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PONENCIA DEL EXGOBERNADOR ANÍBAL ACEVEDO VILÁ EN TORNO AL P. DEL S. 51 Y EL P. DE LA C. 609 A LOS FINES DE ESTABLECER LA LEY PARA LA DESCOLONIZACIÓN INMEDIATA DE PUERTO RICO, SOMETIDO POR LA DELEGACIÓN DEL PARTIDO NUEVO PROGRESISTA
Escrito el 18 de enero de 2017


18 de enero de 2017
Salón Leopoldo Figueroa
El Capitolio, San Juan, Puerto Rico


Concurro y respaldo totalmente la posición institucional del Partido Popular Democrático en torno al asunto bajo discusión según será expresada aquí por el PPD. Esa posición es el resultado del trabajo de un comité sobre status nombrado en diciembre por el presidente de la colectividad, David Bernier, compuesto por este servidor, el senador Eduardo Bhatia, el representante Luis Vega Ramos y el licenciado José Alfredo Hernández Mayoral. La posición adoptada por el PPD está fundamentada en un análisis serio y ponderado de la experiencia histórica que Puerto Rico ha tenido en la discusión del tema de status, especialmente, ante la falta de acción de Estados Unidos, las posiciones asumidas por el liderato del nuevo gobierno y los dos proyectos presentados, recientemente, aquí y en Washington DC. Las recomendaciones del comité de status del Partido Popular fueron aprobadas de forma unánime por la Junta de Gobierno del PPD en la noche de ayer.

Voy a enfatizar en algunos puntos expresados y añadir algunos adicionales, basado en mi experiencia como comisionado residente y gobernador.

No hay dudas de que el proceso establecido por el P. del S. 51 (y su proyecto gemelo en la Cámara de Representantes, P. de la C. 609), no atiende el tema de status con la seriedad que amerita, ni respeta los principios más básicos de democracia, juego limpio y equidad, si es que de verdad se quiere adelantar en este importante tema. Por la manera en que ha sido inspirado y redactado, y basado en las expresiones y acciones del liderato gubernamental del PNP, mi posición es que este proyecto no es enmendable.

Como indica el PPD en su comparecencia, la resistencia de Estados Unidos a la idea de la estadidad es clara y evidente. Pero más preocupante es la inmovilidad de Washington a responder a cualquier reclamo de cambio o modificación en nuestra relación política, lo cual ha quedado claramente demostrado. Por eso resulta sorpresivo y trágico que el nuevo gobierno haya entrado en contradicciones claras sobre este tema en menos de un mes en el poder y que el P. del S. 51, visto detenidamente, no es más que una repetición de los procesos amañados del 1998 y 2012, pero con esteroides. Y al igual que en esas dos instancias, esta medida no nos llevará a ningún lugar. Son estas contradicciones y artimañas las que me han llevado a describirlo como el Plan Frenesí.

Si de verdad quisiera atenderse el tema del status con seriedad y si los hermanos estadistas de quisieran de verdad tener una oportunidad de que se les escuche y se les responda, el proceso no puede estar diseñado para que los resultados estén pre-determinados.

Para tener alguna posibilidad de éxito, cualquier proceso de status, mínimamente, debe cumplir con dos criterios:

1. Que sea inclusivo de las diferentes tendencias en Puerto Rico, para que nadie pueda cuestionar la validez del resultado, y
2. Que incorporé al Congreso de Estados Unidos desde el inicio, para que esté política y moralmente, obligado a responder.

Ninguno de estos dos criterios se cumple con este proyecto. Aquí se está poniendo la carreta delante de los bueyes y aunque insisto en que el proyecto radicado no es enmendable, el proceso si lo es.

Si de verdad ustedes quieren que la estadidad (aunque ahora sea para el 2025) tenga una posibilidad, el primer paso que deben dar es concentrar todos sus recursos en lograr que el H.R. 260 de la comisionada residente Jennifer González sea aprobado por el Congreso. Aunque yo difiero del lenguaje incluido en esa medida, desde la perspectiva estadista, su aprobación por el Congreso, previo a que se convoque localmente a otro plebiscito criollo, obligaría -política y moralmente- a Estados Unidos a responder.

Paralelamente, con las gestiones para que el Congreso actúe ahora, si ustedes de verdad quisieran un proceso inclusivo, justo y, que no pueda ser cuestionado, eventualmente, abrirían ahora mismo un espacio para que todos los partidos y tendencias ideológicas de status puedan realizar gestiones directamente con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, sobre las condiciones que quieren que sean consideradas para su alternativa de status. Ese proceder es lo que es consistente con la legislación federal que ustedes están promoviendo.

Luego de ese diálogo con el Departamento de Justicia, y luego de la aprobación del proyecto en Washington, es que debe legislar localmente, permitiéndole a los partidos que se incluyan en dicha legislación las propuestas que se entienda que pueden ser validadas por el Departamento de Justicia, que en su momento tendrá que manifestarse sobre la validez constitucional de cada una de las opciones de status.

Obviamente, si el Congreso no actuara en un tiempo razonable, esta legislatura tendrá entonces que hacerlo con una legislación que incorpore las alternativas que los partidos quieren que sean formalmente evaluadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ese sería un proceso inclusivo y con mayores posibilidades de éxito en Washington DC.

Lamentablemente, si me preguntan hoy, no tengo esperanzas de que el proceso iniciado se corrija. Ustedes no van a insistir en la aprobación del H.R. 260 porque saben que no tiene los votos por ser una legislación pro-estadidad. Y no van a permitir un proceso inclusivo porque para mí es claro que a lo que ustedes aspiran es a un proceso que produzca una victoria ficticia de la estadidad.

Como dije, estamos ante una repetición de los errores de 1998 y el 2012 porque su conceptualización y ejecución nace de la mala fe y de la insistencia en que los procesos predeterminen los resultados. Por eso, la posición del PPD es que si se quiere de verdad adelantar la discusión del tema de status en Washington, hay que comenzar de nuevo. Los verdaderos estadistas deberían repudiar este proyecto porque no va a adelantar su causa.

No actúen con frenesí. Recuerden que ustedes tienen un mandato de gobernar, pero validado solamente con el 42% de los votos. No humillen y atropellen a ese 58% del pueblo que no voto por ustedes.

Concluyo repitiendo las palabras incluidas en la ponencia institucional del PPD:

“La democracia le pertenece al pueblo no al gobierno de turno. Cuando los gobiernos establecen procesos anti-democráticos, el pueblo, con su creatividad, busca a fondo en sus herramientas democráticas para contestar. Cada vez que se han diseñado las reglas de juego para fabricar resultados a favor de la estadidad y de esa forma amenazar nuestra identidad como pueblo, cada vez que han tratado de excluir a la mayoría de los que no somos estadistas ni independentistas, este pueblo se ha crecido y los ha detenido. Aprendan de sus errores. Recuerden el 1998. Recuerden el 2012. El pueblo se crecerá, nuevamente”.


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