guarda silencio, se aguanta, otros aplauden, pero solo unos que otros se expresan indignados.

Han pasado varias semanas desde que se conocieron los nombres de los siete miembros de la junta y la realidad es que es muy poco lo que se ha analizado y discutido a profundidad sobre cada uno de ellos. No se indaga sobre su trasfondo, no se analizan meticulosamente sus posibles conflictos de intereses y mientras muchos piensan que vienen a despolitizar los procesos, lo cierto es que en las filas del PNP y entre republicanos se celebraba con anticipación el nombramiento de su presidente, a quien distinguen como uno de los suyos, por sus aportaciones políticas, esencialmente en forma de donativos.

¿Y no que estamos escandalizados porque, alegadamente, en Puerto Rico solo se consiguen nombramientos y posiciones a cambio de donativos políticos? ¿Cuál es entonces la diferencia? Si a un donante del PPD o de PNP, sin experiencia financiera, lo hubiesen nombrado a dirigir la junta del Banco Gubernamental de Fomento, simplemente por ser donante, ¿cuántas historias se habrían escrito sobre sus donativos políticos? Y ni hablar del anterior presidente del BGF que aprobó muchas de las transacciones que hoy se cuestionan. Pero, como esos nombramientos fueron recomendados por los líderes políticos del Congreso y los nombró el presidente Obama, pues la mayoría presume que está bien. ¿Y si los hubiesen recomendado los presidentes de la Cámara y Senado en Puerto Rico? De seguro, que esa complacencia que hay con la junta fiscal no existiría.

Y lo peor es que quizás lo más escandaloso es lo que menos se ha discutido. Como parte de PROMESA se incluyó un lenguaje para ordenar que un task force del Congreso estudie el efecto de un reglamento del Departamento de Salud sobre productos naturales. ¿Qué tiene que ver eso con la deuda o con el desarrollo económico? Obviamente, nada. El comisionado Pierluissi admitió públicamente que eso lo puso ahí un congresista a petición de unas compañías privadas. ¿Alguien ha preguntado quién es ese congresista? ¿Qué vinculo tiene con esa compañía? ¿Cuánto dinero de campaña recibió de esa compañía?

Nuevamente, imaginémonos que eso mismo pasa con una legislación en Puerto Rico. Me puedo imaginar el escándalo del día (y con razón). ¿No fue por algo similar a eso que acusaron a Héctor Martínez y a Jorge de Castro Font? Pero, nuevamente, como lo hizo el americano, aplaudimos o en el mejor de los casos, callamos y miramos para el otro lado.

PROMESA y esa junta de control fiscal son un ejercicio burdo de poderes coloniales. Pero peor que nuestra colonización política y económica, que viene impuesta de afuera, es la colonización de nuestra alma y nuestro espíritu. No podremos luchar contra el coloniaje y movernos de verdad hacia adelante si no empezamos por descolonizar nuestra alma y nuestro espíritu. Es algo con lo que yo mismo me he confrontado. Comencemos por someterlos a ellos al mismo rigor al que nos sometemos nosotros mismos. Ese tiene que ser el primer paso.

LA PRISA PASÓ, LA CRISIS SE QUEDÓ

Con la intervención directa del presidente Obama, del secretario del Tesoro Jack Lew y de los dos funcionarios electos de más alto rango en Puerto Rico, PROMESA se aprobó sin ninguna enmienda significativa antes del 1 de julio ante la expectativa de que, si ello no ocurría, el cielo se iba a caer. Sin embargo, ya han pasado varios días y las preguntas siguen siendo los mismas: ¿Se acabó la crisis? ¿Se detuvieron las demandas? ¿Hay certeza de lo que va a pasar en Puerto Rico? ¿Llegaron los reintegros? ¿Se le está pagando a los suplidores? ¿Regresó el optimismo?
La respuesta a todas esas preguntas es, no, porque lo único que ha logrado PROMESA hasta ahora es asestarle un golpe muy fuerte a la autoestima de los puertorriqueños y justificar para Estados Unidos la necesidad de un régimen colonial en Puerto Rico.

No tengo ninguna duda de que la aprobación de esta ley a toda prisa va a tener consecuencias negativas para Puerto Rico y para Estados Unidos.

Los dos senadores responsables de los temas de Puerto Rico en el Senado, uno republicano y otro demócrata, le votaron en contra, mala señal para los que dicen que este es el primer paso de un diseño para resolver el problema colonial de Puerto Rico. En menos de 24 horas, el poderoso presidente de la Comisión de Finanzas del Senado, Orrin Hatch, envió sendas cartas señalando posibles violaciones de ley y contubernios entre el Departamento del Tesoro federal y el gobierno de Puerto Rico, lo que de por sí pone en mal augurios la posibilidad de lograr medidas de desarrollo económico en el futuro cercano.

Según pasen los días, el país irá descubriendo que PROMESA no resuelve nuestra crisis, solamente atiende la de ellos. Curiosamente, al otro día de aprobarse la medida casi todas las compañías que aseguran bonos de Puerto Rico aumentaron su valor en el mercado. Y Obama y Lew ya dejaron de hablar de nosotros porque, como era su estrategia, la posibilidad de que demanden a Estados Unidos por el impago del pasado viernes se redujo, significativamente.

Pero con el problema de falta de liquidez de nuestro gobierno, PROMESA no hace nada. El impago a los suplidores continúa de mes a mes y PROMESA no lo resuelve. PROMESA tampoco atiende el déficit del Centro Médico, de la tarjeta de salud ni en los servicios de educación especial, entre muchas otras circunstancias apremiantes que enfrenta Puerto Rico. De hecho, estos problemas se van a agravar. Según el texto de la ley, si a mitad de año la junta detenta un déficit, puede ordenar cortes presupuestarios en todas las áreas menos en las de servicio al pago de la deuda de los bonistas. En otras palabras, si hay que escoger entre cortarle fondos al Centro Médico, al Departamento de Educación o a los bonistas, la ley, específicamente, prohíbe que se les corte a los bonistas.

Pero lo más dramático es lo que se validó en los estados financieros del gobierno, publicados luego de la aprobación de la ley: es muy probable que el gobierno se quede sin dinero en los próximos meses. Los estados financieros confirman que el problema no se resuelve con más recortes de gastos porque ello implicará que muchas áreas fundamentales del gobierno quedarían inoperantes.

Ya se han publicado varios reportajes sobre cómo en las crisis de Washington D.C. y Nueva York, que se nos han tratado de presentar como modelos salvadores, al pasar del tiempo, los problemas fiscales de ambas jurisdicciones tuvieron que regresar al Congreso porque sin recursos económicos y garantías de acceso a los mercados no se solucionaba la crisis. La prisa es amiga de la desinformación y ahora, aunque aparenta ser que ya no hay prisa, tampoco hay solución.

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Publicado originalmente en El Nuevo Día Interactivo el 7 de julio de 2016