El 29 de diciembre del año que acaba de terminar compartí con ustedes unas reflexiones sobre el momento que vive el país y el tema de status. Ante los importantes desarrollos ocurridos en los primeros días de este nuevo año, particularmente, la vista ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos y la nueva posición del Partido Popular sobre status, repito el escrito con algunas adiciones y actualizo mis reflexiones (en negrillas) para que juntos podamos iniciar un proceso de discusión y movernos hacia delante.
Era mi segundo año como gobernador cuando en la primera mitad de 2006 fui a Washington D.C. para una serie de reuniones con funcionarios federales sobre asuntos de Puerto Rico, mayormente, temas de desarrollo económico. Una de las personas con las que me reuní fue la entonces senadora por Nueva York, Hillary Clinton, con quien había trabajado temas relacionados a la isla cuando fui comisionado residente y con quien tenía una relación de trabajo muy cordial. A la reunión me acompañaron el entonces director de la Administración de Asuntos Federales (PRFAA, por sus siglas en inglés), Eduardo Bhatia y el secretario de Desarrollo Económico, Jorge Silva Puras.
Aunque la reunión era para hablar de temas económicos, dos desarrollos recientes en ese momento me llevaron a hacer un cambio en la agenda. El primero ocurrió el 22 de diciembre de 2005, cuando el grupo especial de trabajo sobre Puerto Rico de la presidencia de George W. Bush rindió su primer informe sobre status, el cual concluía que el ELA continuaba siendo un territorio bajo los poderes plenarios del Congreso; y el segundo se suscitó casi coincidiendo con mi reunión, pues se había presentado en el Senado federal el proyecto 2661, que se fundamentaba en ese informe y tenía como coauspiciadora a la senadora Clinton.
Mi intención era conversar brevemente con ella sobre status y luego pasar a los asuntos para los cuales le había pedido la cita, pero la conversación tomó un giro inesperado. Hillary no solo había respaldado en su totalidad el proyecto recién presentado, sino todas las conclusiones del informe del Task Force de Casa Blanca. Recuerdo con claridad que el momento más tenso de la conversación y que resume su esencia, fue cuando yo le pregunté: are you telling me that you think you have the power to pass a law now saying I am no longer the governor of Puerto Rico (usted me está diciendo que cree que tiene el poder para aprobar una ley que diga que yo no soy más el gobernador de Puerto Rico); y su respuesta fue breve pero contundente: we will never do it, but yes, we do (nunca lo haremos, pero sí, lo tenemos). Mi reacción como estadolibrista fue desafiante y le dije: I dare you to do it to prove you wrong in court (la reto a que lo haga para probarle en los tribunales que está equivocada). De más está decir que ese fue el fin de la reunión.
Hoy, con el beneficio de la distancia y de la experiencia, ya el coraje con Hillary se me pasó. Ella, simplemente, me estaba diciendo su verdad, una verdad que hoy ya sabemos que es la posición oficial del Congreso de Estados Unidos y de la rama ejecutiva del gobierno federal y, como sabemos, fue uno de los temas principales en la vista reciente ante el Tribunal Supremo estadounidense.
Las palabras privadas de Hillary de 2006 se convirtieron hace unos meses en propuestas legislativas de senadores y representantes muy poderosos. El proyecto del Senado de los senadores Hatch, Grassley y Murkowski, y el proyecto de la Cámara del representante Duffy, proponiendo el nombramiento de una junta federal que usurparía los poderes del gobernador y la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, son la más clara exposición legislativa de la visión que tiene el Congreso de que ellos tienen poderes plenarios sobre Puerto Rico porque somos un mero territorio. Resulta curioso y revelador que los amigos de Puerto Rico que se oponen a estos proyectos no ponen en duda el poder que tiene el Congreso sobre nosotros. Nadie ha dicho que esos proyectos son inconstitucionales o que violarían el pacto de 1952. Lo que dicen nuestros amigos es que no deben ejercer ese poder en este momento. Las diferencias son mínimas en lo esencial: unos entienden que tienen el poder y lo van a ejercer burdamente si es necesario, y otros como Hillary, entienden que aunque tienen el poder no lo van a ejercer porque no van a llegar tan lejos.
El escrito presentado en diciembre pasado por el Departamento de Justicia federal ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos lo que hace es darle formato de argumento legal a lo que ya era la posición de ese departamento desde 1994. Tanto en el alegato presentado ante la corte como en la vista oral, el Departamento de Justicia de Estados Unidos citó como autoridad los dos informes del grupo de trabajo especial sobre Puerto Rico de los presidentes George W. Bush y Barack Obama. El lenguaje del alegato es crudo pero para los que hemos vivido y dado estas batallas en Washington no es nuevo, excepto por la gran diferencia de que ahora es público y constituye la posición oficial de la rama ejecutiva de Estados Unidos y parece responder a la posición de algunos de los jueces del Tribunal Supremo federal.
Durante algunos de los intercambios que hubo en la vista entre los jueces y los abogados de las partes no pude evitar recordar el intercambio que tuve con Hillary. Para algunos jueces del Tribunal Supremo, el Congreso tiene el poder de derogar y modificar unilateralmente la Constitución del ELA, aunque, igual que Hillary, we will never do it.
Repasemos algunos de estos intercambios. En un diálogo con el abogado de Puerto Rico sobre si el Congreso, hipotéticamente, podría decirle a Puerto Rico qué crímenes puede procesar y cuáles no, el juez Scalia hizo el siguiente comentario:
That doesn’t mean it couldn’t. That doesn’t mean it couldn’t change the law.
Y más adelante, en otro intercambio con la jueza Kagan, cuando nuestro abogado hizo referencia a que en el proceso de 1950-52 el Congreso endosó el concepto de gobierno por consentimiento, la jueza Kagan hizo el siguiente comentario-pregunta:
Well, but Congress today, if it felt like it and of course it won’t. But if it felt like it, could Congress go back on that decision?
Esas dos intervenciones son muy parecidas a lo que la hoy candidata presidencial me dijo en privado en el 2006.
No puedo negar la ironía de que sea el Departamento de Justicia de Obama (a quien yo respaldé en 2008 en contra de Hillary) el que ponga en blanco y negro para el récord ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos lo que Hillary me dijo en privado y lo importante es que en lo esencial, no hay diferencias.
Por eso fue qué en agosto de 2014, anticipando lo que venía, señalé en mi último libro lo siguiente:
la realidad es que la teoría del pacto bilateral y el consentimiento mutuo no la defiende nadie en Washington, en la Casa Blanca ni en el Congreso. El informe de status de la administración Obama de 2011 dice, claramente, que Puerto Rico sigue bajo la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos, y niega el carácter de bilateralidad y consentimiento de la relación. Incluso los amigos en Washington del ELA actual, lo que defienden es nuestro derecho a decidir y en algunos casos se oponen tenazmente a la estadidad, pero no defienden abiertamente los postulados históricos del Partido Popular Democrático sobre el ELA.
Ya no hay más tiempo que perder. El primer paso para poder transformar el presente es aceptar la realidad. El Partido Popular ha comenzado a dar los pasos en esa dirección al aprobar una resolución en su primera reunión de Junta de Gobierno de este año 2016, en la que reconoce la magnitud del reto que enfrentamos como país. Y aunque el escenario final sobre el cual habremos de actuar lo sabremos cuando el Tribunal Supremo emita su decisión, es necesario entender dónde estamos y comenzar a delinear el camino hacia dónde vamos.
Con quien Puerto Rico interactúa continuamente es con la rama ejecutiva y la rama legislativa federal. Esos son los que nos dan y nos quitan, los que nos oyen y desoyen y para los que, claramente, no somos de alta prioridad o ninguna prioridad. Para esos somos meramente un territorio, una posesión de la que pueden disponer como les plazca, cuando les plazca. Lamentablemente, nada de eso va a cambiar por lo que decida el Tribunal Supremo.
No obstante, este caso sí tiene importancia, porque al menos puede aclarar algunos de los poderes limitados que tenemos hoy y eso es mejor que lo que dice el Departamento de Justicia federal en su alegato. Y quedó claro de la vista judicial que no hay un consenso en ese tribunal para reconocer el alcance y el carácter bilateral de lo ocurrido en 1952. Aunque algunos jueces cuestionaron la posición cruda y tajante de la administración Obama, no hubo un sentido de indignación colectiva entre los miembros de ese máximo foro judicial y tampoco una disposición mayoritaria y clara de los jueces y juezas para defender los postulados históricos del ELA como un pacto bilateral adoptado por consentimiento mutuo.
¿Qué va a decidir el Tribunal Supremo? No es mi propósito entrar en la difícil tarea de adivinar, pero sí estoy claro en lo que este caso NO va a decidir ni a lograr. Este caso no va a decidir que nos tienen que dar nuevas herramientas económicas para salir de nuestra crisis fiscal. Este caso no va a decidir que el Congreso y el presidente Clinton cometieron un error económico fatal al derogar la sección 936 del código federal de rentas internas y mucho menos va a ordenar que se reponga. Este caso no va a decidir que nos tienen que dar acceso al capítulo 9 de la ley federal quiebras. Este caso no va a decidir que es discriminatorio que nos obliguen a cumplir con la ley de cabotaje. Este caso no va a decidir cómo mantenemos los programas federales de salud, para los cuales nos exigen que cumplamos con sus normas, pero la cantidad de fondos que recibimos no es igual que la que reciben otras jurisdicciones. En fin, este caso no va a decirle a la rama ejecutiva y la rama legislativa federal que nos tienen que tratar con dignidad.
Si administraciones republicanas y demócratas, tanto en la Casa Blanca como en el Congreso, llevan más de 25 años negándonos los elementos de dignidad más básicos y herramientas necesarias de desarrollo económico, ¿qué nos puede dar el Tribunal Supremo de Estados Unidos? Los derechos políticos se obtienen de las ramas políticas del gobierno y los poderes económicos que necesitamos solo saldrán del Congreso y la rama ejecutiva. El Tribunal Supremo no tiene el poder de ordenarle a las otras dos ramas de gobierno que nos garanticen dignidad y respeto político y los poderes económicos que nos merecemos.
Por esto es que tras la vista ante el Supremo, repito lo que dije el 29 de diciembre pasado: tenemos que anticipar los pasos que vamos a dar mientras se espera por la decisión de la corte. La única solución real es movernos, apoderarnos y transformar nuestra realidad. Para nosotros, especialmente, para los estadolibristas, es hora de movernos. Ya el nuevo liderato del PPD ha dado señales de movimiento al aprobar en su primera reunión de su Junta de Gobierno este año que el ELA tiene que ser no-colonial y no-territorial. Esas palabras, que lamentablemente fueron borradas de los documentos oficiales del partido en los últimos años, han sido restauradas, reafirmando así una nueva voluntad de cambio.
Pero el diálogo y plan de acción no pueden esperar. Con los vientos que soplan en el Congreso, es urgente que como estadolibristas y populares nos preparemos para enfrentar y confrontar estas acciones. La creación de una junta fiscal federal para Puerto Rico parte de la premisa compartida entre Congreso republicano y el presidente Obama de que ellos tienen poderes plenarios sobre Puerto Rico. Esa es una realidad que tenemos que enfrentar en las próximas semanas antes de que el Tribunal Supremo decida. El tiempo apremia.
Si repetida y reiteradamente el Congreso y el ejecutivo nos dicen y nos tratan como un territorio, como una mera posesión, de nada vale que les gritemos que no lo somos. Yo, que me gané mis primeros galones en la vida pública puertorriqueña luchando en 1997-98 contra el proyecto Young, precisamente porque decía que éramos un territorio; y que movilicé a mi partido y a la mayoría del país a votar en 1998 por ninguna de las anteriores por esas mismas razones, les digo que esa ya no es la batalla que hay que dar. La batalla no es negar esa realidad sino transformarla. Los estadolibristas nos hemos ganado el derecho a una segunda oportunidad, pero hay que salir a buscarla y luchar por ella con inteligencia, astucia y estrategia. Con nuevos caminos, pero no para viejos objetivos sino para objetivos nuevos y diferentes. De eso es que tenemos que empezar a hablar, pensar, dialogar y reflexionar. Para eso, le pregunto a los populares y a los estadolibristas, ¿estamos listos? De eso se trata el futuro. Yo, estoy listo.